A fines de los 90' tras más de 40 años de medidas atomizantes impulsadas desde el nivel Federal, en el Sistema educativo argentino no universitario se produce un cambio como resultado de un prolongado conflicto liderado por los docentes en defensa de la educación pública, en el que la Nación vuelve a participar del financiamiento salarial a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente, al principio muy fugaz ya que la crisis de 2001 lo interrumpió.

La coyuntura educativa se encuentra atravesada por el fracaso de la paritaria entre el gobierno nacional y los sindicatos docentes. Estos últimos rechazaron la propuesta de aumentar progresivamente el salario mínimo de 2800 a 3416 pesos. Los dirigentes sindicales calificaron de “insuficiente” al incremento salarial y el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, sostuvo que el ofrecimiento tuvo “en cuenta las posibilidades del gobierno nacional, las demandas salariales y las capacidades provinciales”. El titular de la cartera educativa planteó que los dirigentes sindicales “no terminaron de entender la paritaria, cuyo objetivo es fijar el salario del cargo testigo; un mínimo cobrado por una proporción menor de un 8 por ciento”.