Iraq sigue hoy bajo la ocupación, y el abismo que separa a los dirigentes y al pueblo está lleno de sangre. El gobierno [de Nuri al-Maliki] está en deuda con las fuerzas de ocupación, que son las responsables de una catástrofe humanitaria y de un impass político. Mientras se asesina a capricho a los ciudadanos indefensos, el gobierno continúa con su tarea de protegerse a sí mismo, de recaudar los ingresos del petróleo, de hacer favores, de justificar la ocupación y de presidir el fracaso de la [situación de] seguridad, del bienestar económico, de los servicios básicos y de la administración pública. Por encima de todo, el estado de derecho no ha hecho sino desaparecer siendo reemplazado por divisiones sectarias bajo una fachada parlamentaria. El sectarismo promovido por la ocupación está dividiendo la sociedad civil, las comunidades locales y las instituciones públicas, y está dejando a la población a merced de autodenominados líderes comunales, sin ninguna protección legal.

El calendario de los ocupantes

El gobierno iraquí está fallando en el cumplimiento adecuado de sus obligaciones y responsabilidades. Sin embargo, resulta incongruente que el gobierno, con la ayuda de la USAID [la agencia gubernamental de EEUU para la ayuda al desarrollo], el Banco Mundial y Naciones Unidas, esté presionando para promulgar una extensa ley del petróleo en una fecha próxima a la fecha límite que el Fondo Monetario Internacional (FMI) impuso para finales del año pasado.

Una vez más, un calendario impuesto desde fuera tiene prioridad sobre los intereses iraquíes. Antes de embarcarse en medidas controvertidas como esta ley que favorece las empresas de petróleo extranjeras, el parlamento y el gobierno iraquí deben demostrar que son capaces de proteger la soberanía del país y los derechos e intereses de su pueblo. Un gobierno que fracasa en la protección de la vida de sus ciudadanos no debiera embarcarse en una controvertida legislación que ata de pies y manos a los futuros dirigentes iraquíes, y que amenaza con despilfarrar el precioso y agotado recurso iraquí en una orgía de derroche, corrupción y robo.

Responsables gubernamentales, incluido el vicepresidente Barham Salih, han anunciado que el borrador de la ley del petróleo está listo para presentarse ante el gabinete para su aprobación. Salih era un entusiasta de la invasión de Iraq liderada por EEUU, y la administración dirigida por la milicia kurda que él representa ha firmado acuerdos ilegales sobre petróleo que ahora pretende que se legalicen. Debido a que el parlamento no se reúne regularmente, es probable que la legislación se apruebe rápidamente tras un acuerdo pactado bajo los auspicios de la ocupación estadounidense.

La industria petrolífera, arruinada

La industria petrolífera iraquí se encuentra en una situación alarmante como resultado de las sanciones [aprobadas contra Iraq en agosto de 1990], las guerras y la ocupación. El propio gobierno, a través del inspector general del ministerio del Petróleo, ha emitido informes condenatorios del tremendo grado de corrupción y robos en todo el sector petrolífero. Muchos técnicos competentes han sido despedidos o degradados, y la empresa estatal de comercialización [exterior] del petróleo [SOMO] ha tenido varios directores.

Ministerios y organizaciones públicas están operando cada vez más como feudos de los partidos, y las perspectivas privadas, sectarias y étnicas, prevalecen sobre los intereses nacionales. Este estado de cosas ha dado resultados negativos para todos, a excepción de aquellos que son corruptos y sin escrúpulos y de las voraces compañías petrolíferas extranjeras. La versión oficial del borrador de la ley no se ha publicado, pero no hay duda de que será diseñado para entregar la mayoría de los recursos petrolíferos a multinacionales extranjeras bajo acuerdos compartidos de exploración y producción a largo plazo.

Es probable que la ley de petróleo abra las puertas a esas corporaciones en un momento en el que la capacidad de Iraq de regular y controlar sus actividades esté gravemente limitada. [La ley] permitiría dejar la responsabilidad de proteger los intereses vitales del país en manos de unos pocos tecnócratas vulnerables, en un ambiente donde la sangre y el petróleo fluyen unidos y en abundancia. El sentido común, la justicia y el interés nacional de Iraq indican que no se debiera permitir que el borrador se aprobara en estos momentos extraordinarios, y que los contratos de larga duración, de 10, 15 o 20 años, no se firmaran antes de que se restablezca la paz y la estabilidad, ni antes de que los iraquíes puedan asegurar que sus intereses estén protegidos.

Esta ley se discutió a puerta cerrada durante la mayor parte del año pasado. El gobierno estadounidense ha revisado y dado su opinión sobre borradores secretos, pero no se han dado a conocer al público iraquí ni tampoco a todos los parlamentarios. Si la ley se impone en esas circunstancias, el proceso político quedará aún más desacreditado. Los contactos con fuerzas sectarias moderadas parecen destinados más que nada a facilitar la aprobación de la ley y la venta [del petróleo] a las corporaciones petrolíferas.

EEUU, el FMI y sus aliados utilizan el temor para proseguir con sus planes de privatización y venta de los recursos petrolíferos de Iraq. El efecto de esta ley será marginalizar la industria petrolífera de Iraq y socavar las medidas de nacionalización puestas en marcha entre 1972 y 1975. [La nueva ley] está diseñada para derogar la Ley Número 80, de diciembre de 1961, que recuperó gran parte del petróleo iraquí de las manos de un cártel extranjero. Iraq pagó muchísimo por esa valiente acción: el entonces primer ministro, general Qasim, fue asesinado 13 meses después en un golpe de Estado liderado por los baazistas, que fue apoyado por muchos de los que ahora forman parte de la actual alianza de gobierno, incluido EEUU. No obstante, la política nacional del petróleo no se derogó en aquel momento, y los iraquíes no aceptarán nunca su anulación bajo la ocupación estadounidense.

Fuente: The Guardian - IraqSolidaridad