La causa iniciada por ex trabajadores contra YPF por supuestas irregularidades en la venta de acciones (Propiedad Participada), en la que se sienten claramente estafados, avanza silenciosamente en el juzgado del juez Claudio Bonadío. El magistrado tomó la decisión de "no prescripción" y el llamado a declaración indagatoria de 33 ex directivos de la empresa. Pese a que éstos ya empezaron a visitar los tribunales, todo transcurre en un estricto hermetismo. La Tecla tuvo acceso exclusivo a gran parte de la causa.

Bonadío concreta el llamado a indagatoria, basándose en el Artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, el cual dispone que "cuando hubiere motivo suficiente para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito, el juez procederá a interrogarla".

La sola presencia de algunos nombres relevantes involucrados debería llamar la atención. Entre los imputados figura Alessandra Minnicelli, síndico general adjunta de la Nación y esposa del ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex presidente de la petrolera española Repsol YPF, Alfonso Cortina; y Norberto Noblia, ex asesor jurídico y ex director de Asuntos jurídicos de la empresa, entre otros. El lunes 13 de febrero comenzó el período de indagatorias que durará hasta el 29 de marzo. León Nells, que fuera Presidente de YPF, era el que primero debía visitar Comodoro Py. Sin embargo, no se presentó a declarar y sólo mandó un escrito con su abogado. Bonadío no hizo lugar a la presentación, por lo que el imputado deberá presentarse.

El segundo turno fue para Norberto Noblia, ex asesor jurídico de la empresa, que sí se presentó pero se abstuvo de declarar.

La venta de YPF fue ilegal

Los ex trabajadores de la petrolera (YPF) reclaman ante la Justicia federal por lo que entienden fue una verdadera estafa cometida a través del Programa de Propiedad Participada. Cuando fue privatizada la compañía (1993), el 10% del paquete accionario fue pasado, por ley, a los trabajadores. Sin embargo el gobierno de Carlos Menem vendió luego, en 1997, la totalidad de las acciones a la firma española Repsol.

La causa, que lleva el número 8568/99 y está caratulada como "YPF S.A. S/Delitos de Acción Pública", es una denuncia penal contra YPF S.A., sus directivos y todos los funcionarios y sindicalistas que intervinieron para concretar el despojo del 10 % las acciones Clase C del Programa de Propiedad Participada que les pertenecía. El expediente circuló primero por el juzgado Federal 4 a cargo de Jorge Ballesteros, pero finalmente fue remitida al juzgado 19 de Carlos Bonadío.

El fundamento de esta demanda es que en la ley de Reforma del Estado y el Régimen de Privatizaciones implementado por la Ley 23.696, los ex trabajadores de YPF quedaron enmarcados dentro del Programa de Propiedad Participada como "sujetos adquirentes titulares" del paquete accionario de las empresas a privatizar, conforme lo establece el Capitulo III, Artículo 21 y 22 de la citada norma.

A través de la Demanda 8568/99 se pone sobre el tapete que la venta de YPF fue "ilegal", y se encuentra "viciada de nulidad" por las siguientes razones:

1. Se efectuó mediante una adjudicación directa, sin la correspondiente 'oferta pública", violando de esta manera expresas normas constitucionales.

2. El valor de venta fue fraudulento: se vendió a 11.500 millones de dólares (épocas de uno a uno) y hoy vale más de 25.000 millones de la moneda norteamericana.

3. Repsol YPF conocía al momento de la compra la existencia -entre otros- del Decreto 628/97 donde, en su Artículo 4º, reconoce la existencia de medidas cautelares por parte de ex trabajadores de la petrolera estatal, o sea que compraron "bienes litigiosos".

"Concretamente, en la causa penal está probado que las acciones Clase C eran de propiedad y titularidad de los ex empleados de YPF por Ley de reforma del Estado y que les correspondía un porcentaje de la titularidad de esta empresa", detalló, ante La Tecla, Alejandra Dibo, abogada patrocinante de los ex trabajadores, y puntualizó que "a estos empleados, el directorio de la empresa, tras los retiros voluntarios y los despidos empresariales, les desbarató sus derechos, los defraudó y, para colmo, contó con la colaboración de las resoluciones conjuntas de los ministerios de Economía y de Trabajo, que no fueron publicadas en el Boletín Oficial".

"La demanda penal recae, por acción u omisión, en el ex presidente Carlos Menem y los entonces funcionarios menemistas Horacio Liendo, Antonio Erman González, Domingo Cavallo, Roque Fernández, Jorge Caro Figueroa, Rodolfo Díaz, miembros del Directorio de YPF, Repsol S.A. y Repsol-YPF, Comisión Nacional de Valores y el ex secretario general del Sindicatos Unidos Petroleros del Estado (SUPE) Antonio Cassia, diputados y senadores nacionales, actuales funcionarios, Bancos, sociedad de Bolsas y entidades internacionales", detalló Dibo.

El acuerdo entre el Estado y REPSOL

La Ley 23.026 (ley de reforma del Estado) que permite la privatización de todas las empresas estatales, contiene la cláusula de Propiedad Participada, que establece que el 10% de las acciones de la empresa corresponden a los trabajadores. Los ex empleados comenzaron los reclamos de sus acciones, que durante los despidos habían sido compradas en forma supuestamente "fraudulenta" por Repsol, ya que se trataba de acciones en litigio.

