Fundaciones que se apropian de la palabra “libertad” reúnen a la derecha más granada. Los “golpes blandos”, que han afectado a Venezuela, Argentina, Honduras o Ecuador, sin fuerzas militares a la vista pero con la ofensiva de poderosos medios informativos y presiones sobre la economía, tienen origen y entramado común.
La entrega del agitador ultraderechista Leopoldo López en Caracas el pasado martes 18 fue escenificada mediáticamente para desviar la atención de los graves atentados que impulsó siguiendo la estrategia de “revolución pacífica” y utilizando francotiradores para crear el caos.
“Nosotros tenemos que ser los constructores de la paz, seguir resistentes”, expresó este miércoles el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en rechazo a la violencia promovida por grupos de la derecha. Para deslegitimar la propaganda opositora, subrayó que “llegó el momento de la paz”.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró el mismo miércoles 19 que en su país la democracia está amenazada por una alianza conformada por la extrema derecha latinoamericana y mundial. “Los procesos de desestabilización recaen siempre sobre gobiernos progresistas”, agregó. “Miren con detenimiento lo que está pasando en Venezuela y Argentina”, añadió.
El 28 de junio de 2009 había sido derrocado en Honduras el presidente constitucional y democrático Manuel Zelaya. En esa ocasión, Correa había definido el hecho como una “prueba piloto”. El 22 de junio de 2012, en Paraguay, esa misma “alianza de la extrema derecha latinoamericana y mundial” puso fin al gobierno democrático de Fernando Lugo.

A su vez, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, declaró también el miércoles que “estamos trabajando en una legislación para desalentar toda forma de violencia en las marchas” en una entrevista con una radio de Alagoas. Rousseff insistió en que defiende el derecho a manifestarse, pero repudia los “actos de vandalismo practicados por personas que esconden el rostro”.

En todos los países latinoamericanos gobernados por movimientos reformistas se observa una combinación de masivos ataques mediáticos, maniobras de desestabilización económica, alzamientos policiales, boicot de la Justicia a las reformas y manifestaciones opositoras que rápidamente escalan hacia actos violentos, utilización de las redes sociales para organizar acciones opositoras “espontáneas”, etc. Para entender el entramado que sostiene estas campañas, es conveniente conocer las organizaciones incumbidas.

Una siniestra red mundial.. La National Endowment for Democracy (NED, Fundación para el Desarrollo de la Democracia), fue creada por Ronald Reagan en 1983. Cuatro corporaciones constituyen su base: una rama de la central sindical, la American Center for International Labor Solidarity (Acils), el Center for International Private Enterprise (CIPE) de la Cámara de Comercio, el International Republican Institute (IRI) del Partido Republicano y el National Democratic Institute (NDI) del Partido Demócrata. Aunque jurídicamente es una organización no gubernamental, se financia por el presupuesto del Departamento de Estado, librando al gobierno de responsabilidades y con un grado de credibilidad superior al de una agencia del gobierno.

Aunque la NED nació como parte del arsenal ideológico de la Guerra Fría, desde la caída del socialismo intervino en 90 países para ayudar a “construir la democracia”. El presidente de la NED rinde regularmente cuentas ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, caso único para una ONG. Los informes de la NED insisten en entender la “democracia” como mecánica electoral. En ese marco apoya a unos 6.000 proyectos de ONG en el mundo y es sede de la Network of Democracy Research Institutes con “eruditos y activistas de la democracia” en todo el mundo. La NED alberga también al secretariado de The Center for International Media Assistance, “un proyecto que se propone reforzar a los medios libres e independientes”.
Carl Gershman, su histórico presidente, de orientación neoconservadora, postula el objetivo de “crear un movimiento mundial pro democracia” como una “red de redes” cuyo centro es la NED. En 1996, justificó de modo significativo el pedido de aumento del presupuesto ante el Congreso: “La guerra global de las ideas sigue con ímpetu y Estados Unidos no puede permitirse entregar el campo de batalla ideológico a los enemigos de una sociedad libre y abierta. La NED necesita un financiamiento continuo para salvaguardar el futuro”.
De acuerdo con un artículo publicado por la periodista Stella Caloni en 2010 la lista de las ONG dependientes de las fundaciones “centrales” como la Usaid o la NED es interminable. En Argentina actúa la Fundación Libertad (FL), con sede principal en Rosario, que entre el 26 y el 28 de marzo de 2013 realizó allí el “Seminario Internacional sobre los Desafíos en América Latina” con personajes como Roger Noriega quien fue subsecretario para América latina del gobierno de George W. Bush; Mario Vargas Llosa, José María Aznar, los ex presidentes Vicente Fox, de México; Francisco Flores, de El Salvador; Luis Alberto Lacalle, de Uruguay; Osvaldo Hurtado Larrea, de Ecuador; Jorge Quiroga, de Bolivia; el presidente Sebastián Piñera, de Chile, y otros. Ya en marzo de 2008 había congregado a lo más granado de la derecha mundial para apoyar el paro ruralista.

