Argentina requiere una política integral de investigación científica y gestión tecnológica, ya que de ello se trata el ministerio creado. La estructura de una política en este campo no puede reducirse a la existencia de avances en algunas áreas de investigación, a problemas de financiamiento o a la crítica a supuestos errores metodológicos de algunos científicos. Lo fundamental es, primero, la presencia de un diagnóstico integral acerca del potencial científico, su relación con el desarrollo tecnológico y el de éste con las necesidades reales de la población. Segundo, es necesario establecer objetivos claros que articulen aspectos jurídicos, educativos, económicos, culturales, ambientales, éticos; en suma, sólo puede haber política científica si el equipo a cargo tiene conciencia de que la política es una actividad social y que lo social supone la construcción de un lazo de integración. Tercero, es menester explicitar objetivos claros relativos a la articulación estratégica a nivel geopolítico. No es posible pensar políticas independientes de alianzas estratégicas, lo contrario supone la subordinación incondicional a los poderosos de la tierra. El lugar de Argentina en la región depende en buena medida de su política científica. Surgen entonces preguntas: ¿cómo?, ¿con quiénes y con qué objetivos se aliará Argentina en este aspecto?, ¿o no lo hará y se subordinará al orden hegemónico? La respuesta a estos y otros interrogantes es necesaria para no reemplazar la política por la gestión –estrategia neoliberal– que reduce cualquier ministerio –más allá de la voluntad individual que suele ser arrastrada por la fuerza de las cosas– a un destacamento de la voluntad de empresas transnacionales que no han demostrado ser protectoras del medio ambiente, la salud, la justicia o la calidad de vida humana.

En lo referente al valor del conocimiento científico me atrevo a disentir con cualquier enunciado que afirme que es necesario “colocar al país como contribuyente al avance del conocimiento universal”. A poco que se revise la bibliografía y documentos internacionales se encuentra que la ciencia ha dejado de ser patrimonio de la humanidad –si es que lo fue alguna vez–. Todo indica que desde hace varias décadas el esquema de política científico-tecnológica dominante consiste en que la demanda del mercado –empresas transnacionales– condiciona las líneas de desarrollo tecnológico y éstas, los avances en investigación aplicada y básica. Los laboratorios públicos suelen desarrollar investigaciones de alto costo que luego son utilizadas por grandes empresas en la faz de desarrollo tecnológico, cuyo resultado es la producción de mercancías. A menudo, los grandes consorcios articulan alianzas estratégicas destinadas a investigaciones científicas en la etapa precompetitiva. Sostener hoy que la ciencia es patrimonio de la humanidad es no ver el rol geopolítico que tiene. Es no reconocer el lugar que cumple en la constitución de la calidad y cantidad de población trabajadora requerida –y expulsada– a nivel mundial. Es olvidar su rol en la profundización de la brecha entre los países llamados “desarrollados” y los denominados “emergentes”. La ciencia no es “patrimonio de la humanidad”, es el insumo fundamental del paradigma sociotécnico hegemónico, que tiende a aumentar la pobreza y la desigualdad entre países y entre sectores dentro de un mismo país.

El financiamiento no puede ser resuelto por entidades internacionales como el BID, pues ello cuestiona la posibilidad de una estrategia que apunte a un desarrollo endógeno con miras al bienestar de la población y a la alineación estratégica del país en la región. Con respecto a la estructura de los proyectos, es menester analizar su pertinencia a partir de la articulación integral arriba aludida; es urgente abandonar métodos de evaluación fundándose en la cantidad de papers producidos o en la edad de los investigadores, ello comporta una simplificación característica del proceso de privatización y mercantilización de la ciencia ocurrido en los últimos decenios, cambio que llevó a “medir” la eficacia científica en función de una serie de dudosos indicadores. Hay abundante bibliografía y documentación internacional que muestran lo falaz de estas mediciones, impulsadas por organismos internacionales para propiciar un cambio en las políticas científicas y en su relación con la sociedad. Mutación que, a nivel mundial, ha transformado las políticas de los llamados “países emergentes” en una mera gestión que los ha subordinado a un orden internacional que produce día a día pobreza, destrucción del medio ambiente y muerte.

En lo concerniente a las cuestiones de metodología, tal como lo han señalado destacados investigadores, ellas han sido objeto de antiguos debates y no resulta plausible sostener un criterio de legitimación de los enunciados científicos basado en la pura “verificación empírica”, que ni aun los más encumbrados investigadores positivistas del siglo XIX aceptaron –para ello basta leer algunas tesis de egresados de la UBA en ese período–. Sobre el lugar de la ciencias sociales, estimo necesario superar un análisis somero basado en sus métodos; por el contrario, es menester reflexionar sobre el hecho –no carente de antecedentes históricos– de que, partiendo de definiciones metodológicas que reducen el saber a la “pura empiria”, se somete la tarea de estas ciencias a un “análisis de casos” o a la formación de “técnicos” y se olvida la importancia de la elaboración estratégica de teorías, por complejas que ellas puedan resultar. Al fin de cuentas, lo humano es profundamente complejo. Definiciones en materia de política científica es lo que nuestro país requiere.

*Susana Murillo es Doctora en Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires (UBA) Magister en Política científica (UBA). Profesora en Filosofía. (UBA). Licenciada en Psicología (UBA). Profesora Titular en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Becaria Senior de CLACSO (2005). Directora de investigación en el Programa UBACyT de la UBA. Miembro de la Comisión de la Maestría de Políticas Sociales de la UBA.

Fuente: Página 12 – 04.03.2008

Informe del Banco Mundial - "La enseñanza superior. Las lecciones derivadas de la experiencia"