El antiguo presidente de la FIDE (Fundación de Investigaciones para el Desarrollo), donde se nutrieron varias generaciones de economistas, incluida la actual presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, y actual miembro del directorio de YPF, inscribe el acuerdo entre esa empresa y Chevron en el contexto histórico, resalta la “inconsistencia argumental” de sus críticos y pone en el centro del escenario la búsqueda de la desestabilización política del Gobierno.

El pasado 16 de abril se cumplió un año desde que fue enviado al Congreso el proyecto de ley que, aprobado el 3 de mayo siguiente, declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario para el país el logro del “autoabastecimiento de hidrocarburos a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”. Asimismo, con la ley resultante se expropió el 51 por ciento de las acciones de YPF, que estaban en dominio de Repsol. El proyecto buscó revertir el largo ciclo de dominio neoliberal en la explotación de los hidrocarburos, tomando el Estado un rol central en la organización y planificación de esta industria.

El petróleo y el gas constituyen recursos estratégicos del Estado –bienes públicos indispensables como palancas o instrumentos soberanos de planificación y regulación económica para el progreso económico con justicia social (desarrollo humano) del art. 75, inc. 19 CN-. De allí que merezcan –como otros tópicos estructurales- de una Política de Estado. Esto se ha concretado con la expropiación del 51% propiedad de REPSOL, sus controlantes y controladas, en el capital accionario de la sociedad anónima privatizada REPSOL/YPF, lo que contó con el apoyo mayoritario de las fuerzas sociales y políticas de Argentina y de nuestra América. Esta decisión soberana provocó la reacción de grupos políticos y mediáticos minoritarios que argumentan con intención aviesa o palmario desconocimiento del derecho.

Con la decisión de recuperar el 51% del paquete accionario de YPF mediante la expropiación a su controlante Repsol, y la declaración de interés público nacional del autoabastecimiento de petróleo, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización, el Poder Ejecutivo dio un paso clave para enfrentar y revertir la decadencia del modelo energético de desregulación y privatización que desguazó la empresa estatal de hidrocarburos. En el contexto de una crisis anunciada desde hace varios años, con caídas bruscas o estancamientos en alguna de sus tres variables más importantes (producción, inversión y reservas), los mecanismos puestos en marcha para revertirla ya despertaron encendidos debates, aunque su tratamiento parlamentario revela hasta el momento un respaldo amplio a la renacionalización de la compañía que, aun cuando en algunos casos se expresaron disidencias parciales, incluye a casi todas las fuerzas políticas.

La matriz energética nacional depende en un 90% de combustibles fósiles, que son recursos no renovables: gas natural, 51%, y petróleo, 39%. Apenas un 7% está constituido por energías renovables, fundamentalmente la hidráulica, mientras que el 3% restante corresponde a la nuclear.

Esta fuerte dependencia nacional de los hidrocarburos contrasta con los porcentajes de consumo que se observan a nivel internacional. En 2008, el 58,9% de la energía consumida en el mundo tuvo a los hidrocarburos como fuente primaria, de acuerdo con el informe Statistical Review of World Energy 2009. Casi un 30% menos que en Argentina.

Vamos a suponer que el gobierno británico supiera que un accionista clave de Céntrica, nuestra última gran empresa energética británica, propietaria de British Gas, iba a vender su participación a Gazprom, verificando con ello su traspaso en propiedad al Estado ruso. Yo esperaría que, ante esta situación, el gobierno ampliara las disposiciones de la Enterprise Act [Ley sobre empresas], que permite a Gran Bretaña bloquear adquisiciones que van contra el interés nacional, para incluir el gas y la energía nuclear (la ley se limita en la actualidad a la defensa, servicios financieros y medios de información). Tengo fundadas certezas de que el presidente de Centrica, Sir Roger Carr, presidente también de la CBI [Confederation of British Industry, la patronal británica], comparte la misma opinión. Ningún país puede mostrarse indiferente a la propiedad de activos estratégicos y, por tanto, al uso que se haga de ellos. Su obligación primera se encuentra en el bienestar de sus ciudadanos.