A fines de 2008, el gobierno de Evo Morales demostró el involucramiento de la Usaid en el reparto del dinero enviado para proyectos de desarrollo a los opositores de la Media Luna que protagonizaron el derrotado golpe “civilista” en agosto-septiembre de ese año.
Entre los días 12 y 14 de diciembre de 2008 se creó en Colombia la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), conformada por militares y policías de las pasadas dictaduras, para oponerse a la Unasur. Libertad y UnoAmérica, así como la Fundación Pensar –que nuclea a la plana mayor del PRO– tienen lazos con la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes) que dirige José María Aznar y con la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por Mario Vargas Llosa. UnoAmérica está acusada por el intento de magnicidio en Bolivia en abril de 2009 y de participar en el golpe en Honduras, lo que fue confirmado por el ex presidente de facto Roberto Micheletti.
La NED participó en el golpe contra el presidente Hugo Chávez en 2002, como surge de documentos desclasificados del gobierno estadounidense.

Reacciones ambivalentes. Para protegerse, los gobiernos progresistas de América latina están recurriendo crecientemente a sus fuerzas armadas. El gobierno brasileño promueve la aprobación de una ley de seguridad nacional que incluye la intervención militar en el control del orden interno. En Argentina el gobierno de Cristina Fernández nombró al general nacionalista e industrialista César Milani como jefe del Ejército. En Bolivia, a su vez, el presidente Evo Morales forjó una alianza militar-obrera-indígena-campesina de gran eficacia en momentos cruciales como las recientes inundaciones. En Ecuador y Venezuela, finalmente, las fuerzas armadas son leales a las respectivas revoluciones.

¿Es la militarización la alternativa para defender los procesos populares en el continente? Indudablemente no basta. Las reacciones de las clases medias, el desencanto popular y las conspiraciones imperiales impactan en la legitimidad de estos gobiernos, porque los casos de corrupción, la burocratización y la ineficiencia han mellado su credibilidad. Sin embargo, sólo la ampliación y fortalecimiento de la democracia pueden ayudarles a afrontar el golpismo. Sólo el control democrático de la gestión pública puede recuperar la confianza. A la vez, si los procesos reformistas no profundizan su integración monetaria, seguirán a merced de la especulación. Sólo una mayor integración del transporte y las comunicaciones puede reducir los costos, asegurar el abastecimiento y aprovechar las posibles sinergias entre las economías. Finalmente, los servicios de inteligencia deben coordinarse, para detectar tempranamente las maniobras desestabilizadoras.

El relanzamiento de la economía norteamericana agudiza su necesidad de recuperar el control sobre los recursos primarios del continente y de aventar concurrentes. Para ello requiere sustituir los gobiernos reformistas por regímenes que abran sus economías. El futuro de los movimientos reformistas depende de su capacidad de adaptación.

“Esto fue hecho por los ‘Humanistas’ pacíficos del Criminal fascista Régimen Asesino del PSUV. Merecen perdón?”, tuiteó esta semana, junto con una foto, Pedro Alvarez, cuyo perfil tiene la bandera venezolana. Las fotos son dos, en realidad, un antes y un después. El “antes” es de una foto carnet de un joven delgado y pálido. El “después” es el mismo joven pero completamente edematizado, hinchado hasta reventar, con los ojos cerrados por los moretones que lo vuelven morado. La foto, en realidad, no pertenece a un estudiante venezolano, sino a un joven español, Unai Romano, a quien en 2005 la policía de su país detuvo y torturó."

La escalada desestabilizadora que actualmente sufre la Venezuela bolivariana tiene un objetivo no negociable: el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. No hay un ápice de interpretación en esta afirmación. Fue expresada en reiteradas ocasiones no sólo por los manifestantes de la derecha sino por sus principales líderes e inspiradores locales: Leopoldo López y María Corina Machado. En algunas ocasiones se refirieron a sus planes utilizando la expresión que usa el Departamento de Estado: “Cambio de régimen”, forma amable de referirse al “golpe de Estado”. Esta feroz campaña en contra del gobierno bolivariano tiene raíces internas y externas, íntimamente imbricadas y solidarias en un objetivo común: poner fin a la pesadilla instaurada por el comandante Hugo Chávez desde que asumiera la presidencia, en 1999.

