Sergio Carpenter* (Especial para sitio IADE-RE) | Como parafraseando la idea filosófica del eterno retorno, la cuestión de la movilidad previsional irrumpe nuevamente en la escena política argentina. En diciembre de 2019 y a pocos días de asumir, el gobierno del presidente Alberto Fernández definió la emergencia social y -entre otras medidas- suspendió el esquema vigente de reajuste de los haberes previsionales.

Hay una relación muy fuerte entre la evolución macroeconómica y el sistema previsional. Por ejemplo, una macroeconomía que genera desempleo, informalidad laboral y disminución del salario real, tiene un sesgo desfinanciador de la previsión social. Ello es así pues su financiamiento está basado en impuestos y contribuciones asociadas al trabajo formal y por ende “sufre” el impacto de los vaivenes en el nivel de actividad y su grado de formalidad. Así lo fue en el gobierno de Carlos Menem y ocurrió lo mismo en el experimento neoliberal de Mauricio Macri.

El sistema previsional argentino se encuentra en un lugar relevante de la agenda pública. Su peso en la economía nacional, el amplio radio poblacional que abarcan sus prestaciones implícitas y el impacto en los ingresos familiares que ocasiona lo ponen en un lugar destacado de la discusión y de la acción pública.

No bajan tranquilas las aguas previsionales en América Latina. Ese edificio social que el siglo XX vio nacer y luego convertirse en vector clave del desarrollo social, vive en permanente tensión atravesado por una realidad cambiante y procesos de reforma impulsados por la política. Una muestra de ello la dan los casos de Argentina y Chile: dos países con experiencias comunes pero que hoy observan diferencias sustantivas en las formas de organización de lo previsional.