Las obras realizadas desde 2003 hasta el momento en materia de energía potencian la decisión de nacionalizar el 51 por ciento de YPF”, señaló una fuente de la flamante intervención a la petrolera en diálogo con Miradas al Sur. “Sin lo hecho hasta ahora, no podríamos encarar esta nueva etapa como lo estamos haciendo.” La frase apunta a subrayar las inversiones concretadas en ese período en el marco del Plan Energético Nacional. No se trata de números pequeños. La cifra invertida hasta la fecha alcanza un total de 73.400 millones de pesos. En cuanto a las obras en ejecución, la cifra llega a los 52.358 millones de pesos. Una suma que rebate de manera contundente el argumento de la falta de inversión energética que desde 2003 pregonan amplios sectores de la oposición en conjunto con los medios dominantes del establishment económico.

Es el clamor patrio que ha emergido de las mismas entrañas de la caverna y de sus portavoces instalados en su buque insignia: el Gobierno español. Amenazan casi con invadir Argentina por el expolio al que han sometido a la España de sus amores, como dice la copla. ¿Los españoles expoliados? ¿Son los españoles los propietarios legítimos del petróleo argentino? ¿Repsol no es acaso una multinacional que poco tiene que ver con la vida de los ciudadanos de acá? ¿Los más de 13.000 millones de dólares que la empresa pseudoespañola ha repartido entre sus accionistas en la última década han beneficiado a nuestros ciudadanos? ¿Los objetivos empresariales y los ingresos multimillonarios de sus directivos han sido fijados por el Gobierno español en tanto que representante de la España que ahora reacciona como madre de Repsol a pesar de que se trata de una empresa privada controlada por el capital financiero internacional y que solo persigue beneficios máximos en tiempos mínimos?

Diversos interrogantes y críticas insidiosas se han planteado respecto del proceso de intervención y expropiación de Repsol-YPF. En este trabajo nos proponemos contestarlos.

1 ¿Es legítima la expropiación del 51 por ciento del capital accionario de Repsol-YPF, equivalente al 88 por ciento de las acciones del grupo controlante?

Sí. La expropiación constituye un procedimiento de derecho público que cuenta con la base del artículo 17 de la Constitución argentina: “La expropiación por causa de utilidad debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. El artículo 2511 del Código Civil describe la viabilidad de la expropiación –por causa de utilidad pública, previa disposición de una justa indemnización–. La ley 21.459 de expropiación prescribe que “la utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común”. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 17) establece: “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”, norma de derecho internacional de 1948 constitucionalizada en 1994 correctamente interpretada por Arturo Sampay cuando dice que “sólo prohíbe el desposeimiento arbitrario de la propiedad, y arbitrario es la abierta infracción de lo justo. Consiguientemente, la norma de referencia autoriza sin condiciones a transformar en bien público a los bienes particulares cuando lo requiere la efectuación de la Justicia”. En línea con la última norma citada, el Concilio Vaticano II expresó que “el traspaso de los bienes privados a la propiedad pública sólo puede hacerse ofreciendo una equitativa compensación, teniendo en cuenta todas las circunstancias” –entendiéndose éstas, con arreglo también a las precisiones de Arturo Sampay, “el estado de las finanzas públicas, la situación personal del afectado por la expropiación y, sobre todo, el grado de necesidad colectiva que la ocasione”, (que) significa que nada puede ser un óbice que malogre el destino natural de los bienes, esto es efectuar el bien común–.

La reacción del gobierno español, los límites de las represalias comerciales anunciadas por Madrid y los oscuros antecedentes de Repsol. Claves para entender una conducta predatoria.

