Desde 1823, Estados Unidos ha intervenido, invadido, ocupado, vulnerado y avasallado la soberanía de casi todos los países de América Latina y el Caribe. Lo ha hecho mediante decenas y decenas de operaciones militares directas o de operaciones de inteligencia, con la complicidad de grupos de poder local, la derecha y la ultra derecha de nuestros países, que han provocado golpes de Estado, el derrumbe de gobiernos constitucionales y una permanente fragilidad democrática en una región que ha sido tratada siempre como el patio trasero de un imperio prepotente y autoritario.

Estudioso y antiguo conocedor de los procesos de cambio latinoamericanos, Monedero responde a las inquietudes más comunes desatadas por el proceso encabezado por Maduro en Venezuela, Asamblea Constituyente incluida.

Las guerras del Siglo XXI tienen la particularidad de parecerse a las movilizaciones por derechos ciudadanos.  La larga experiencia del Pentágono en intervenciones y políticas de disciplinamiento en todos los continentes y en todo tipo de situaciones, ha llevado a concebir las guerras de maneras muy distintas a las empleadas, con mayor o menor éxito, en épocas pasadas (tan cercanas como las del último Siglo XX).

Siguiendo el guión pautado por los expertos y estrategos de la CIA especializados en desestabilizar y demoler gobiernos, en Venezuela la contrarrevolución produjo un “salto de calidad”: del calentamiento de la calle, fase inicial del proceso, se pasó a una guerra civil no declarada como tal pero desatada con inusual ferocidad.

En el actual ciclo corto de arremetida restauradora, en países como Venezuela, Bolivia o Ecuador, nace una prioridad estratégica: aprender a resistir desde la responsabilidad de tener que gobernar. En Argentina, no se logró a tiempo. En Brasil, por otras razones, tampoco. No se supo resistir desde la condición de gobierno a todos los embistes que vinieron: económicos, judiciales, mediáticos.

La iniciativa de expulsar, o suspender, a Venezuela del Mercosur viola la normativa de esa institución. No hay nada en el Tratado Constitutivo del Mercosur ni en los Protocolos de Ushuaia y de Montevideo (Ushuaia II) que contienen la así llamada “cláusula democrática” que justifique semejante medida.

El Comité Directivo y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, reunidos en Caracas, los días 6 y 7 de noviembre de 2016, expresan su más enfático y expresivo apoyo al pueblo venezolano y al diálogo democrático que se ha iniciado en el país.

En el caso de la adecuación normativa, la República Bolivariana de Venezuela ha incorporado alrededor del 85,0% de las normas que debe y puede incorporar. Esto es un desempeño importante, si se considera que Venezuela tenía que hacer en 4 años lo que el resto de los miembros del Mercosur han incorporado durante los 25 años que tiene de existencia el bloque de integración. ¡25 años contra 4 años!

Todo es ilegal. Las reuniones realizadas por miembros del Mercosur, sin la presencia de Venezuela; la imposición de la categoría “Estados Fundadores” ahora matizada con el eufemismo “Estados Parte signatarios del Tratado de Asunción”; el mecanismo colegiado para el funcionamiento del Mercosur; la calificación de “vacancia” de la Presidencia Pro Témpore (PPT);  las decisiones que incluyen un ultimátum a Venezuela, al imponerle un plazo (1º de diciembre) para que adecúe la normativa, basada en la amenaza de despojarla de su condición de Estado Parte; la repartición de las negociaciones del Relacionamiento Externo (Unión Europea, Alianza del Pacífico, entre otros).

Es imposible negar la crisis actual del país, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, la inflación, la inseguridad, como tampoco la crisis dentro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero es la cartelización político-mediática internacional configurada la que reproduce contenidos mediáticos homogéneos sobre Venezuela y nos ofrece un mapa selectivo de la realidad venezolana, lejos de la realidad misma.