Acciones poco eficientes
Ernesto Pastrana* y Verónica Di Francesco**

Las villas de emergencia, en sus inicios, a mediados del siglo XX, fueron una de las estrategias habitacionales llevadas a cabo por los migrantes internos, que se trasladaban a la ciudad atraídos por la demanda de mano de obra, producto del proceso creciente de industrialización. En la actualidad la fisonomía de la población residente ha cambiando. Conviven en ellas trabajadores urbanos que no acceden en su mayoría al mercado laboral formal, junto con los inmigrantes de países limítrofes.

La población en las trece villas de emergencia de la ciudad presentó un crecimiento del 77 por ciento en los 10 años transcurridos entre el censo de 1991 y el de 2001, llegando a la cifra de 93.000 habitantes. En tanto, cinco años después, según datos de la Encuesta Anual de Hogares, la población ascendía a 125.000. Estimaciones de fuentes no oficiales calculan que viven actualmente en ellas más de 150.000 personas.

La gran mayoría de estos asentamientos están ubicados en la zona sur de la ciudad, con excepción de las villas 31 y 31 bis, ubicadas en la zona de Retiro y, si se considera como villa, el asentamiento Rodrigo Bueno, lindero a la Reserva Ecológica. En la Comuna 8 (V. Soldati, V. Lugano y V. Riachuelo) del total de hogares un 21 por ciento reside en los referidos asentamientos, mientras que en la Comuna 4 (La Boca, Barrancas, Parque Patricios y N. Pompeya) el 11 por ciento.

A partir de la crisis de 2001 se extiende notablemente la pobreza y una de sus manifestaciones es no solamente el crecimiento de población en las villas, sino la aparición de los denominados “nuevos asentamientos urbanos”. Estos pueden ser conceptualizados como asentamientos intersticiales, en tanto se implantan en aquellos espacios vacantes dispersos en distintos puntos de la trama urbana: a la vera de las vías del ferrocarril, debajo de las autopistas, en terrenos baldíos y plazas.

La Defensoría del Pueblo de la ciudad ha identificado 30 de estos asentamientos en 2007, siendo una cifra aproximada dada la ausencia de otras estadísticas oficiales. Presentan una precariedad extrema en sus construcciones, carecen de los servicios más elementales y se encuentran sobre terrenos inadecuados, peligrosos e insalubres para las familias que los habitan. Son de cierta forma “funcionales” para las familias que se dedican a la actividad del cartoneo porque facilitan la realización de las tareas que ello implica.

El crecimiento de la población residente en villas se manifiesta más que en su extensión territorial, en su densificación, que se presenta no sólo en el aumento del hacinamiento, sino en un desarrollo de las construcciones en altura, en especial en la Villa 31. Un fenómeno que se ha ido incrementando en los últimos años, sobre todo en la villa mencionada, es el desarrollo de un mercado informal de alquiler y de compra-venta de piezas y/o viviendas. De tal forma, se absorbe la demanda de aquellos sectores sociales que no pueden acceder a otro tipo de vivienda, por ejemplo, al arriendo de piezas en inquilinatos y hoteles y pensiones.

La acción del Estado hasta 1984, en gobiernos constitucionales o de facto, tuvo como objetivo la erradicación de las villas con algún tipo de solución habitacional, a excepción de la última dictadura militar, que expulsó violentamente a la casi totalidad de los habitantes residentes en este tipo de asentamientos. Con el retorno de la democracia se plantea la radicación de la población mediante la urbanización de las villas, a fin de integrar física y socialmente los asentamientos precarios y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En los últimos años las principales líneas de intervención pueden ser resumidas en construcción de infraestructura urbana, equipamiento comunitario, regularización dominial y del tejido urbano, que en algunos casos incluye la construcción de viviendas individuales y/o colectivas.

Respecto de los nuevos asentamientos las acciones que se han desarrollado, con el fin de que las familias residentes abandonen el predio ocupado, consisten, principalmente, en la entrega de magros subsidios monetarios.

La política habitacional no puede escindirse de un contexto económico marcado por la exclusión social, el desempleo y la precariedad laboral, que dificulta o impide el acceso a una vivienda digna a cada vez mayores sectores de la población. Sin embargo, las acciones desarrolladas por el Estado en las villas han sido y son poco eficientes en cumplir los objetivos propuestos. La situación merece un abordaje distinto, que no sólo se agota en brindar paliativos sino que requiere de políticas tendientes regular el funcionamiento del mercado habitacional privado y el desarrollo de programas públicos de viviendas dirigidas a los sectores sociales que con sus propios recursos no pueden acceder a una vivienda digna.

*Docente e investigador UBA y Untref.
**Lic. en Sociología - Docente UBA.

