Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la publicación del informe final de la Fiscalía Especial federal que investiga los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, así como el nombramiento de una nueva fiscal especial, Alicia Elena Pérez Duarte, al frente de la nueva Fiscalía Especial nacional para resolver los crímenes violentos cometidos contra las mujeres.

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La organización considera especialmente positivo el reconocimiento oficial, en este cuarto informe, de que durante muchos años hubo inacción sistemática por parte de las autoridades a la hora de prevenir y castigar muchos de los crímenes contra mujeres cometidos en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua.

Sin embargo, persisten varios motivos de preocupación relacionados con la metodología y las conclusiones de la Fiscalía Especial, que forma parte de la Procuraduría General de la República, que a su vez parece restar importancia a la escala de los crímenes cometidos contra las mujeres.

El examen determinó que 177 funcionarios estatales eran posiblemente culpables de negligencia u omisión en las investigaciones originales. A pesar de ello, ninguno ha sido llevado ante la justicia por las autoridades del estado, ya que se han aplicado las normas sobre prescripción de los delitos a su favor.

Perspectiva de género

Las conclusiones de la Procuraduría General de la República parecen pasar por alto también las recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales –como la propia comisión del gobierno, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez– para que estos crímenes se analicen con una perspectiva de género que permita establecer en qué medida influyó el género de la víctima en la motivación y comisión del crimen.

La Procuraduría General de la República parece concluir que únicamente los delitos que comportan violencia sexual –aproximadamente el 20 por ciento de los 379 asesinatos documentados– constituyen violencia de género. La violencia en el ámbito familiar no parece que se considere una forma de violencia basada en el género, y además parece haber sido excluida necesariamente de la categoría de violencia sexual.

Otros asesinatos se clasifican como resultantes de la «violencia social», concepto que parece excluir necesariamente, sin explicación, el género de la víctima como factor en el asesinato. Otro elemento al que no se presta la debida consideración es el clima de violencia contra las mujeres y de impunidad que puede haber facilitado la comisión de los crímenes.

En el informe se argumenta que la estructura federal del gobierno de México limita las competencias de la Procuraduría General de la República para investigar directamente los casos o exigir responsabilidades a las autoridades estatales. Sin embargo, el informe no hace mención de los progresos para llevar a los autores ante la justicia ni siquiera en los 24 casos en que la Procuraduría General de la República asumió la competencia directa.

Amnistía Internacional considera que el Estado de México en su conjunto tiene la responsabilidad de hacer cumplir las obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos.

Al menos 28 asesinatos en 2005

Por encima de todo, la situación en Ciudad Juárez sigue siendo grave: al menos 28 asesinatos de mujeres fueron documentados el año pasado y los niveles de impunidad se mantienen elevados, especialmente con respecto a crímenes ocurridos en el pasado.

La Procuraduría General de la República no ha examinado los casos ocurridos en la ciudad de Chihuahua, ni ha existido una revisión judicial sistemática de los casos de personas acusadas o declaradas culpables de asesinato que aseguran haber sido torturadas para que firmaran declaraciones falsas. En este informe final, la Procuraduría General de la República no alude de manera sustancial a estas denuncias de tortura o malos tratos, lo que refleja la falta de acción demostrada por México desde hace tiempo para obligar a los responsables de estos crímenes a responder de sus actos.

Amnistía Internacional siempre ha mantenido que el patrón de violencia contra las mujeres y de impunidad en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua es de naturaleza compleja y comporta tipos muy diversos de delitos y autores, y que revela defectos institucionales generalizados a la hora de prevenir los delitos y sancionar a los verdaderos responsables. Los familiares de las víctimas han luchado sin descanso para que se haga justicia, y gracias a sus esfuerzos la opinión pública nacional e internacional finalmente se ha interesado por la situación.