1) El consumo eléctrico per cápita fue un 45% superior al registrado entre 1989 y 2002;

2) La generación de electricidad (acumulada) fue un 60% superior a la de 1992-2003;

3) La extracción de gas natural fue un 26% superior entre 2003 y 2015 respecto del período 1992-2003;

4) La demanda de gas fue mayor en 12 puntos porcentuales entre iguales períodos;

5) Se incorporaron un 95% más de usuarios al servicio público de electricidad;

6) Se incorporaron un 60% más de usuarios al servicio público de gas por redes;

7) Reconocido por CAMMESA y el ENARGAS, se produjo una expansión histórica en gasoductos para el mercado interno, así como en líneas de alta y extra alta tensión;

8) De los 19.532 km de líneas de alta y extra alta tensión, 7.061 km fueron construidos entre 2003 y 2015. Es decir, un 36% del total de líneas troncales construidas en el país se realizaron en los últimos doce años. En relación a líneas de alta tensión, el porcentaje de lo construido en igual período sobre el total histórico fue del 35%. Y ya que hablamos del segmento transporte eléctrico, debe saberse que durante los dos primeros años de gestión macrista las líneas de alta tensión no variaron, mientras que las troncales lo hicieron en un 0,9% (181 nuevos kilómetros). Comparando el mismo período inmediato anterior, se observa que las líneas de alta tensión aumentaron un 3% (430 nuevos kilómetros) y 9% las troncales (1.639 nuevos kilómetros);

9) Igualmente, se interconectó eléctricamente el país y se puso en marcha la obra de infraestructura gasífera más importante de la historia: el GNEA, hoy abandonada, para llevar gas de red a más de 755.000 nuevos usuarios;

10) Central Néstor Carlos Kirchner (Atucha II), discontinuada en 1994, reactivada a finales de 2006 (construcción) a través del relanzamiento del Plan Nuclear. Puesta en marcha en 2014;

11) Represa Yacyretá, parcialmente terminada en 1998 (la potencia instalada era un 43% inferior a lo originalmente proyectado); reactivada en 2004 a través del Plan de Terminación de Yacyretá. Terminada en 2011 (febrero) la cota de diseño original. Es decir 100% de la potencia originalmente proyectada;

12) En dos años y ocho meses de gestión, Cambiemos totalizó unos 299.428 nuevos usuarios residenciales incorporados a la red, un 29% menos que respecto del mismo período anterior (2013 a agosto 2015). Es decir, una diferencia de 120.998 usuarios no incorporados. En relación al pico máximo de expansión del servicio residencial de gas de red desde que el ENARGAS mide este dato, período 2007-2009 (agosto), el macrismo se ubicó un 46% por debajo, o 256.660 usuarios residenciales menos incorporados. En suma, la peor marca luego del mínimo histórico ocurrido entre 2001 y 2003 (agosto).

^{Fuente: Elaboración propia en base a ENARGAS, Datos Operativos. * Se tomó enero a diciembre para 1993.}

13) Comparando entre administraciones y gobiernos precedentes, siempre partiendo del contraste entre los dos primeros años y ocho meses de gestión, el macrismo vuelve a batir récords negativos. Esta vez, es el responsable de la segunda peor marca luego de De la Rúa, tal y como se aprecia de la tabla:

^{Fuente: Elaboración propia en base a ENARGAS, Datos Operativos. * Néstor Kirchner asumió la Presidencia de la Nación el 25 de mayo de 2003. Los avances registrados en sus dos primeros años y ocho meses de gestión fueron calculados entre junio de 2003 y junio de 2005 (años móvil) más julio de 2005 a febrero de 2006 (ocho meses).}

14) Sin tarifazo y con subsidios, Cristina Fernández de Kirchner incorporó durante los primeros dos años y 10 meses de gestión un 68% más de nuevos usuarios residenciales a la red de gas que Mauricio Macri (en igual período). ¿Cómo explicar que, durante los primeros dos años y diez meses del primer gobierno de CFK se hayan incorporado 548.229 nuevos usuarios residenciales a la red de gas mientras que, en igual período, pero del mandato de Mauricio Macri se incorporaron 309.465 nuevos usuarios residenciales? La diferencia es de -44% para MM, mientras que de 77% a favor CFK.

^{Fuente: Elaboración propia en base al ENARGAS, Datos Operativos.}

15) Durante doce años, entre 2003 y 2015, se cansaron de decir que vivíamos una "crisis energética" y que los subsidios era dinero que se perdía en las cuevas de la corrupción. Pero en ese período, la generación de energía aumentó un 56% y el consumo creció exponencialmente; asimismo, más de 7 millones de hogares se incorporaron a los servicios de gas por redes y electricidad, diez provincias se interconectaron a la red eléctrica nacional y cuatro provincias a la red troncal de gasoductos. A propósito, la generación entre 2018 y 2016 creció un 2%, mientras que la demanda 0,2%; entre 2015 y 2013, 7% y 5%, respectivamente;

16) Las tarifas fueron accesibles siempre, promoviendo la competitividad de nuestra industria, nuestra producción y nuestro comercio interno, a la vez que protegiendo y fomentando el bienestar social. Y todo esto, y que derivó en un crecimiento promedio del PBI superior al 80% en el período aludido irrigando en desarrollo, modernización económica e inclusión social, se debió a la combinación entre energía barata, abundante y subsidiada. En suma, energía en calidad de Derecho Humano y sus servicios públicos en calidad de servicios públicos esenciales para el desarrollo humano y económico nacional, tal y como señaló la Corte en su fallo de 2016;

17) Son los propios datos oficiales los que delatan la contradicción entre los subsidios otorgados entre 2003 y 2015, y el registro histórico que atribuye a este período el más eficiente -desde 1993- en materia de expansión de los servicios públicos de gas y electricidad, tanto a niveles accesibilidad como asequibilidad.

18) ¿Por qué? Sencillo, porque la política energética se rigió por las siguientes definiciones (subrayado nos pertenece): "La seguridad energética se define como la disponibilidad de un suministro regular de energía a un precio asequible, mientras que la crisis energética es causada generalmente por la escasez del suministro energético o los aumentos de precios que afectan significativamente la economía y conducen al deterioro socioeconómico, industrial y productivo nacional".

19) Y segunda: "La prestación de servicios de energía adecuada y confiable a un precio asequible, de una manera segura y ambientalmente benigna, y de conformidad con las necesidades del desarrollo económico y social, es un elemento esencial del desarrollo sustentable. La energía es vital para erradicar la pobreza, mejorar el bienestar humano y elevar el nivel de vida".

20) Esta última definición, por cierto, absolutamente desconocida, pertenece nada más ni nada menos que al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas -ONU/DAES. Esta fue, precisamente, la definición adoptada por el Plan Energético Nacional lanzado en 2004 e implementado exitosamente por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios desde entonces y hasta 2015.

En suma, la política energética vale (y cuesta para la ciudadanía tenerla) lo que una definición.

Los servicios públicos energéticos son cruciales para el desarrollo y bienestar socioeconómico de los pueblos, elevar su nivel de vida, erradicar la pobreza y proteger la igualdad social. Son, por tanto y como señaló el violado fallo de la Corte por parte del Poder Ejecutivo, servicios públicos esenciales, esto es, derechos sociales. Y los derechos sociales son derechos humanos. Y los derechos humanos deben ser garantizados por los Estados. ¿Qué queremos decir con esto? Que, dado que la carga de la responsabilidad técnica y económica recae sobre el Estado en esta cuestión, la ciudadanía debe disociarse de sus costos de producción.

^{Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) - 1 de marzo de 2019}