Aunque la respuesta de las autoridades fue –una vez más– el uso de la represión, la protesta se mantuvo, sumándose otras manifestaciones cada vez más masivas que fueron adquiriendo un carácter transversal.  El 17 de octubre por la noche familias enteras ocuparon las calles denunciando la violencia policial, y protestando no sólo por el alza del precio del metro sino por un modelo económico que ha generado enormes desigualdades, enriqueciendo a unos/as pocos/as a costa del empobrecimiento de las mayorías. La indignación es frente a un sistema opresivo, violento y depredador que produce fuertes niveles de endeudamiento, promueve la competitividad y el individualismo extremo, y ejerce una enorme violencia contra cualquier forma de disidencia. El malestar y la desesperación son por las pensiones miserables, por el alza del agua y de la luz, por los altos precios que se pagan por la educación y la salud, por la ley de migración y el trato degradante que se le da a los y las migrantes, por la falta de libertad de las mujeres para decidir sobre el propio cuerpo, por la violencia contra el pueblo mapuche, y por un largo etcétera más.

Chile se rebeló contra el neoliberalismo. Frente a esto el presidente Sebastián Piñera respondió en primer lugar aplicando la ley de Seguridad Interior del Estado heredada de la dictadura cívico-militar de Pinochet. Aunque dejó sin efecto el alza del valor del metro, decretó el Estado de Emergencia, siendo la primera vez desde el retorno de la democracia que esta medida es implementada para enfrentar protestas sociales. El sábado 19 de octubre Santiago amaneció ocupado por contingentes militares provistos con armas de guerra. Pero eso no detuvo al pueblo, sino que aumentó su indignación. En todo el país manifestantes de diversas generaciones salen a protestar, enfrentándose valientemente a la policía y al ejercito. Como respuesta, el general Iturriaga –ahora al mando de la situación– declara toque de queda.

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales repudia el uso de toda forma de violencia represiva, haciendo un llamado al reconocimiento y respeto del legitimo derecho de los pueblos a protestar. Asimismo, defiende enérgicamente la urgencia de terminar con el uso de leyes que limitan las libertades personales, ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas, y criminalización de las luchas políticas. Nos preocupa enormemente la reinstalación de prácticas autoritarias en América Latina que nos muestran las debilidades de democracias como la chilena, que pese a los esfuerzos realizados no han conseguido consolidar relaciones sociales y políticas basadas en la justicia social, la equidad y el respeto de los Derechos Humanos.

Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Centros Miembro de CLACSO en Chile

La Declaración fue aprobada por el CD de CLACSO
en su Sesión Nº 100 en La Habana, Cuba

^{clacso - 21 de octubre de 2019}