Un informe del sector privado elaborado pocos meses atrás sobre la situación de la producción de petróleo y gas en Argentina, que recoge además el aporte de algunas de las principales compañías que operan en Vaca Muerta, advertía sobre “los cambios de política económica” que debería implementar Argentina “para lograr financiamiento externo” para sus planes de desarrollo en el área de hidrocarburos. “Argentina debe cambiar su política económica integral para atraer a las empresas y al capital y financiamiento externo que se requieren”, llega a plantear en una de sus conclusiones el citado documento. “La explotación de recursos no convencionales es la única oportunidad de la Argentina de recuperar el autoabastecimiento hidrocarburífero”; (pero) “los inversores no van a regresar a corto plazo si previamente no se da un ambiente suficientemente claro y estable para hacer importantes desembolsos”, advertían a su vez los principales ejecutivos de cinco de las principales compañías que ya operan sobre aquella formación geológica neuquina. Esas consideraciones se formulaban y compartían allá por mediados del primer semestre de este año, al mismo tiempo que YPF buscaba cerrar su acuerdo con la norteamericana Chevron para su participación en el desarrollo y exploración del área General Mosconi, con una inversión inicial de 1240 millones a entero riesgo de sus resultados. Chevron, lógicamente, no estaba entre las firmas que participaron con su opinión de aquel documento. Pero además el acuerdo que firmó nada tiene que ver con las pretensiones y condiciones que el señalado informe transmitía. Los detalles y consideraciones de aquel estudio marcan además una referencia sobre la opinión de aquellos que antes hacían lobby a favor de las petroleras acusando al Gobierno de “caerse del mundo” con su política energética, y ahora acusan al mismo Gobierno de “entregar la soberanía” por un acuerdo que poco se acerca a las concesiones que esas mismas voces reclamaban para “atraer al capital extranjero”.

El informe elaborado por especialistas privados en colaboración con altos directivos de petroleras que operan en Vaca Muerta, comentado en la nota principal, señalaba como justificación para la resignación de políticas económicas y de normas regulatorias y medioambientales, que la producción no convencional (shale), sólo “en la primera etapa de exploración y desarrollo del plan piloto, requiere una inversión hoy estimada entre 1000 y 1500 millones de dólares, para la ejecución de aproximadamente 100 a 150 pozos durante un plazo de tres a cinco años”.

El acuerdo que firmó YPF con Chevron compromete a esta última a participar del plan piloto en el área General Mosconi, para la perforación de 90 a 100 pozos en 12 a 18 meses, con una inversión conjunta de 1500 millones de dólares, de los cuales 1240 van por cuenta de Chevron. Una coincidencia casi absoluta con las proyecciones del informe privado, salvo en dos puntos: el acuerdo de YPF señala un plazo mucho más corto del plan piloto y, además, se alcanzó sin conceder ni una sola de las pretensiones que el informe privado de hace cuatro meses sugería como “imprescindibles para atraer capitales”.

Chevron es la segunda petrolera del mundo. No viene a la Argentina para sacar ventaja con la supuesta disponibilidad del 20 por ciento de la producción, como critican algunos sin conocer el tema. Para Chevron, eso no es nada. Su interés es conocer si Vaca Muerta tiene el potencial que le asigna el Departamento de Energía de Estados Unidos, que lo coloca como el cuarto yacimiento del mundo en petróleo no convencional. Arriesga 1240 millones de dólares para saber, dentro de 18 meses, si hay indicios de una explotación importante. Y en cinco años si hay resultados de extracción a través de la perforación de 900 pozos. El desarrollo total del área General Mosconi demanda 26.500 millones de dólares a lo largo de 35 años. A eso apunta Chevron, a estar presente en ese desarrollo si el área le interesa.