La memoria de Darío Santillán y de Maximiliano Kosteki trae un mensaje fundamental para el presente: la necesidad de reforzar la organización, de reivindicar lo público, colectivo y comunitario. También de defender el derecho a manifestarse, expresarse y peticionar.

Pasaron los gases, las balas de goma y los discursos. Entre la neblina, pensamos dónde hacer foco. Las características de una nueva casta económica en construcción. La negociación con los gobernadores como arma de doble filo para el gobierno. La legitimación política y social de la represión. En medio del vértigo de la hora, algunas pistas en caliente desde el LEDA, la Escuela IDAES, el CEDES y el CELS para entender el país al que nos arrastra el gobierno y qué está pasando en la calle.

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No obstante, hay gobiernos y personas, incluso en posiciones de poder en todo el orbe que amenazan este derecho, desde el Reino Unido, pasando por Estados Unidos y llegando al sur, a la Argentina del Mileinato.

Mientras los constituyentes celebraban la jura de la nueva constitución provincial, afuera de la Legislatura jujeña la Policía respondía con palos, balas de goma y gases a los manifestantes. El reclamo docente, al que se sumaron comunidades de pueblos originarios, organizaciones y sindicatos, sucede mientras el gobierno provincial profundiza la criminalización de la protesta. El estallido activa la memoria de las movilizaciones masivas de los 90 -que obligaron a renunciar a cuatro gobernadores- y actualiza los argumentos de defensa del territorio.

La concejala de Río Negro por el Frente de Todos, Julieta Wallace, reflexiona sobre el operativo del comando unificado de las fuerzas federales el pasado 4 de octubre en Villa Mascardi.