Y lo que es aun peor, dando espacio a pasivos contingentes por volúmenes sombríos. Algo así como 200 mil millones de dólares, un potencial nuevo default gigantesco, esta vez real y cabal, que restringirá los grados de libertad futuros de la política económica. Todo ello, en teoría, apenas para dejar las cuentas en cero. Pero lo más sorprendente es que estos hechos de gravedad inusitada ocurran frente a la pasividad general, cuando lo que está en juego tiene dimensiones que trascienden el espacio temporal de un gobierno e involucra a varias generaciones.

Frente a la magnitud de los hechos, resulta de utilidad dejar de lado por un momento la inevitable indignación y las apelaciones soberanistas, para concentrarse en los hechos mismos, los que fueron expuestos esta semana en las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y que delimitaron la naturaleza y los riesgos de la operatoria. También su carácter aislado de un plan económico más general, del que se supone todo endeudamiento debería ser parte, y su potencial insustentabilidad de largo plazo. Los hechos principales son cuatro y son tratados aquí desde una perspectiva macroeconómica antes que estrictamente jurídica:

* Volumen del endeudamiento y pasivos asumidos. ¿Cuánto se le debe a los “holdouts”? ¿11, 12, 15 mil millones de dólares? ¿La cuenta quedará en cero? ¿Por qué unos cobran 10 veces el valor nominal de la deuda, otros 5 y otros 1,5? ¿Son todos los que están? ¿Por qué se paga hasta las costas de los abogados buitre desde el principio de la historia y según la tarifa determinada por ellos mismos? Sobre todo esto se debatió en la Comisión y lo único que quedó claro fue que los negociadores argentinos no están operando con plata propia. Cualquiera sea la valoración, el resultado es que se emitirá deuda por unos 15.000 millones de dólares, que cerca de 12.000 irían directamente a la cuenta de los buitres y que quedará un margen por las dudas. Quedó claro también que el único norte no fue la defensa del patrimonio público por parte de funcionarios que se jactan de viajar en aviones de línea o de almorzar comida rápida para ahorrar viáticos, sino la máxima voluntarista de “hay que arreglar” porque “el taxi” sigue corriendo y la justicia estadounidense tiene gran capacidad de boicot sobre los pagos de la deuda en forma.

* Pasivos contingentes. Ninguno de los defensores de la necesidad de aceptar el acuerdo fue capaz de dar certeza sobre la no aparición de nuevos juicios. Primero, porque los acuerdos traídos por la Alianza PRO no alcanzan a la totalidad de la deuda no regularizada, sino, en el mejor de los casos a sólo dos tercios, por lo que el tercio restante podría alimentar buitres nuevos. Segundo, porque si bien la cláusula RUFO cayó el 31 de diciembre de 2014, la sentencia neoyorquina ocurrió cuando estaba vigente, lo que podría habilitar reclamos de los tenedores que sí aceptaron los canjes. Los especialistas sostuvieron que técnicamente tal probabilidad es realmente muy baja; pero también era bajísima la posibilidad de que la regla pari passu sea interpretada exactamente al revés, como lo hizo el juez Thomas Griesa, increíblemente reivindicado en la Comisión por el economista massista Guillermo Nielsen “por su actitud constructiva”. En materia de deuda externa en juzgados neoyorquinos no existe seguridad jurídica alguna. La Justicia estadounidense ya demostró que puede fallar cualquier cosa.

* Promesa de menores tasas. Dejando otra vez de lado las admoniciones moralistas del tipo “las deudas se pagan” o “perdiste un juicio en la justicia que vos elegiste”, el núcleo económico de las argumentaciones escuchadas en la Comisión fue la promesa de que, si se limpian todos los reclamos de los acreedores más litigiosos, el país podría conseguir mejores tasas de interés para tomar aún más deuda. No está claro si estas menores tasas comenzarán a operar ya en la primera emisión para saldar a los buitres. Puede adelantarse que no. Y también que la secuencia posterior será bien distinta. No hace falta tener la bola de cristal, ni develar arcanos, ni ser poseedor de saberes sofisticados, sólo alcanza con mirar la historia reciente. Las promesas de que, en caso de allanarse a las imposiciones de los acreedores, se conseguirían zanahorias tales como el “grado de inversión” fueron una constante en la economía local hasta el estallido de 2001. Fueron el leit motive del blindaje y del megacanje de enero y junio de aquel año, respectivamente. También la excusa para aplicar las medidas de ajuste más draconianas y absurdas porque “las piden los organismos”. No funcionó antes y no funcionará ahora por múltiples razones. La primera es que enfrente se encuentra el poder financiero transnacional, gran especialista en correr el arco. Una vez que se haya pagado a los buitres, y suponiendo que no aparezcan los pasivos contingentes, se pedirán nuevos reaseguros. De cajón; un programa con el FMI. Entrar en esta secuencia, como también enseña la historia, es someterse a una concatenación sin fin de ajustes y recesión, con nuevas deudas y privatizaciones. Hoy se está en la antesala. Y esta secuencia es el mejor de los casos. También podría ocurrir que “los mercados” adviertan que tras la emisión multimillonaria de nueva deuda, la solvencia del país empeore antes que mejorar, lo que conduce directamente al último hecho.

* Sustentabilidad del endeudamiento. Ya hoy la economía local tiene un problema de restricción externa que limita su crecimiento. El nuevo endeudamiento significará afrontar nuevos pagos en divisas, por intereses y capital. La única manera de que no se agraven los problemas de balance de pagos, y de solvencia, es que el nuevo endeudamiento genere o ahorre los dólares necesarios para su futuro repago. Ya se sabe que no será así en el caso de los recursos del pago a buitres, que directamente no ingresarán al país y sólo estarían comprando la promesa de las supuestas menores tasas. Tampoco hay proyectos generadores de divisas para la nueva deuda posterior, cuya tasa de repago también se desconoce. Luego, que el destino del endeudamiento sea morigerar déficit es un despropósito, incluso teórico. El difuso Plan Belgrano de infraestructura es por ahora sólo una promesa, pero además, la infraestructura, con la excepción de la generación energética, no genera ni ahorra divisas. Nótese que también durante el gobierno de la Alianza UCRFrepaso los blindajes y megacanjes se anunciaron en paralelo con el nunca concretado “Plan Federal de Infraestructura”.

A la luz de los hechos, parece existir una sociedad zombi, sin memoria, que avanza en silencio y sin reacción, pero persistente, hacia un nuevo precipicio. El acuerdo con los fondos buitre que propone la Alianza PRO conduce con pocas escalas a un lugar conocido: los brazos de las finanzas globales, el imperialismo financiero; un mundo tenebroso para el patrimonio público y las condiciones de vida de los trabajadores. Los antípodas del desarrollo.

Suplemento CASH de Página/12 - 13 de marzo de 2016