En un mes, el gobierno de Mauricio Macri llegará a su fin y el diagnóstico de situación en varias áreas de su gestión no tiene un saldo positivo. En ciencia y tecnología, los científicos han reclamado de manera sistemática por un aumento de presupuesto que permita, al menos, dar pelea a la inflación. Sin embargo, la respuesta fue desfinanciamiento, degradación del ministerio al rango de secretaría, reducción de los ingresos a CONICET y negación del ajuste, entre otras cuestiones que tuvieron como resultado que muchos investigadores buscaran trabajo fuera del país o sostuvieran proyectos con dinero de su propio bolsillo o buscándolo en programas de televisión.

Además de reclamar, la comunidad científica generó diversas instancias de debate y elaboración de propuestas sobre qué políticas habría que implementar para empezar a recomponer el sistema. Uno de los puntos que siempre suele remarcarse tiene que ver con retomar y fortalecer la relación entre el sistema científico-tecnológico y el productivo. TSS habló con especialistas en vinculación para esbozar el estado de situación tras los cuatro años de macrismo, delinear en qué áreas habría que poner mayor énfasis para incentivar esa vinculación y a través de qué herramientas de financiamiento.

“Durante el macrismo, la relación entre el sistema científico y el productivo fue en retroceso porque, por un lado, el sistema productivo se fue achicando en su actividad y, por el otro, de manera acoplada fueron desapareciendo instrumentos de promoción que tenía el ministerio para estimular la actividad innovativa y el encuentro entre ambos sectores. Por lo tanto, lo que queda es una relación basal que no deja más que algunas agendas de trabajo para cuando el financiamiento se reactive, lo que tenemos expectativa que sucederá en breve”, le dijo a TSS Darío Codner, secretario de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

Una generadora de herramientas para incentivar el puente ciencia-industria es la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La “Agencia” se creó en 1996 con dos instrumentos: el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) y el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR). Durante el período de los gobiernos kirchneristas se incorporaron dos más: el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), en 2004, y el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), en 2009.

Durante el Gobierno anterior se había creado un fondo sectorial enfocado en el desarrollo de I+D para el sector eólico nacional, a través del FONARSEC. Sin embargo, tras la llegada de Cambiemos al poder se lanzó el programa Renovar, que fomentó la compra de tecnología importada con arancel cero.

El economista Fernando Peirano, quien fue subsecretario de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del ex MINCYT (2011-2015), le dijo a TSS: “La ANPCYT ha sido una de las instituciones que más ha sufrido durante estos años y tuvo un fuerte recorte en sus fondos. Hoy opera a un 25% de la capacidad que supo tener en el período 2011-2015. También ha sufrido por la salida de recursos humanos muy bien formados que eran el corazón de su reconocido sistema de evaluación. Además, perdió instrumentos: en 2019 dejó de existir el FONSOFT y en 2018, los Aportes No Reembolsables (ANR), subsidios que estimulaban el desarrollo de proyectos de innovación en las pymes. Frente a todos estos retrocesos, no se permitió nunca que el directorio de la Agencia haga valer su opinión. Se impuso un ajuste, atropellando la institucionalidad”.

El desfinanciamiento a la vinculación y transferencia también afectó líneas estratégicas que se habían creado antes del 2015. Diego Hurtado, profesor de la UNSAM e integrante del directorio de la ANPCYT entre 2014 y 2017, sostuvo: “Hay un proceso de reversión de lo que se venía haciendo, como sucedió con la negación desde el primer momento del Plan Argentina Innovadora 2020, donde había 34 núcleos socioproductivos estratégicos que se abandonaron por el establecimiento de nuevas líneas cuando el Gobierno cambió”. Hurtado pone el ejemplo del sector eólico, en el que durante el Gobierno anterior se había creado un fondo sectorial enfocado en el desarrollo de I+D para el sector eólico nacional, a través del FONARSEC. Sin embargo, tras la llegada de Cambiemos al poder, se lanzó el programa Renovar, que fomentó la compra de tecnología importada con arancel cero.

Áreas prioritarias

Además de la pérdida de instrumentos de financiamiento, el gobierno de Mauricio Macri deja un proceso acelerado de desindustrialización que impactó especialmente en las pymes, sector que genera más del 70% de los puestos de trabajo. Por eso, Hurtado considera que habría que priorizar instrumentos que vayan a ese sector. “Sería bueno implementar políticas que podríamos llamar de extensión industrial. Hay que tener en cuenta que a una pyme no se le transfiere tecnología de la misma manera que a grandes empresas. Por ejemplo, las pymes metalmecánicas vinculadas con el sector automotriz son un perfil de empresas muy heterogéneas, entonces es difícil pensar políticas. El concepto de extensión industrial permitiría poder asistir a pequeños grupos de empresas vinculadas con sus territorios y las economías regionales”, indica.

Hurtado también pone énfasis en atender el polo productivo vinculado a INVAP, la empresa estatal rionegrina que destaca en el sector nuclear, espacial y eólico; y la recuperación de industrias como la naval, con Astilleros Río Santiago, y la aeronáutica, con FADEA. Por otro lado, apunta a dos sectores que considera relevantes, como la biotecnología y el software.