El comunicado Conjunto de los Estados Partes del Mercosur sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela difundido por la Cancillería dice lo siguiente:

"Los Estados Partes del Mercosur, ante los recientes actos violentos en la hermana República Bolivariana de Venezuela y los intentos de desestabilizar el orden democrático:

La calle en Venezuela ha sido incendiada nuevamente por los sectores más radicales de la ultra-derecha. Con puntos en varios estados, este movimiento táctico intenta forzar la dimisión del gobierno del presidente Maduro, basado en una presión violenta en forma multi-focal, pretendiendo hacer ingobernable el país. Se plantean dos rutas para un escenario post-chavismo en este episodio: Una corta que concluiría con el Golpe de la “Sociedad Civil”, que aspira la captación de elementos militares que rompan con la unidad de las Fuerzas Armadas para una transición (pseudo constituyente) y, la de mediano plazo donde se desgasta al gobierno de cara al referéndum en un año no electoral, sacándolo de la resolución de los problemas estructurales / coyunturales de la gestión.

Paraguay convalidó el ingreso de Venezuela al Mercosur a cambio del trueque de su deuda petrolera por alimentos: Asunción y Caracas tienen más en común de lo que creen.

El presidente Horacio Cartes manifestó el jueves que ahora que Paraguay retorna al Mercosur y que el Congreso aprobó el ingreso de Venezuela, peleará “para que se revisen las resoluciones tomadas durante la suspensión que hubo tras el juicio político a Lugo en junio de 2012”. Entre tanto, el mandatario criticó el desopilante consejo de los ex-cancilleres que lo asesoraron para que Paraguay volviera al bloque regional, sin reconocer la afiliación de Venezuela efectivizada en junio de 2012: los “expertos” le habían aconsejado que Venezuela saliera “por un ratito” y esperara a que Paraguay votara su ingreso. A pesar de reconocer el absurdo de su posición de hace todavía un mes, el presidente intentó salvar la ropa negando que el giro de 180 grados que su gobierno y el Partido Colorado dieron tuviera que ver con la negociación de la deuda de Petróleos del Paraguay (Petropar) con Pdvsa por 300 millones de dólares. Del ridículo es difícil volver.

Con la participación estelar de Adán Chávez, gobernador del Estado venezolano de Barinas, se desarrollaron esta semana en Buenos Aires unas jornadas internacionales para analizar y poner en perspectiva la herencia política del líder bolivariano.

Esta vez no reapareció en un pajarito azul ni en el túnel de un socavón minero. Fue la asombrosa similitud física de su propio hermano, Adán Chávez, el responsable de hacer creer a más de un desprevenido que el líder bolivariano se había apersonado otra vez entre los mortales.

Son más de catorce años perdiendo elecciones tras múltiples candidaturas, intentos de golpes de Estado, paros petroleros y otras tantas estrategias de desestabilización. La última, del 14 de abril, fue la gota que colmó el vaso para ciertos poderes económicos y sus representantes políticos en Venezuela. Esta última vez, no se perdió contra Chávez, sino contra el chavismo. Maduro ganó contra un Capriles que sigue sin asumir dos medallas de plata consecutivas. El flanco electoral, por tanto, no parece fructífero para derrocar a este gobierno y, en consecuencia, los guardianes del capitalismo neoliberal han optado por un significativo cambio táctico: profundización de la guerra económica contra el pueblo venezolano.

Mark Weisbrot, director del Centro para la Investigación Económica y Políticas Públicas de Estados Unidos, visitó Buenos Aires invitado por la CNV, el Cemop y el Cefid-AR. Weisbrot mantiene una crítica sostenida hacia la política de los organismos financieros internacionales y las estrategias de los países centrales para sortear la crisis económica, al tiempo que apoya a los gobiernos de América latina que han impulsado políticas económicas heterodoxas. En diálogo con Cash, el economista estadounidense marcó su enfática posición en contra de los fondos buitre que reclaman el pago total de la deuda argentina, analizó la economía de Venezuela y las causas de los aumentos de precios.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este lunes a los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) a reaccionar ante los planes de guerra que viene promoviendo la Organización de Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la región.