El 19 de agosto comenzará el juicio oral por el intento de sobornos durante la investigación del crimen de Mariano Ferreyra. El 10 de octubre se cumplirán quince años del asesinato de Mariano, mientras participaba de una protesta contra la tercerización laboral en los ferrocarriles. En 2013, los responsables de su muerte fueron condenados junto con quienes ordenaron el ataque a los militantes políticos que aquel día se manifestaban.

Mientras se investigaba el homicidio se descubrió un plan para encubrir la responsabilidad de José Pedraza, orquestado entre integrantes de la Unión Ferroviaria, un ex agente de inteligencia, el estudio jurídico de un ex juez federal, empleados judiciales y uno o varios jueces de la Cámara de Casación Penal. Las personas que ahora serán juzgadas están procesadas desde 2012. Pero, durante todos estos años, el proceso judicial tuvo constantes dilaciones, muchas de ellas relacionadas con que los funcionarios judiciales no estaban dispuestos a investigar el tráfico de influencias y cómo opera el poder en Comodoro Py. La Corte Suprema tardó tres años en dirimir un conflicto de competencia. El caso está elevado a juicio desde 2020, pero pasaron otros cinco años para que pueda realizarse. 

Lo que se ventilará en el debate oral serán prácticas arraigadas, tramas de relaciones, pactos. Llegamos a este juicio en un contexto en donde las actividades ilegales de los operadores judiciales y la relación con los servicios de inteligencia siguen en primer plano. Hasta el momento, el poder judicial no parece querer ejercer un control firme ni del gobierno, ni de los espías, ni de ellos mismos. Solo hay peleas para obstaculizar la llegada del sistema acusatorio a los tribunales federales de la Ciudad, un cambio que por lo menos podría mover un poco la estantería.

Desde el CELS acompañamos a la familia de Mariano Ferreyra desde el primer momento. Buscamos justicia por su muerte, provocada mientras él buscaba un mundo más justo. En este juicio, esperamos también poner en discusión los pactos opacos que toleran, en el mejor de los casos, y habilitan, en los peores, las prácticas estatales más violentas y contrarias a la vigencia de los derechos.

^{Fuente: CELS - Agosto 2025}