El impacto de la crisis

Pero agudizada la crisis internacional el gobierno cambió la orientación. El Pago al Club de París quedo solo como una declaración para “más adelante”; la apertura del canje a los tenedores de bonos que no aceptaron la renegociación del 2005 se paralizó sin fecha; solo queda en pié una negociación por los llamados Prestamos Garantizados, bonos entregados en el 2001 a los bancos de los que en 2009 vencen 4.500 millones de dólares.

Ahora para sorpresa general la presidenta de la Nación anunció la reestatización de las jubilaciones privadas, lo que implica el pase automático de los afiliados a las AFJP al sistema estatal.

Esta decisión impactó fuertemente en los mercados locales, también en Chile y Perú que tienen regímenes similares y aún en España, que con fuertes inversiones en la región cree ver el peligro -si la crisis mundial se agudiza aún más- de la intervención del Estado en las grandes empresas y el precedente de futuras nacionalizaciones. De hecho la posible expropiación de Aerolíneas Argentinas flota en el ambiente.

Algunos antecedentes

En 1994, acompañando la política de privatizaciones de los servicios públicos, se traspasó compulsivamente, por ley nacional, a la totalidad de los aportantes al sistema de reparto al de capitalización. Los trabajadores solo tuvieron 90 días para optar por quedarse en el sistema estatal, lo mismo ocurrió con los nuevos trabajadores que ingresaban al mercado laboral. Argentina se sumaba entonces a la escasa veintena de países que tienen sistemas de jubilación por capitalización individual bajo gestión privada (conviene recordar que varios países –Polonia, Italia, Suecia entre otros- tienen este sistema bajo gestión estatal).

Así se transfirieron al sector privado unos 4000 millones de dólares al año, acentuando el vaciamiento de las cajas de jubilaciones estatales. Por otra parte se rompía con un criterio histórico de solidaridad previsional. Aquel que dice que las generaciones presentes con sus aportes colaboran en el retiro de las generaciones pasadas.

El saldo de 14 años de capitalización

En los inicios del sistema fueron creadas 24 AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), la mayoría de ellas ligadas a bancos, compañías de seguros y grandes sindicatos, se disputaban el padrón de afiliados y competían entre sí para captarlos, ofreciendo rebajas en las comisiones y otros costosos atractivos. Pero avanzada esta década, cuando la rentabilidad comenzaba a debilitarse, comenzó (ventas, absorciones y fusiones mediante), un fuerte proceso de concentración. Los primeros en abandonar el “negocio” fueron los sindicatos y luego los bancos, en su reemplazo ingresaron compañías de seguros internacionales. Hoy quedan en actividad solo 10 AFJP que atienden a 9.5 millones de afiliados de los cuales aportan efectivamente solo 3.6 millones.

Durante estos 14 años las AFJP cobraron por adelantado unos 15.000 millones de dólares en concepto de comisiones y gastos de administración, que llegaron a ser del orden del 20 ó 30 por ciento del capital aportado. El sistema funcionaba así: la ganancia de las AFJP estaba garantizada, no había riesgo empresario, mientras que el capital acumulado por los afiliados dependía del sube y baja de los mercados bursátiles y del criterio inversor de las compañías.

A septiembre de este año las AFJP acumulaban una pérdida de rentabilidad del 20% sobre los aportes y esto echó luz sobre una de las condiciones del sistema de jubilación privada: está sometido a la lógica del mercado y armado para períodos de alta rentabilidad, pero no tiene resguardo social alguno cuando la rentabilidad es a la baja, o las inversiones dan directamente pérdidas como ahora.

De los actuales 445.000 beneficiarios del sistema de jubilación privada, el Estado concurre al pago de las prestaciones en el 77 por ciento de los casos. 179.000 reciben complementos para que el cobro no sea inferior a la jubilación mínima establecida por ley, en tanto que 33.000 tienen ya su cuenta de capitalización consumida por lo que el Estado paga sus haberes completos. Esto implica erogaciones de las cuentas públicas por unos 6.000 millones de dólares al año.

