Solidaridad significa que todos los argentinos decidimos hacernos cargo, con los recursos del presente, de los jubilados del presente.Tanto los trabajadores como los desocupados (cuando pagan el IVA, por ejemplo) y los empresarios financiamos con impuestos a los jubilados de hoy. Sin embargo, las verdaderas implicancias de la solidaridad no parecen estar claras.

Supongamos que un padre reclamara que, dado que paga impuesto a las Ganancias, su hijo merece mejor educación pública que sus compañeros, cuyos padres son informales y solo pagan impuestos como el IVA. El planteo no tiene sentido. Nuestra educación pública es solidaria: todos recibimos la misma calidad, independientemente de los impuestos que pagamos. Pero lo que es claro para la educación no lo es para las jubilaciones. Algunas propuestas de reforma buscan relacionar el haber jubilatorio con la cantidad de aportes que realizó el trabajador, sin acusar recibo de que, en el sistema actual, el haber de un jubilado no se financia con sus propios aportes. Esos aportes financiaron, digamos, a los abuelos de ese trabajador; cuando se jubila, su jubilación es financiada por los aportes de, por así decirlo, sus hijos y nietos. La solidaridad tiene entonces carácter intergeneracional. Avanzar hacia una reforma del sistema que permita mejorar la igualdad significa universalizar un haber jubilatorio digno, con independencia de la trayectoria activa de cada trabajador. Es decir, establecer un piso mínimo y universal de protección previsional.

Lo segundo que se discute es la sustentabilidad. Se argumenta que el sistema previsional tiene déficit, puesto que no se autofinancia. Ergo, se deben adecuar los haberes y la cobertura previsional a los recursos propios del sistema. Imaginemos nuevamente este mismo planteo para la educación. La educación pública es absolutamente deficitaria, ya que no hay impuestos con esa asignación específica. Sin embargo, la educación sigue siendo un valor para nuestra sociedad, por lo que el Estado recauda impuestos y destina una porción del gasto público a la educación. Para el sistema previsional es lo mismo: lo que importa no es el déficit del sistema, sino el déficit fiscal total del sector público, puesto que el dinero es fungible. Lo que sí puede discutirse es si Argentina gasta mucho o poco en previsión. En 2015 Argentina destinó 9% de su PBI para los jubilados, mientras que el promedio de la OCDE fue de 8%. En este sentido, nuestro gasto previsional parece excesivo, pero no lo es. El problema es nuestro PBI, es decir, el tamaño de nuestra economía y su capacidad de crecer.

Ante esto, la opción obvia sería bajar las jubilaciones. Pero el efecto más probable de tal política sería una baja más que proporcional del PBI. Luego del ajuste, el peso del gasto previsional aumentaría. Para muestra baste decir que durante 1980-2002, el promedio del gasto previsional fue 5,3%, con una cobertura menor al 78%. Sin embargo, entre 2006 y 2015 el gasto previsional promedió 7%, con una cobertura de casi 100%. La diferencia es, básicamente, el crecimiento. El déficit fiscal entre 1980 y2002 promedió 1,7% porque el PBI per cápita creció 0,8% anual. En cambio, en 2003-2015 el superávit fiscal fue de 1,4% porque el PBI per cápita creció 4,6% anual. Si queremos parecernos a la OCDE, en vez de entrar en una dinámica donde los ajustes bajan el PBI y empeoran la relación gasto previsional/producto, lo que se debe hacer es retomar un programa de crecimiento que permita una expansión sostenida del producto y del poder adquisitivo de las jubilaciones, para que el peso de estas últimas sobre PBI sea cada vez menor.

- Emmanuele Alvarez Agis, Ex viceministro de Economía.

Clarín - 13 de agosto de 2017