La agresiva respuesta –cargada de amenazas– que dio inicialmente el gobierno español y sus principales partidos –el PP y el Psoe– al anuncio de expropiación de la participación de Repsol en YPF, parece haberse aplacado, al menos temporalmente. De llenar durante días las portadas de todos los periódicos y las aperturas de informativos y programas de debates en radios y canales de televisión, el tema se ha ido replegando a páginas interiores como un tema menor.
A las primeras reacciones viscerales y exabruptos, tanto Repsol como el gobierno –que por momentos parecieran ser la misma cosa– parecieran haber decidido controlar su incontinencia oral para pasar a pensar fríamente en las acciones de respuesta a adoptar.
El viernes, tras la rueda de prensa semanal al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya de Santamaría anunció la primera, aunque de poco calado: el freno a las importaciones de biodiesel argentino, que suponían una factura de cerca de 750 millones de euros y que en realidad ya había sido decidida en 2010 por Zapatero tras la presión de los productores españoles de biodiesel. Si no se llegó a implementar hasta ahora fue porque salía más barato importarlo de la Argentina.
Y en cuanto a la Unión Europea, como gran defensora tradicional de las transnacionales europeas, ha anunciado la suspensión de alguna reunión prevista con empresarios argentinos y analiza la posibilidad de quitar a la Argentina ciertas rebajas arancelarias para la entrada de sus productos en Europa.
Las medidas son en realidad poco más que simbólicas, dado que la balanza comercial es totalmente desigual, la Argentina coloca en el mercado europeo un volumen infinitamente menor de productos a los que importa de Europa y el biodiesel que deje de vender a España lo puede absorber el mercado interno. En definitiva, la medida será negativa para la economía española.
Nada que ver con lo que puede representar para Repsol –que ya ha quitado YPF de su nombre– la pérdida de sus inversiones en la Argentina, que tantos beneficios le venía reportando desde hace años.
El gobierno de Rajoy tampoco ha logrado más que vagos gestos de solidaridad de parte de Estados Unidos y del G-20.

¿Habrá más represalias? Una pista para entender el por qué de tanto silencio puede encontrarse en lo editorializado el jueves pasado por el portavoz por excelencia de la City londinense y del mundillo empresarial y financiero europeo, el periódico Financial Times. Tras tildar en anteriores editoriales a la presidenta Cristina Fernández de “lunática populista”, dijo el jueves: “No está claro qué precio pagará la Argentina por las acciones pero, dado que un tribunal del Estado lo fijará, Repsol probablemente obtendrá un acuerdo injusto. En todo caso, no se pagará nada durante años. Mientras tanto, la pérdida de la mayoría de su producción de petróleo y gas es un duro golpe para la compañía.
“España ha lanzado fuego, pero su espacio para maniobrar es limitado. Aparte de hacer sentir vergüenza, tiene poco con qué golpear a la Argentina. Mientras, la acción multilateral podría no ser más efectiva, Buenos Aires tiene una historia de no hacer caso de la opinión internacional no deseada”.
Todos los analistas parecen coincidir en eso, que a pesar de su inmenso poderío, Brufau parece tener perdida su batalla para conseguir que la Agentina pague sus acciones al desorbitado precio que reclama.

El precedente de Bolivia. El conflicto actual no es el único de este tipo que ha tenido Repsol en América latina. El 1º de Mayo de 2006, el presidente Evo Morales anunciaba también la nacionalización de los hidrocarburos y, mientras lo hacía, tropas del Ejército ocupaban las decenas de plantas de petróleo y gas existentes en el país.
La medida, aunque ya había sido anunciada durante la campaña electoral de Morales, se precipitó a partir de enero de ese año. Cuando el gobierno boliviano anunció que registraría sus reservas de petróleo y gas en la Bolsa de Nueva York, Brufau anunció rápidamente una rebaja del 25% de las reservas petroleras y gasísticas de Repsol-YPF. ¿La razón? Que Brufau había declarado como propias reservas que en realidad pertenecían al Estado boliviano, lo que le supuso querellas por fraude en Estados Unidos.
Poco después, la aduana boliviana acusó también a la empresa de un delito de contrabando de 230.399 barriles de crudo, allanó su sede y detuvo a su presidente y a su gerente.
Un año antes, en junio de 2005. ya había habido otro incidente con Repsol, en el campo de Surubi, cuando unos campesinos que se encontraban pescando murieron abrasados por las llamas que provocó la explosión en un vertedero ilegal de Repsol.
En otra ocasión se descubrió una planta de gas suya no declarada. Después de llevar a cabo la nacionalización, Bolivia reclamó también al banco español BBVA y al Zürich, que devolvieran las acciones que tenían en la petrolera, y que constituían hasta ese momento parte de los fondos de pensiones privados que estas gestionaban y que pasaron a estar bajo control del Estado.
En aquel momento también el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero salió en una defensa a ultranza de Repsol-YPF, contando con el respaldo del PP y de prácticamente todos los medios de comunicación. Estos se ensañaron con Evo, con un trato despectivo hacia el indiecito y diarios como El País llegaron a editorializar que la medida sería “altamente perjudicial para el pueblo boliviano”.

