En la semana que recién dejamos, signada por el tratamiento legislativo de la legalización del aborto, disputas ideológicas por las vacunas contra el Covid-19 y un acto de unidad oficialista, el gobierno de Alberto Fernández promulgó la ley que establece el Aporte Solidario y Extraordinario para paliar los daños de la pandemia y el aislamiento social. El tan mentado como postergado Impuesto a la Riqueza, pues claro.

Según se reseña en este mismo portal*, esta ley dispone -con carácter de emergencia y por única vez- un aporte extraordinario y obligatorio que recaerá sobre casi 12 mil personas en Argentina. Algo así como 0,026% de la población del país, según estiman las autoridades.

Quienes tengan hasta 300 millones de pesos radicados en la Argentina, dice el nuevo texto legal, no serán afectados por este aporte. Aquellos que tengan una fortuna de ente 300 millones y 400 millones de pesos pagarán seis millones de pesos más el 2,25% sobre el excedente de trescientos millones. Así, se establecen distintas escalas hasta llegar a los que tengan radicados en el país entre 1500 y 3000 millones de pesos, quienes tendrán que pagar 39.750.000 pesos más el 3,25% sobre el excedente de 1500 millones. Finalmente, quienes estén por encima, abonarán 88.500.000 pesos más una tasa del 3,5% sobre el excedente de tres mil millones.

Por los bienes en el exterior, en caso de no verificarse su repatriación, se deberá calcular el aporte con tasas que van el 3% al 5,25%. Entendiéndose por repatriación el ingreso al país de las tenencias de moneda extranjera en el exterior, dentro de los sesenta días contados desde la entrada en vigencia de la ley.

En el comunicado oficial se dejó asentado que lo recaudado será aplicado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria; a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores; al programa integral de becas Progresar, a fin de reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y personal durante su trayectoria educativa y/o académica; al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares; y a programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, a través de Integración Energética Argentina S.A y en acuerdo con YPF S.A.

El largo periplo de esta iniciativa es conocido y, como no podría ser de otro, estuvo acompañado por cuestionamientos de la oposición política, de buena parte del empresariado y del sistema de medios de comunicación, y no exento de amenazas de judicialización por el supuesto carácter confiscatorio, alertas indignadas contra una nueva división de los argentinos e impugnaciones por su ineficacia recaudatoria tanto como por el desaliento de inversiones y obstaculizar la creación de trabajo.

Con el tiempo sabremos cuán ciertas era esas amenazas de someter el impuesto al juicio de la patria judicial y cuál fue la pericia recaudatoria de este instrumento específico, la que no quedará saldada es la polémica en torno a las consecuencias económicas del aumento de los impuestos sobre los sectores más ricos de la población. Se trata de una polémica de larga data que no reconoce fronteras y que se vio reactivada con el aumento de la desigualdad y la acumulación de déficits públicos originados en la crisis sanitaria global.

Con Alemania y Francia a modo de lejano antecedente, gobiernos tan dispares como los de España, Italia, Rusia, Bolivia y el electo presidente norteamericano Joe Biden avanzaron o avanzan con medidas de igual índole y proyectos similares fueron propuestos o sugeridos en, al menos, Brasil, Suiza, Chile y Reino Unido. Lo que, además, se vio abonado por pronunciamientos favorables de un amplio arco de voces que va del economista Thomas Piketty a Vitor Gaspar, director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI.

“Los gobiernos deberían adoptar medidas para perfeccionar el cumplimiento tributario y evaluar la aplicación de impuestos más altos a los grupos más acaudalados y las empresas más rentables”, fue la llamativa expresión del funcionario del Fondo.

Un hallazgo digno de mención es el reciente aporte de investigadores del Instituto Internacional de Desigualdades de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (LSE) titulado The Economic Consequences of Major Tax Cuts for the Rich. Trabajo que recopila y se funda en datos de los últimos cincuenta años correspondientes a dieciocho países de la OCDE, incluyendo al Reino Unido y los Estados Unidos.

El artículo**, cuyos autores son David Hope y Julian Limberg, docentes del King’s College de Londres, afirma que las reducciones de impuestos a los ricos conducen a una mayor desigualdad de ingresos, pero no tienen ningún efecto significativo en el crecimiento económico o el desempleo. Consecuentemente, los investigadores señalan que los gobiernos que buscan restaurar las finanzas públicas tras la crisis COVID-19 no deberían preocuparse por las derivaciones económicas del aumento de los impuestos sobre aquellos sectores.

“Encontramos que las reformas que reducen los impuestos a los ricos conducen a una mayor desigualdad de ingresos (...). En contraste, tales reformas no tienen ningún efecto significativo sobre el crecimiento económico y la tasa de desempleo”, sentencia el estudio.

El informe da cuenta de las significativas reformas impositivas a favor de los ricos que buena parte de los países estudiados han legislado desde 1980. Citan como ejemplos las dos reducciones de impuestos de Reagan, en los Estados Unidos, de 1982 y 1987. También al Reino Unido, cuyos impuestos a los ricos cayeron significativamente bajo la administración Thatcher, con importantes recortes en 1979 y 1988.

La investigación comparó el desempeño de países que aprobaron leyes de grandes recortes de impuestos con los que no lo hicieron. Por caso, examinamos los resultados económicos en Australia tras la reforma fiscal de 1987 y en los Estados Unidos tras las reducciones de impuestos de 1982 y los comparamos con resultados económicos contemporáneos de países que no redujeron impuestos a los ricos. Repitiendo esos contrastes para cada reducción de impuestos en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al respecto, la caída de los impuestos a los ricos coincidió con un período de creciente desigualdad, tendencia agravada en los países anglosajones. Luego de las reformas, la participación del ingreso del 1 por ciento más rico aumenta en casi 0,6 puntos porcentuales en tres años, llegando a 0,8 puntos a los cinco años. De igual modo, los resultados muestran que el desempeño económico, medido por el PIB real per cápita y la tasa de desempleo, no se ve afectado significativamente por las principales reducciones de impuestos para los ricos. “Los efectos estimados para estas variables son estadísticamente indistinguibles de cero”.

“Nuestros resultados tienen importantes implicaciones para los debates actuales en torno a las consecuencias económicas de gravar a los ricos, ya que proporcionan evidencia causal (…) de que la reducción de los impuestos sobre los ricos aumenta las cuotas de participación de los ingresos superiores, pero tiene poco efecto en el desempeño económico”, concluyen Hope y Julian Limberg.

En definitiva, esta y otras indagaciones recientes aportan claridad a un debate que dividió durante mucho tiempo a las dirigencias políticas de Occidente y, tal la opinión de los autores citados, podría ser una buena noticia para los partidarios de impuestos más progresivos y aspirantes a sociedades más igualitarias.

^{El País Digital - 22 de diciembre de 2020}