Un amigo me pasó un artículo sobre la elección del nuevo jefe del Vaticano y de la Iglesia católica. El artículo era diferente a la media de los miles que se han publicado estas semanas. Diferente por al menos un motivo: por tener sentido común. En él se decían cosas que se apartaban del tono habitual laudatorio. Resumidamente se afirmaba en el artículo: sea conservador o no, el papa es por definición anacrónico; la Iglesia tiene un Estado que choca con los valores democráticos más tradicionales, pongamos como ejemplos, la infalibilidad del papa, la inferioridad de las mujeres, la pederastia como constante sin muchas evidencias de voluntad de acabar con ella, la homofobia. El Estado Vaticano, este recordatorio lo añado yo, fue concesión de la Italia fascista de Musolini en 1929. Digamos que el origen de la cosa ya marcaba lo suyo, como, por poner un ejemplo desgraciadamente muy cercano, el origen franquista de la restauración de la monarquía borbónica española actual también marca, sin duda. Que en honor del XIII haya elegido el nuevo jefe católico el nombre de León XIV dice también mucho. León XIII es conocido por su encíclica Rerum novarum promulgada ahora hace exactamente 134 años, el 15 de mayo de 1891, monumento al pensamiento reaccionario y estamentalista de gran influencia política en los años posteriores.

Que hay sectores de la Iglesia más reaccionarios que otros (¿de verdad alguien significativo de la jerarquía de la Iglesia o incluso de escalones inferiores, si dejamos al margen la teología de la liberación que ya ha desaparecido, merece el nombre de progresista?) es constatable. Pero que eso pase por encima de los temas apuntados, simplemente es irracional o políticamente interesado. O peor, políticamente reaccionario. Lo resumía bien la autora de otro artículo que se apartaba también de la media servilmente reverente: “Si asumimos la posibilidad de que exista un ‘progresismo’ en esos términos, nuestros principios como sociedad, las bases de nuestras democracias, saltan por los aires”. Efectivamente, la Iglesia es enemiga declarada de la democracia, aunque haya sabido hace apenas un siglo navegar la situación con mayor o menor habilidad. ¿Apenas un siglo? Como recordaba con Toni Domènech “El Vaticano no levantó para los católicos el non expedit, la prohibición de votar, ¡hasta 1919! Se rasgaban las vestiduras ante la sola idea de que pudieran votar todos, también los pobres, también las mujeres, también, ¿por qué no?, los ‘vagos’, y aun los (pobres) ‘diablos’”. ¿Cómo puede ser amigo de la democracia un Estado teocrático?

Viene esto a cuento por varias cosas, pero una en la que me detendré es la publicación por la Fundació Ferrer i Guàrdia del último informe anual. A finales de 2024 avanzamos la traducción de alguno de los artículos que se incluyen en este informe. Se titula esta vez la publicación: La laïcitat com a resposta als discursos de l’odi (El laicismo como respuesta a los discursos del odio).

Se recordará que el gobierno español actual, el más progresista desde no se sabe cuánto tiempo, declaró tres días de luto oficial con motivo de la muerte del anterior papa llamado Francisco. Que se haya dictado este luto por la muerte de un jefe religioso dice muy poco de la seriedad aconfesional de este Estado. Como podíamos leer en un artículo reciente: “Lo peor es que el confesionalismo, o nacionalcatolicismo atemperado (pues por fortuna ya no es sangriento), sigue muy vivo en el Estado español, como acaba de demostrar una vez más el Gobierno «progresista» al declarar tres días de luto oficial por la muerte del papa, y como reiterada y públicamente simboliza el muy católico (y por tanto desafiante de la aconfesionalidad constitucional) rey Felipe”.

Este informe de 219 páginas aporta muchos datos y algunos vale la pena destacarlos. Una buena parte hace referencia al conjunto del Reino de España y otra solamente a Cataluña[1]. Las fuentes de los datos son variadas.

