Los jueces consideraron que Ríos Montt planificó y autorizó la ejecución de los planes Campaña Victoria 82, Operaciones Sofía, Operaciones Ixil y Firmeza 83, que se tradujeron en el exterminio de miles de hombres, mujeres y niños pertenecientes al grupo maya-ixil. La cifra total de víctimas equivale al aniquilamiento del 33,61 por ciento de esa etnia.

Luego de dos meses de intenso debate, en el que fueron frecuentes las amenazas y las presiones a jueces, fiscales, defensores de derechos humanos y testigos, y tras las numerosas maniobras dilatorias efectuadas por las defensas de los imputados, que incluyeron diversos amparos ante la Corte de Constitucionalidad, concluyó un juicio histórico destinado a poner fin a décadas de impunidad vividas en el país centroamericano.

Ante el tribunal declararon 98 testigos. Todos ellos detallaron las masacres, las torturas, las desapariciones y los fusilamientos masivos cometidos durante la dictadura de Ríos Montt. Es importante destacar también los testimonios de mujeres que denunciaron los crímenes sexuales de los que fueron víctimas ellas, sus hijas y otras integrantes de la comunidad. A partir de esas declaraciones, se pudo establecer que las violaciones masivas formaron parte del plan genocida, ya que fueron efectuadas de manera sistemática y tuvieron el propósito de causar daños irreparables en los cuerpos y vidas de las mujeres ixiles.

“Este juicio debe servir para que exista paz en Guatemala”, dijo Yassmin Barrios, presidenta del Tribunal, al concluir la lectura del veredicto. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) coincide plenamente con esta postura y subraya que la causa llevada a cabo contra Ríos Montt forma parte del proceso regional de rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante los períodos dictatoriales vividos en la mayoría de los países de América latina. Esperamos que el poder judicial de Guatemala en su conjunto respalde este juicio, que fue conducido bajo el debido proceso y con un profundo respeto por las garantías de los imputados y de los derechos de las víctimas.

Página/12 - 12 de mayo de 2013