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Inequidad creciente
Luis Ainstein*

En el período 1970-2001 la dinámica poblacional de la aglomeración Buenos Aires dista de evidenciar particular entidad comparada en el escenario nacional. En efecto, a partir de 1970 comenzó a quedar atrás el largo período en que su crecimiento superaba ampliamente al de la Nación. Lo que en cambio comienza a adquirir creciente significación son las modalidades en que se reestructura su configuración interna, y muy particularmente las asociaciones que la misma representa frente a la disponibilidad de servicios urbanos esenciales.

Así, la Ciudad de Buenos Aires (CBA) ha resultado estacionaria en torno de los tres millones de habitantes. Pero, en función del crecimiento de la aglomeración, su participación relativa ha ido descendiendo del 36 al 24 por ciento entre 1970 y 2001. Por su parte, el nivel de participación de cada una de las coronas en que suele diferenciarse el sector conurbano ha resultado ser sede de proporciones diversas del crecimiento en el período 1970-1991: la primera ha explicado el 23 por ciento del mismo, la segunda el 40 por ciento, y la tercera el 33 por ciento. Por fin, en el período 1991-2001 se intensifica la pérdida de población de la CBA –que supera el 6 por ciento de su propia base poblacional–, en tanto que la primera, segunda y tercera coronas explican respectivamente el 12, 39 y 49 por ciento del crecimiento, revirtiendo los órdenes de variación relativa preexistentes.

En tal contexto, un conjunto de siete municipios del conurbano –Almirante Brown, ex E. Echeverría, ex G. Sarmiento, F. Varela, Merlo, Moreno y Tigre– constituían un agrupamiento en que se verificaban de manera simultánea una serie de rasgos problemáticos: maximización del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas así como de su propia tasa de crecimiento demográfico, y minimización de las dotaciones de servicios sanitarios centralizados.

Si consideramos la dinámica poblacional interna de la CBA en el mismo período podemos observar que 15 de los 21 distritos escolares han mantenido el sentido –positivo o negativo– de su variación poblacional. Así, los sectores al Norte y al Sur de la avenida Rivadavia habían crecido y disminuido su población 2,8 y -5,5 por ciento respectivamente, en un marco apenas regresivo de la ciudad en su conjunto del 0,24 por ciento.

Al analizar la dinámica de poblamiento de las áreas de influencia directa de las líneas D y E de subtes –seleccionadas por su representatividad de sectores contrapuestos de la ciudad– podemos señalar situaciones bien diversas: el subsector Norte en su conjunto incrementó su población el 2,8 por ciento y el corredor de la línea D creció el 8,6 por ciento. Tal circunstancia denota, entre otros factores, el interés que comportaba la conectividad urbana provista por tal servicio. En cambio, el caso del subsector Sur ha configurado un escenario bien distinto: en tanto el mismo tuvo una pérdida de 5,5 por ciento, la disminución población en el corredor de incidencia directa de la línea E alcanzó un valor negativo de 12 por ciento.

Los dos tipos de fenómenos mencionados constituyen un reflejo nítido de la magnitud de los procesos de diferenciación socioterritorial en curso en la aglomeración: no solamente la población ha sido incapaz de constituir residencia en los sectores mejor dotados de servicios esenciales de saneamiento, sino que parte de aquella que oportunamente lo hacía en áreas con cobertura generalizada de tales servicios y de transporte subterráneo, ha debido abandonarlos, para pasar a habitar ámbitos de dudosa condición urbana.

Estos procesos resultan altamente trascendentes no solamente en relación con los sectores poblacionales directamente involucrados, sino, más en general, en relación a los niveles de eficiencia y equidad globales urbanos. En relación a lo primero, múltiples rasgos resultan implicados. Con relación a la carencia de servicios sanitarios resultan trascendentes los impactos ambientales locales y globales –depredación de recursos hídricos; contaminación de agua, suelo y aire; perturbación de la red de desagües pluviales– entre otros.

En relación a la pauta de creciente dispersión territorial del aglomerado, que resulta en la falta de utilización cabal de sus ámbitos y servicios de mayor nivel de centralidad, resultan maximizados los costos de las redes y servicios infraestructurales y de equipamiento, los costos y tiempos de viaje, los impactos ambientales generados por los servicios de transporte automotor, y la inducción al crecimiento en la tasa de participación modal del automóvil privado.

Con relación a la dinámica de la inequidad global urbana, puede inferirse que la misma atraviesa un período de creciente incentivación, a través del incremento en el nivel de diferenciación tanto de las intensidades de cobertura de los servicios sanitarios de las diversas jurisdicciones municipales, cuanto de las condiciones de movilidad física de sus diversos grupos poblacionales.

*Profesor / Investigador de Fadu - UBA.

Fuente: [color=336600] Página/12 - 12.01.2009[/color]