En consejo de estabilidad financiera por sus siglas (FBS) y los acuerdos globales de Basilea III creados como consecuencia de la crisis, han pedido a los gobiernos de reducir la dependencia en las agencias calificadoras, pues ya se ha demostrado estas no son 100% confiables. Por otra parte en la reciente conferencia del G-20 celebrada en Moscú, los líderes mundiales pugnaron por acciones similares.

Sin duda esto para nada es un caso menor pues las preocupaciones van en aumento, y es claro que los países más afectados son los llamados en vías de desarrollo, ya que estos dependen de la financiación de la deuda a través del mercado de bonos para estimular el crecimiento. Y en un escenario donde las clasificaciones crediticias son utilizadas por los inversores para predecir la probabilidad de que un país incumpla su obligación de pagarles un rendimiento acordado. Cuanto mayor es el riesgo percibido, mayor es el rendimiento, pero que pasa si la subjetividad con la cual son evaluados los países es sumamente errónea, o las opiniones de los expertos evaluadores son manipuladas por grandes intereses.

Esto puede enviar los activos por un precipicio y ceder primas, pues se estaría desviando recursos para un país que realmente los necesita y puede pagarlos para financiar proyectos que sean destinados a generar un mayor crecimiento, a un país que realmente es riesgoso, desencadenando una cesación de pagos y mermando de recursos a otro país por la calificación errónea de estas empresas.

Ha que tener en cuenta que en algunos casos, el costo de una adquisición por una clasificación, dado que los países tienen que pagar por esta, es simplemente demasiado alto. Países pobres como el caso de Haití, Malí, Costa de Marfil y Siria que son pobres y no pueden pagar está calificación son incapaces de acceder a los mercados internacionales de capital, y a que señalar que una calificación no solicitada es no deseada. Discusión que ha tomando mayor relevancia y es tratada en el presente artículo.

Observatorio económico latinoamericano