Mientras Estados Unidos y la Unión Europea se involucran en tensas discusiones sobre sus nuevas medidas de política climática doméstica, unilateral, el mundo observa. Aunque estos intentos son elogiados en el aspecto individual –en especial por quienes vienen lamentando la falta de liderazgo en cuestiones climáticas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea desde la firma del Acuerdo de París, hace más de siete años–, están en mutuo conflicto en relación con los mecanismos apropiados para abordar la crisis climática global.

Lo que es más importante, la acción climática no es simplemente un tema de política interna. Mientras Estados Unidos y la Unión Europea continúan promoviendo una acción climática agresiva en su territorio, no deben desatender el apoyo financiero y tecnológico esencial que los países en desarrollo necesitan para hacer lo mismo. El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea y la Ley de Reducción de Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, recientemente aprobados, podrían hacer, de manera involuntaria, precisamente eso.

Enfoque controvertido

Ambas iniciativas han recibido su justa cuota de atención, y se han recalcado las oportunidades y limitaciones de esos enfoques tan contrastantes respecto a la acción para la protección del clima. Por un lado, si no se lo diseña en forma correcta, el CBAM, que consiste en un impuesto global al carbono que grava las importaciones a la Unión Europea, podría empeorar la desigualdad de ingresos y la distribución de la asistencia social entre las economías ricas y las pobres. Por otro lado, la IRA, como un conjunto de nuevas políticas industriales, es un enfoque mucho más controvertido, ya que involucra enormes sumas de fondos públicos –subsidios– para desarrollar industrias de tecnología verde, desde vehículos eléctricos hasta productos de energía renovable y una multiplicidad de otros sectores.

Los subsidios mismos pueden generar controversia, ya que tienden a beneficiar a los productos nacionales en desmedro de sus competidores importados. Los subsidios ofrecidos por la IRA, sin embargo, están definitivamente prohibidos según las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), porque están ligados a la repatriación de las cadenas de suministro hacia Estados Unidos y sus socios en acuerdos comerciales.

Las cláusulas de repatriación de la IRA también se ven como una obvia jugada anti-China, lo que vuelve su implementación una más de las políticas que explícitamente excluyen al país asiático de la carrera global para reducir las emisiones mediante el desarrollo industrial verde. Al mismo tiempo, la IRA no incluye financiación para dar apoyo a los países más vulnerables en el área climática, una laguna llamativa a la luz de la creciente importancia que han cobrado los fondos para pérdidas y daños para los países vulnerables al cambio climático, según lo comprometido en la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas reunida en noviembre pasado en Egipto.

Preocupaciones expresadas

Los líderes europeos han manifestado inquietudes respecto a la IRA, entre ellas si la Unión Europea se puede beneficiar de las exenciones dado que no tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos, así como el impacto negativo que la IRA podría tener en las economías europeas. Y Europa está lejos de ser la única región con estas preocupaciones.

Corea del Sur, Japón y la India también se han pronunciado acerca de los impactos potenciales de la IRA sobre sus industrias: el funcionario indio a cargo de la Cumbre del G-20 de septiembre en Nueva Delhi, Amitabh Kant, la llamó «la ley más proteccionista que se haya redactado en el mundo». La India e Indonesia han comenzado a responder con programas propios orientados a sus industrias nacionales: «Make in India» y, en el caso de Indonesia, la restricción de las exportaciones de níquel.

Simultáneamente, los líderes europeos están listos para tomar represalias contra la IRA con políticas industriales de similar agresividad. Aunque la Unión Europea pasó una buena parte de 2022 enfocada en finalizar y poner en marcha el CBAM, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro belga Alexander de Croo y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen han hecho recientemente un llamado a la flexibilización de las restricciones a la ayuda estatal, con el fin de promover políticas dirigidas a las compañías de tecnología verde. Incluso el enviado especial para el Clima de Estados Unidos, John Kerry, ha alentado a la Unión Europea a incrementar su «gasto verde».

Dado que históricamente la Unión Europea ha sido bastante estricta respecto a los subsidios por parte de los Estados miembros, la propuesta de inyectar euros en inversiones estratégicas en industrias verdes indica un cambio evidente de pensamiento. Es un signo claro de que la Unión Europea no quiere quedar rezagada en la nueva transformación estructural, incluso si eso conlleva la probabilidad de entrar en conflicto con los compromisos de sus propios acuerdos comerciales.

Objetivos compartidos

Algunos han sostenido que una posición industrial verde tan agresiva por parte de Estados Unidos y la Unión Europea beneficiará en última instancia a todos, al impulsar la baja de los precios de la tecnología esencial e incrementar el acceso a ella. Como otros ya han notado, esto ha conducido a algunos países en desarrollo a ver en ello una ventana abierta para la formulación de sus propias políticas.

Sin embargo, el impacto a largo plazo de estas iniciativas es incierto. Ni la IRA ni la Unión Europea con su CBAM y sus propuestas políticas para las industrias verdes parecen tener en la mira los singulares desafíos que enfrentan los países vulnerables al cambio climático ni los impactos de los nuevos aranceles y subsidios de los países de altos ingresos sobre las metas climáticas y de desarrollo de los países de ingresos bajos y medios. Las políticas climáticas unilaterales deberían modificarse para ayudar a que la comunidad internacional alcance los objetivos compartidos de desarrollo y clima.

En primer lugar, los nuevos aranceles, como los que prevé el CBAM, deberían venir unidos a mecanismos para distribuir flujos de ingresos hacia países que necesitan ayuda para la transición energética. Segundo, es necesario que las políticas industriales, como aquellas descriptas en la IRA, incluyan mecanismos para transferir rápidamente las tecnologías de reciente desarrollo y compartir conocimiento con países que necesitan vincular la resiliencia climática a la diversificación económica y el desarrollo. Además, los programas nacionales de subsidios deben acompañarse de los fondos previstos para las economías menos desarrolladas y en desarrollo que necesitan financiar su propia mitigación y adaptación al cambio climático y recuperarse de desastres climáticos, como se prometió en los compromisos mundiales más recientes alcanzados en Egipto.

El mundo necesita una transformación económica estructural comparable a la de la Revolución Industrial del siglo XIX. A menos que Estados Unidos y la Unión Europea aborden en forma concreta las necesidades de los países en desarrollo, estos resultarán relegados, lo que pone en riesgo no solo su estabilidad financiera y el bienestar de su población, sino también la capacidad global de la comunidad para lograr un futuro que resista al cambio climático.

^{Nueva Sociedad (NUSO) - marzo de 2023}