Interpretaciones diversas y polémicas

La decisión gubernamental ha provocado numerosas polémicas y diversas interpretaciones:

a) Que es una decisión estratégica del gobierno orientada a garantizar el pago de las jubilaciones ante la fuerte pérdida de rentabilidad de las AFJP y el fracaso del sistema. A esta altura no hay dudas que la jubilación privada ha resultado un fracaso por donde se la mire. No garantiza el pago de jubilaciones y pensiones a los beneficiarios de ese sistema, por lo que el Estado acude en su ayuda. No resulto útil para formar un mercado de capitales para financiar obras de infraestructura e inversiones productivas, tal lo planteado en los objetivos originales. Por si algo faltara no han ampliado la cobertura social que fue del 60% y ahora lo es del 40%, con tendencia a la baja.

b) Que es una maniobra que esconde el salvataje de algunas empresas de capitalización que estarían al borde de la quiebra y deseosas de abandonar el negocio. Es una posibilidad, aunque no hay pruebas concretas hasta el momento, lo que si parece cierto que las compañías de capitales nacionales han hecho saber que están dispuestas a una salida negociada, mientras que las de capital extranjero estarían dispuestas a litigar judicialmente. El gobierno nacional ha estimado que las AFJP en su conjunto podrían reclamar como compensaciones unos 1.435 millones de dólares, que el Estado abonaría con nuevos bonos de deuda.

c) Que el Gobierno busca ingresar fiscalmente los fondos del sistema privado de capitalización y así poder hacer frente a los vencimientos de la deuda pública que alcanzan en los próximos tres años los 38.358 millones de dólares.

Las estimaciones conocidas indican que con el traspaso de las jubilaciones privadas ingresarán a la caja fiscal del Estado un flujo de unos 4.100 millones de dólares anuales y a la Administración de la Seguridad Social (ANSES) un fondo de inversiones valuado en 30.000 millones de dólares (el 55% de este fondo está integrado por Bonos del Estado). Con lo que el Estado tendría el financiamiento asegurado, ya que puede colocar Letras de Tesorería contra esos fondos.

d) Que el gobierno nacional se hará de paquetes accionarios de unas 40 empresas, actualmente en el fondo de inversiones de las AFJP, por lo que podrá intervenir en las decisiones empresarias. Esto dependerá del tipo de acciones de que se trate sobre lo que aun no hay claridad.

Conclusión

Así como está el sistema de jubilación privada no es sustentable y el Estado se ve en la necesidad de transferirle cada vez más recursos para sostenerlo. Quienes cuestionan la reestatización por inconsulta olvidan que cuando el sistema fue creado se hizo también en forma compulsiva y el Estado traspasó a las AFJP miles de millones de dólares.

Cuando liberales y neoliberales cuestionan la decisión política acusando al gobierno de hacerse de fondos para mejorar el superávit fiscal y pagar deuda, algo bastante obvio, olvidan que cuando ellos proponen enfriar la economía, subir las tasas de interés y reducir el gasto público es precisamente para tener o aumentar el superávit fiscal para hacer frente a las obligaciones estatales.

¿Cual es la diferencia?: que cuando el ajuste para hacer caja lo pagan los trabajadores y las clases populares está bien. Ahora, cuando la caja se hace ajustando al sector financiero, como es el caso actual, se cuestiona porque es para pagar deuda. Lo que unos y otros ocultan es que en tanto se insista en “honrar las deudas” sin investigarlas, sin distinguir la comercial de la financiera, sin esclarecer cuanto de lo adeudado es legítimo y cuanto no, este gobierno y cualquier otro que venga se verá en la necesidad de hacer caja como pueda. La deuda es impagable, una política realista impondría una moratoria hasta tanto una auditoria defina cuanto de deuda ya se pagó, cuanto debe pagarse y cuanto no.

La síntesis del proyecto puede sintetizarse como que garantiza el pago de las jubilaciones en lo inmediato al mismo tiempo que consigue financiamiento para hacer frente a las obligaciones de la deuda pública. Pero que deja dudas en cuanto al pago de las jubilaciones futuras y al cumplimiento de la ley de movilidad jubilatoria aprobada recientemente. ¿Como se financiarán las mismas en el largo plazo? Sobre todo si se mantiene un alto porcentaje de trabajadores en negro

El proyecto ingresó ya al Congreso nacional allí el oficialismo y distintas bancadas opositoras coinciden en la necesidad de reformular el sistema jubilatorio nacional, pero cuestionan los sistemas de control y el posible manejo de los fondos.

*Eduardo Lucita es economista, director de la revista Cuadernos del Sur e integrante del colectivo Economistas de Izquierda (EDI). Ha publicado notas de análisis para otros medios y editó libros como "La patria en el riel" y "La patria periodística". También ha sido coordinador de diversos encuentros.

Fuente: [color=336600]CADTM - 30.10.2008[/color]