¿Música conocida? Las amenazas que también hubo en aquel momento quedaron en la nada y Repsol-YPF, como otras nueve petroleras, terminaron por aceptar el nuevo rol que les asignó el gobierno boliviano, como socios minoritarios y bajo reglas muy distintas. Pocos años después ya Bolivia veía como las arcas del Estado se beneficiaban significativamente por el cambio de modelo, en el que el Estado pasó a detentar la mayoría de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (Ypfb).
En noviembre de 2008, Rafael Correa anunció por su parte la decisión de que Repsol-IPF se fuera de Ecuador. “Repsol se va del país porque nos ha hecho perder el tiempo, además de que ha bajado la producción y las inversiones, y no ha aceptado renegociar el contrato.” Correa advirtió en aquel momento, que “las compañías transnacionales deben entender que las condiciones no las van a poner ellos, las va a poner el país”.

Graves acusaciones. La presencia de la multinacional española en 14 países de América latina y el Caribe, seis europeos, cuatro asiáticos y ocho africanos, ha estado a menudo salpicada de graves escándalos y acusaciones por parte de representantes de comunidades indígenas y campesinas, de organismos ecologistas como Attac y Ecologistas en Acción, de defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional y de más de 200 ONG de distintos ámbitos y países.
El Tribunal Permanente de los Pueblos condenó en 2007 a Repsol por “violación de derechos humanos y atentado contra el planeta”. Entre los numerosos testimonios que se expusieron en su contra y confirmando el informe de A.I. “Un laboratorio de guerra, represión y violencia en Arauca”, de 2004, se denunció la connivencia de la empresa estadounidense Oxy –de la que Repsol es socia– con los paramilitares ultraderechistas colombianos para explotar con toda impunidad el petróleo en esa región colombiana. La Brigada XVIII de los paramilitares, a la que Estados Unidos habría aportado 90 millones de dólares dentro del Plan Colombia, para proteger a Oxy y el oleoducto del norte del país, aplastar cualquier intento de formar sindicatos a los trabajadores y para forzar el abandono de la tierra de la población local, es autora de numerosas masacres en la zona.
A Repsol se la ha llegado a acusar de blanquear dinero del narcotráfico y de poner como condición para invertir en muchos países que el gobierno de turno controlara –léase, reprima– cualquier tipo de conflictividad social.
No sólo importantes poblaciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y la misma población mapuche argentina tienen denuncias contra Repsol, sino que en el propio territorio español, en las islas Canarias, se ha lanzado la campaña ciudadana “Canarias dice no a Repsol”, ante el intento de la compañía por explotar petróleo a 20 millas de las costas de Fuerteventura y Lanzarote, en un área de 616.000 hectáreas, que pondría en peligro diez espacios naturales protegidos.
Esta es la compañía “ejemplar” y “víctima” por la que el gobierno de Rajoy, con el apoyo del Psoe y de prácticamente todos los grandes medios de comunicación españoles pretenden lanzar una cruzada nacional en su defensa.

¿Qué sucedió en aquella mañana de agosto del 22, en El Palomar? Mosconi llegó a la base muy temprano. Se le apersonó el mayor Jorge Crespo, en ese entonces director de la Escuela de Aviación, y le comunicó que sus aviones no podían volar, porque la Wico, filial de la Standard Oil, que en esa época era la única que vendía nafta de aviación en el país, se negaba a proveerla si antes no se le pagaba, y al contado. Mosconi queda sorprendido. Le parece imposible que el país esté a merced de unos proveedores de nafta, de unos comerciantes de petróleo. Quiere aclarar su extrañeza, cerciorarse personalmente de lo que todavía no alcanza a comprender. Toma un auto y viene a Buenos Aires a entrevistarse con el gerente de la Wico.

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