“Durante el macrismo, la relación entre el sistema científico y el productivo fue en retroceso porque, por un lado, el sistema productivo se fue achicando en su actividad y, por el otro, de manera acoplada fueron desapareciendo instrumentos de promoción”, dice Codner.

Para Peirano, el vínculo entre la generación de conocimiento y su aplicación en el ámbito de la producción tiene que sofisticarse. “Algunos creen que es un problema de distancia o de falta de información. Entonces, proponen soluciones similares a una suerte de Tinder de la innovación. A mi modo de ver, se necesitan desarrollar nuevos modos de articulación y nuevos actores. Los centros tecnológicos son un ejemplo de esos eslabones ausentes en nuestro sistema. Las empresas públicas de base tecnológicas, o mixtas, también son otros actores que necesitamos para completar ese espacio entre el conocimiento y la resolución de problemas productivos y sociales. Deberíamos plantearnos tener diez empresas como INVAP que cubran temas vinculados con salud, energía, ambiente, transporte, alimentos y también, por qué no, educación”, afirma. El economista señala que estos desafíos necesitan de enfoques multidisciplinarios y que las ciencias sociales deberían tener un rol fundamental en esa tarea.

La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Santa Fe, Érica Hynes, destaca una serie de temas que considera estratégicos a la hora de fomentar el vínculo entre el sistema científico y el productivo. “En Santa Fe, hemos identificado temas que podrían aplicarse también en gran parte del país. Uno es el de Economía 4.0. Hoy en día, las maquinarias no van por separado del software, son un solo negocio. Entonces, desarrollamos un laboratorio de TICs en el que se puedan imbricar los conocimientos que hay en el sistema científico. También trabajamos mucho en el área de bioeconomía y la explotación de recursos en términos sustentables del Río Paraná. Para eso, trabajamos con el Acuario de Río Paraná, que surgió a partir de un laboratorio de investigación en genética de peces y se transformó en un proyecto de diálogo permanente con la sociedad y la industria”, contó.

Hynes considera que otra prioridad debería ser la mirada de género. “Las mujeres son minoritarias en el empleo industrial. Esto se ve mucho en las plataformas de innovación y polos tecnológicos donde las emprendedoras son excepciones. En general, el Estado les ofrece capacitaciones y trabajos en áreas como la gastronomía, peluquería y costura. En Santa Fe trabajamos en la perspectiva de género desde hace varios años, también mediante subsidios. Esperamos que, en el futuro, el Ministerio de Ciencia haga hincapié en este aspecto, que tiene impacto en los negocios tecnológicos y en los empleos del futuro”.

Más allá de la Agencia

De cara al cambio de la gestión en Ciencia y Tecnología, ¿qué políticas e instrumentos de financiamiento podrían implementarse para mejorar la vinculación entre el sistema científico y el productivo? Hynes opina: “El Estado tiene que innovar en los instrumentos de políticas porque sin eso es imposible hacer una modificación de las prácticas que tiene el sistema científico, por un lado, y el sistema productivo, por el otro. Habría que aplicar una serie de acciones que apunten a que innovar sea un negocio para las empresas y que a los investigadores les sirva para su carrera”.

“El Estado tiene que innovar en los instrumentos de políticas porque sin eso es imposible hacer una modificación de las prácticas que tiene el sistema científico”, dice Hynes.

Codner coincide en que es necesario modificar el esquema de incentivos con una perspectiva más federal: “Creo que cada provincia debería tener su agencia de promoción científico-tecnológica y de innovación, y que sean esas agencias las que compitan por recursos de la Agencia nacional. De esta manera, las agencias provinciales serían las que salgan a buscar los mejores proyectos, aprovechando el conocimiento que tienen de sus territorios. Lo que hay que intentar cambiar, entonces, es la idea de que son los investigadores o las empresas las que tienen que ir y competir por los recursos, como si la Agencia fuese un banco. Esto va a generar nuevas formas de competir”, apunta.

Para Peirano, es importante articular mejor el espacio de la promoción de la innovación, con el sistema financiero y bancario. Para eso, considera necesario sumar al menú de opciones el crédito fiscal (devolución de impuestos a quienes invierten en I+D) y las compras públicas (usar la demanda del sector público para estimular nuevas ofertas de bienes y servicios). “En la Argentina nos quedamos muy por detrás de las experiencias que hoy son el centro de atención en otros sistemas, como los proyectos orientados por misiones. Tenemos que trabajar para que otros ministerios, además del MINCYT, se comprometan con la I+D y hagan de la ciencia y la tecnología herramientas para cumplir con sus objetivos”, agrega.

Hurtado señala que las políticas de articulación no pueden descuidar a un actor fundamental y federal: las universidades. “Tenemos un sistema de 57 universidades públicas que son fundamentales para la faceta de extensión industrial gracias a su enclave territorial. También hay que aprovechar el conocimiento del INTA y federalizar el INTI para que vaya en la misma dirección. Hay que pensar de manera sistémica pero, según los diagnósticos que pudimos hacer en estos cuatro años, creo que van a ir surgiendo muchos instrumentos interesantes”, sostuvo.

^{Agencia TSS (UNSAM) - 7 de noviembre de 2019}