Sin embargo, voceros de Repsol sostienen que la empresa compra YPF S.A en 1999, y las acciones clase C se venden en 1997. "Repsol no cometió ningún ilícito, el directorio actual nunca tuvo en su temario la causa, porque no es un tema que involucre al directorio ni a la compañía".

Al parecer, la venta de las acciones de YPF estaría viciada. Cuando Menem vendía apurado

Según denuncian, Menem vendió YPF en Nueva York dos días antes que saliera anunciado en el Boletín Oficial. En ese reclamo se imputa que se habrían vendido hasta las acciones que no eran propiedad del Estado, sino también aquellas que correspondían a los trabajadores de YPF.

Transcurridos seis años, son dos mil los ex trabajadores que denuncian e impulsan la causa. El día 11 de octubre de 2005, la doctora Dibo menciona en su escrito que "...otra nueva reincidencia de conductas antijurídicas, dolosas y mendaces, que por su tipo configura otra gran estafa de la empresa Repsol YPF S.A. junto al actual Gobierno del Estado Nacional, en cabeza del ministerio de Economía y Producción", y en la que imputa también a la Empresa MBA Sociedad de Bolsa S.A., todos implicados en la intención de disponer de las acciones clase C que "no pudieron ser vendidas en julio de 1997, por haberse trabado por medidas cautelares a favor de ex empleados de YPF y efectivizar así las transferencias de las mismas".

El Fiscal Federal Carlos Stornelli expresa: "De esta manera, atendiendo que la posible calificación se encuentra incluida en el Capítulo VII del Título XI del Libro 2do, la prescripción de la acción se suspende para todos los participantes, mientras cualquiera de ellos haya desempeñado un cargo público, y en este sentido resulta relevante mencionar que se encuentran imputados Domingo Cavallo (ex ministro de Economía y Servicios Públicos), Jorge Armando Caro Figueroa (ex ministro de Trabajo y Seguridad Social), Jorge Alberto Rodríguez (ex jefe de Gabinete de Ministros) y Roque Benjamín Fernández (ex ministro de Economía y Servicios Públicos), por lo que el plazo previsto en el Art. 62, Inc. 2do correría a partir del cese de funciones de los nombrados. Por lo expuesto, solicito no se declare prescripta la acción penal".

Por su parte, el juez Bonadío, acompañando esta última resolución del Fiscal Carlos Stornelli, resolvió no dar lugar a la prescripción de la causa penal 8568/99 solicitada por YPF y emite el "Llamamiento a Indagatorias, 26.12.05".

"Resulta bastante claro, más allá de las diferentes interpretaciones que se puedan hacer respecto a los hechos, que existe una acción en la que presuntamente se sustrajo efectos públicos, lo que habría perjudicado tanto a particulares como así también dicha maniobra puso en peligro el bien jurídico protegido por este tipo de acciones relacionadas con la actividad administrativa patrimonial, cuyo normal y regular desarrollo fue alterado en virtud de las conductas denunciadas", sostiene Claudio Bonadío en su fallo.

"Por ello, no cabe descartar, en esta altura del proceso, la figura prevista por el Art. 261 del Código Penal, en tanto estas acciones Clase "C" fueron sometidas a actos que presumiblemente las separaron, apartaron o quitaron de la esfera de actividad patrimonial de la administración pública".

"En razón de lo expuesto, de acuerdo con la pacífica jurisprudencia en tanto se sostiene que a los efectos de la prescripción de la acción, no existiendo calificación definitiva, debe merituarse aquella que resulte más gravosa (…), de tenerse presente la calificación antes aludida para evaluar el plazo de prescripción de los hechos", continúa el magistrado.

Y sigue. "Por lo tanto, teniendo en cuenta que en la oportunidad correspondiente el suscripto circunscribió provisoriamente los hechos a investigar en el período 1994/1998, que la pena prevista para el delito del Art. 261 del CP es de reclusión o prisión de dos a diez años y lo dispuesto por el Art. 67 del CP, es que ha transcurrido el plazo legalmente establecido para considerar que se ha extinguido la acción penal respecto a los hechos denunciados. Por todo lo expuesto, resuelvo declarar no extinguida la acción penal en la presente investigación".

El 26 de diciembre de 2005, el magistrado resuelve: "Atento a lo resuelto en el día de la fecha en el incidente de prescripción formado en la presente causa, y existiendo motivos de sospecha suficiente para proceder a lo dispuesto en el Art. 294 del CPPN, cítese a los estrados de este tribunal a los fines de recibírsele declaración indagatoria", a los 33 miembros del directorio de YPF.

Kirchner y los ex trabajadores

El 26 de noviembre de 2003, el Gobierno nacional, por intermedio del ministro del Interior, Aníbal Fernández y el Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, "anuncia que el Presidente decidió solucionar el problema de los ex trabajadores de YPF, abonándoles la suma de 39 mil 500 pesos a cada uno' expresa Carlos Carlos Guanciarrossa, ex trabajador de Petroquímica Gral. Mosconi. En aquel entonces, el Gobierno ofreció a los ex empleados de la petrolera YPF pagarles en promedio a cada uno 39.500 pesos, para saldar la deuda que el Estado mantiene desde hace varios años por la privatización de la empresa.

Sin embargo, las palabras de los representantes del gobierno advirtiendo que "el presidente se comprometía con la causa, y estaba dispuesto a terminar con el conflicto", quedaron en la nada. "Nos dijeron que querían solucionar todo y después afirmaron que no había ninguna resolución oficial", concluyó Guanciarrossa.