Por primera vez, desde que en el mes de septiembre de 2018 el expresidente Macri impuso nuevamente retenciones o derechos de exportación a todos los bienes minerales, industriales y agropecuarios que se exportan, se van a rebajar sustancialmente tales gabelas impositivas beneficiando a los pequeños y medianos cultivadores de soja y a 22 productos agrícolas y pecuarios.

Otros 20 productos no tendrán cambios. Solo se incrementará el impuesto a la exportación en 3 puntos del porcentual (30 % a 33%) para los granos de soja obtenidos en predios agrícolas que producen más de 1.000 tn. al año, los de mayor tamaño.

Los productores beneficiados con rebajas entre 5 y 12 por ciento del valor de las exportaciones representan una muy importante franja de la producción de las Economías Regionales y los productores situados en la franja de menor nivel operativo en el caso de la soja. Ello beneficiará a 42.400 productores, cerca del 20 % del total de agricultores del país. Esta rebaja, un gran estimulo para la producción de maní, arvejas, garbanzos, lentejas, trigo en forma de harina y aceite, girasol, maíz pisingallo, arroz, aceite de girasol, carne de ovejas y de cerdos, pescados, etc. se producen en predios medianos y pequeños de todo el interior del país. Lo que se obtenga del aumento de las retenciones a los grandes propietarios de tierras dedicadas a la soja servirá para financiar la rebaja generalizada.

Estamos en presencia de una medida con un criterio de equidad social muy significativo, por primera vez incorporado a los impuestos a las exportaciones. Es preciso defender esta conquista frente a las presiones de los arrendadores de tierras que cobran renta por parte de grupos financieros que producen soja en gran cantidad (son 14.000 propietarios, el 26 por ciento del total que concentran el 77 % de la producción de la oleaginosa). Habrá más ingresos para los más pequeños y un aporte que provendrá de los más grandes, que son rentistas, no productores.

Esta última acotación abre otro nivel de análisis acerca de la crisis del “campo”. El sector agropecuario argentino tiene 250.000 productores -censados en el año 2018- pero es un espacio altamente heterogéneo. Coexisten en dicho espacio grandes extensiones de tierra de propietarios ausentes que viven en las grandes ciudades del Litoral o en aglomeraciones urbanas más pequeñas cercanas a los establecimientos agrícolas y pecuarios.

Los 14.000 propietarios que pagarán solamente 3 puntos de porcentual más son los más enriquecidos y cubren aproximadamente un cuarto de los predios en explotación para cultivar soja. La mayor parte de ellos no están explotados por sus propietarios sino que éstos lo alquilan a las empresas financieras y contratistas que siembran y cosechan, sobretodo, soja. Son aproximadamente el 70 % del total de los grandes y medianos grandes, que son los que hoy protestan. El resto, las otras tres cuartas partes que no integran la cúpula concentrada de los 14.000 englobados en la resolución oficial, son pequeños y medianos pequeños que si exportan son los favorecidos por la decisión gubernamental de reducción de retenciones. Son intereses totalmente contrapuestos entre nos y otros. 
Hay, por lo menos, dos campos: el ocupado, sobre todo en la Pampa Húmeda por grandes propietarios que hacen negocios financieros con la soja (alquilan sus predios a contratistas financiados por grupos o fondos de inversión) y el que aloja a demás auténticos productores altamente orientados al consumo interno, algunos produciendo maíz y trigo pero la mayoría viviendo de su trabajo cotidiano y habitando sus fincas.

Los primeros son los que protestan porque se disminuye su renta financiera, muy rendidora en los últimos 20 años. Los segundos, en general, pequeños y medianos chacareros en todo el país que nos entregan alimentos frescos para la dieta familiar y, en otros casos, materias primas para la agroindustria de consumo local. Este gran espacio productivo está compuesto por los que cultivan frutas, verduras, hortalizas, caña de azúcar, yerba, maní, etc., crían ovejas, cerdos y aves o tienen tambos. Son campesinos, pequeños productores, no pocos en tierras ajenas, miembros de la llamada “agricultura familiar”.

Entonces, la decisión oficial es altamente favorable para la gran mayoría de los productores, todos ellos encuadrados dentro de la categoría de mediano pequeño o pequeño, el 75 % de las explotaciones agrarias del país con produccion destinada en parte a la exportación, pero casi en ningún caso este destino es mayoritario. En cambio, los grandes sojeros -que han acumulado fabulosas ganancias en el último cuarto de siglo- deberán pagar solo un 10 % más por retenciones. Y solo son el 26 % de los que destinan sus establecimientos agrícolas a l cultivo de la soja para la exportación (un 90 % del total producido en toda la superficie del agro nacional).

Insistimos. La decisión oficial es una medida altamente redistributiva, que financia reducciones significativas de las retenciones (hasta un 40 % % en el caso de los sojeros de menor tamaño), con el leve incremento de las retenciones a los grandes. Y, por supuesto, éstos protestan aunque sin razón porque siguen teniendo márgenes de rentabilidad altos y están contribuyendo a una retribución más adecuada a los que menos tienen, sin afectar la presión impositiva total. Es por ello que la Federación Agraria Argentina, entidad mayoritaria de productores agropecuarios del país, decidió retirar su apoyo al “paro” dejando en libertad de acción a sus afiliados.

El “paro” obedece solamente a causas políticas en momentos de muy baja comercialización de productos agroexportables. La política estatal deberá dar cuenta de la realidad actual y fortalecer las estrategias de crecimiento y reparto más equitativo de la renta agraria, a futuro.

* Investigador principal CEUR/CONICET - 11-03-2020