La perspectiva del último obispo mexicano en activo de la Teología de la Liberación va más allá de la opinión, pues está convocando a lo que define como un “congreso constituyente alternativo”, cuyo propósito es que, al margen de los grupos de poder, sea el pueblo el que ejerza su autodeterminación, su soberanía. Se trata, explica en entrevista, de refundar el país, de acoger todas las voces y las aspiraciones, “no impulsando súper liderazgos, y sí dando los pasos necesarios para acrecentar la conciencia política de todos los ciudadanos”.

Su plan consiste en construir “sujetos sociales”, un concepto que empleaba con frecuencia Samuel Ruiz, el fallecido obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y que Vera ha recogido y empleado desde que fue coadjutor de esa misma diócesis en los años noventa, para referirse al empoderamiento de la sociedad. Reticente a aceptar que se le identifique como teólogo de la liberación, Vera prefiere describirse como un sacerdote que tomó la “opción preferencial por los pobres”.

En la sociedad mexicana, excluyente y desigual, afirma, “la voz de los pobres no está presente en las decisiones, la economía ha perdido el rumbo y, en lugar de ponerse al servicio de la equidad y la igualdad con oportunidades para todo ser humano, ha generado injusticias y desigualdades que cada día y a cada hora crecen de manera escandalosa.

’’Porque la vida y el destino de las mujeres y los hombres pobres no cuentan, esta sociedad ha entrado en un proceso vertiginoso de deshumanización, que en lugar de producir vida para todos, crea estructuras de muerte donde no se defiende la vida, sino que se le ataca mediante procesos de militarización y paramilitarización.

’’Los grupos del así llamado crimen organizado son vistos por no pocos funcionarios como organismos simbióticos con las estructuras de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. En el mundo empresarial y financiero que les lava el dinero, son vistos como colegas y compañeros de negocios.”
La única alternativa, insiste, es reaccionar ante la barbarie, empezando a trabajar en la construcción de una sociedad en la que todos sean incluidos, en especial los más vulnerables –los pobres–, a quienes reconoce como la parte de la sociedad que sigue siendo humana y con sentimientos.

Son ellos quienes “recorren caminos de muerte en los procesos de migración; en las mujeres y los niños víctimas de la trata y la esclavitud modernas; en los jóvenes que no tienen el derecho a vivir las ilusiones del futuro que todo joven debería tener y que son expuestos a una existencia cruel, donde su destino final es la muerte o la cárcel”.

Inevitable la evocación histórica:

–Suena a replantear Los Sentimientos de la Nación… –se le comenta.
–Sí, lo sé. Me lo han dicho. El padre Morelos interpretó lo que el pueblo quería, no eran sus sentimientos, eran los sentimientos del pueblo. Hoy, el pueblo quiere una salida pacífica, ya no quiere pobreza, cinismo, injusticia ni violencia. Hay que remediar el país, no remendarlo, pero tiene que hacerlo el pueblo.

El origen del llamado. Cuando en 1996 los Acuerdos de San Andrés sobre derechos indígenas fueron desconocidos por el gobierno de Ernesto Zedillo, en Chiapas se planteó una discusión: llevar el proceso de consulta para refundar el país.

Vera acude a ese recuerdo para explicar que, desde entonces, era claro que las aportaciones que hizo la población indígena para generar un nuevo marco jurídico que reconociera y protegiera los derechos y la cultura indígenas tenía que realizarse con todas las comunidades rurales y urbanas de México.

Desde aquellos años, el planteamiento de “generar sujetos sociales” para que en pleno ejercicio de la autodeterminación se planteara el rumbo que debía seguirse en México fue una constante en las declaraciones de Vera, que sin embargo, luego de lo ocurrido con los normalistas en Iguala, Guerrero, a finales de septiembre pasado, decidió encausar un plan para generar un constituyente ciudadano.