Algunas de las conclusiones que se obtienen con los datos son: Una estabilización de la proporción de personas no creyentes, la diferencia (de 10 puntos porcentuales) en la religiosidad entre sexos, y que en Cataluña la mayoría de las personas no religiosas son mayoría. Las dos primeras cuestiones están detalladas en los siguientes gráficos.

Otro dato importante es que entre la población joven son mayoría las personas no religiosas como queda comparativamente reflejado en este gráfico.

La financiación de la Iglesia Católica es un grave problema democrático. Ahora que estamos aún en período de declaración del IRPF, es higiénico recordar que una parte de los impuestos que la ciudadanía paga se destina a financiar a la Iglesia católica. El origen de esta aberración reside en los tratados firmados en 1979 entre el gobierno español y la llamada Santa Sede. No hace falta recordar que se trataba de la continuación del Concordato que tenía el régimen franquista con el Vaticano. Y ni un gobierno de izquierdas de los varios que desde 1979 hasta hoy han gobernado ha revocado esta barbaridad. Ni indicios de hacerlo. Buen momento para recordar que no se debe marcar ninguna de las dos casillas del IRPF, ni la de la iglesia católica ni la de los fines sociales (que en parte también va a la iglesia). El objetivo para cualquier persona laica es la desaparición de ambas casillas del IRPF, mientras que nadie marque ninguna de las dos (de momento, son aproximadamente el 35% de las personas declarantes que ya no las marcan actualmente).

Otro de los datos que constata el mencionado informe es que los matrimonios civiles son la opción mayoritaria. Las Islas Baleares, el País Vasco y Cataluña, por este orden, son las zonas con más matrimonios civiles como queda detallado por Comunidades Autónomas en el siguiente gráfico.

En el Reino de España no se respeta la igualdad de derechos de las distintas personas seguidoras de religiones, como viene siendo repetidamente explicado desde hace décadas. Aquí la católica campa a sus anchas con total preferencia. Pero tampoco las personas agnósticas y ateas tienen sus derechos en igualdad de condiciones que las católicas. Procesiones de Semana Santa con financiación pública, apropiación de un inmenso patrimonio por las inmatriculaciones que la iglesia se ha agenciado por la brava, asistencia de cargos públicos en tanto que cargos públicos (políticos, militares…) a actos religiosos, escuelas católicas financiadas con dinero público, hospitales propiedad de la iglesia financiados con dinero público, etc. etc. Tampoco en Europa los derechos de unos y otros son iguales. Si bien las diferencias entre Francia y el Reino de España en cuanto a laicidad es abismal. En Francia las catedrales son propiedad del Estado, no de la iglesia, y las parroquias son propiedad de los municipios. En el Reino de España hasta la mezquita de Córdoba es propiedad de la Iglesia católica desde 2006 mediante una ley franquista de 1946. Decíamos en un artículo de hace más de tres años: “El laicismo –definido como «un sistema político caracterizado por la exclusión del control e influencia eclesiásticos»– que debería ser la base de la democracia moderna, no existe en Europa. Si la religión es un asunto privado como exige un estado secular, ninguna religión debería recibir fondos públicos”. No es un asunto de segundo o tercer orden de preferencias y de prioridades. Se trata de una necesidad política por muchas razones y una de ellas es el auge de la extrema derecha. La extrema derecha apela a la irracionalidad, es enemiga de la Ilustración, exalta la fe religiosa, combate la razón. Lo suyo es emoción, fe, adhesión incondicional, odio a la libertad sexual, homofobia militante, fuerza, culto a la irracionalidad. Y el odio al laicismo, claro está. La razón es un enemigo a batir por la extrema derecha y por las religiones (y claro, algunas variantes son más brutales y ultramontanas que otras, cosa que parece confundir a más de uno) aunque haya creyentes religiosos partidarios de la razón. Martín Lutero lo dejó diáfanamente dicho, la razón “es la culpable de impedirnos tener una fe perfecta” y “la mayor puta del diablo”. Y el laicismo es razón.

^{Fuente: Sin Permiso - Mayo 2025}