“En Chiapas, luego de que el Estado traicionó los acuerdos de San Andrés, sabíamos que no era suficiente y que el modelo de diálogo podía ser la guía para generar una nueva Constitución. Ya veíamos que Salinas se había ido sobre lo agrario, entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio. La tendencia se agravó y hoy debe reconstruirse el país.” Hubo otro momento que robusteció la idea. Durante los diálogos relativos a la reforma energética, en el llamado “Grupo de los Siete”, el planteamiento fue hecho por el intelectual Pablo González Casanova; sin embargo, Cuauhtémoc Cárdenas se opuso. “Cárdenas ya andaba con que una consulta popular podía parar la reforma. Don Pablo tenía una opción, una propuesta concreta que no se quiso discutir. El episodio nos convenció aún más de que los partidos políticos no son opción”, rememora Vera.

Como garante y juez del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México (TPP), Vera se convenció de la necesidad de una constituyente durante las mesas de trabajo que emprendió dicha instancia internacional no gubernamental.

La ruta difícil. El obispo Vera convocará para el próximo 5 de febrero a una asamblea en la que se presentará la iniciativa o plan de un nuevo congreso constituyente. A su juicio, nunca el país tuvo un momento tan grave como éste y sostiene que lo ocurrido a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa a manos del Estado abrió los ojos de la sociedad, porque mostró las intenciones de lo que el poder quiere hacer con el pueblo. El itinerario que planea implica al menos tres fases, cada una compuesta por diferentes acciones.

La primera fase se propone redactar la nueva Constitución. Dentro de la fase hay seis pasos: difundir y convocar a legislar, con acompañamiento de la universidad; recibir las aportaciones del conjunto de la sociedad generando una democracia participativa; entregar a un grupo de expertos y académicos las propuestas para construir el nuevo texto constitucional, que una vez redactado se regresa al pueblo para que lo apruebe. La segunda fase se propone renovar las instancias legislativas federales y locales, preparando el camino para el nuevo gobierno que se quiere. La tercera fase se plantea instalar el nuevo congreso que aprobará el nuevo orden constitucional.

“No soy tonto. Sé que no es fácil, pero hablaré con organizaciones que ya tienen camino recorrido. Yo estoy tratando de concientizar, de fomentar el diálogo, de buscar que estemos unidos y podamos salir el 5 de febrero con la decisión de cómo lo vamos a hacer. Vamos a mover al pueblo para que tenga un Congreso que lo represente.”

–¿Tiene alguna relación con el proceso electoral de 2015? –se le pregunta.

–No. La coyuntura no tiene nada que ver. Como he dicho, los partidos no son opción, viven una terrible decadencia. Se escogió el 5 de febrero por ser una fecha emblemática para nuestras constituciones de 1857 y 1917.

El más amenazado

Raúl Vera (Acámbaro, Guanajuato, 1945) es el obispo más amenazado de México. Un prelado que ha salido vivo de más de un atentado y cuyo trabajo en favor de los desaparecidos, migrantes, menores, indígenas, prostitutas y parias de todo tipo le ha granjeado odios feroces, incluido la letal enemistad del narco.

Pero las amenazas no parecen hacerle mella. Ingeniero de carrera e hijo intelectual del Mayo del ’68, se ha forjado una leyenda de indomable. Su primer pulso llegó en 1995 cuando Juan Pablo II le envió como coadjutor a Chiapas, en plena efervescencia zapatista. Tenía como misión poner orden en la diócesis de san Cristóbal de las Casas, dirigida por el carismático Samuel Ruiz, un adalid de las tesis indigenistas y la Teología de la Liberación.

A poco de llegar, aquel comisario político al que todos consideraban un conservador y cuyo destino era quitarle la mitra a Ruiz, acabó apoyando al clero local. Roma no olvidó. Cuatro años después fue enviado, como castigo, al árido obispado de Saltillo, en Coahuila, al norte del país. De poco sirvió. Desde ahí volvió a la trinchera. Ha plantado cara a los desmanes del gobierno y también al terror de Los Zetas.

Miradas al Sur - 18 de enero de 2015