Entonces el teatro de operaciones cambió. Ahora el obstáculo está acá, en el Gobierno, que ha logrado consenso internacional para amortiguar las repercusiones del no pago, y también les resulta molesto que el tema se haya instalado en la agenda de la sociedad y no haya quedado restringido, como antes, al círculo áulico de los economistas que quieren romper la reestructuración soberana para volver al sobreendeudamiento. Círculo que ha provisto históricamente de ministros de Economía a la mayoría de los gobiernos civiles y a todos los gobiernos militares.

La presión se empezó a sentir, se expresó en forma explícita en una solicitada que publicaron los diarios La Nación y Clarín, pero también establecieron vasos comunicantes con posiciones locales que tienen los mismos intereses. El fondo Aurelius, socio de NML de Elliott Management en el juzgado neoyorquino de Thomas Griesa, fue amenazante: “Ahora viene lo peor para Argentina”.

La frase de Aurelius tiene reverberancias para el hombre de la calle. Suena a 2001, amenaza con la híper, derrumbe de empresas y fuentes de trabajo. Aunque crean inquietud, la paradoja es que esas catástrofes se produjeron cuando se les hizo caso a los fondos o sus equivalentes –llámense organismos financieros internacionales o ministros neoliberales– que aconsejaban endeudarse sin límite, y no como ahora, que se tomó un camino diferente. Si ese camino se hubiera seguido antes los argentinos ni sabríamos que existen Aurelius ni NML Elliott.

En un contexto económico internacional difícil, Argentina se resistió a pagar en los términos de los fondos buitre. La tierra no tembló, no hubo sobresaltos extraordinarios del dólar ni del MerVal. El infierno anunciado no se produjo. Pero los medios opositores hicieron su trabajo. Exageraron el cierre de locales y empresas y asustaron con altos y repentinos niveles de desempleo. En realidad, el consumo se mantiene, no existe la epidemia de locales cerrados ni hay un aumento del desempleo. El Ministerio de Trabajo dijo que el nivel de conflictividad es igual o menor al de 2012 y 2013.

Pero en medio de las solicitadas y las amenazas de los fondos buitre y de la campaña subterránea de los medios opositores, la imprenta industrial Donnelley, una de las más importantes, anunció la quiebra y que dejaba en la calle a más de 400 trabajadores. El jueves, Cristina Kirchner explicó que el Gobierno denunciará a la empresa por quiebra fraudulenta “porque el cierre de la empresa sólo busca generar temor”. En su directorio tiene un lugar relevante el fondo Blackrock, que sustituyó a NML Elliott en las posiciones que dejó cuando empezó sus hostilidades contra Argentina. Declaró una quiebra a pesar de tener ganancias millonarias y logró hacerlo en tiempo record. La pidió un viernes y se la dieron el lunes.

Todas las economías centrales están paradas. En algunas se detuvo el crecimiento, en otras, como Alemania y Japón se achicó el PBI. Brasil se ralentó y la economía argentina resiente esos coletazos. Pero las dificultades provienen de esta crisis mundial y no de las amenazas de los fondos buitre. La industria automotriz tiene problemas, pero la industria gráfica no ha sido afectada. La problemática de la autopartista Lear no tiene nada que ver con la de Donnelley. Son dos conflictos. Pero han sido los dos utilizados para pintar un escenario de despidos generalizados que no existe.

Cada vez que hay una solicitada de los fondos buitre, aparecen declaraciones del mendocino Claudio Loser, ex directivo del FMI y uno de los arquitectos del festival del endeudamiento argentino en los ’90. Loser dice que está de acuerdo con los reclamos de los fondos buitre porque “le preocupan los argentinos de su patria chica”. Los mendocinos lo declararon persona no grata. Y ahora, después de la segunda solicitada buitre, volvió a aparecer defendiendo los argumentos usurarios. Dice que lo hace porque cree en eso. Nadie se lo podrá negar, pero Loser, igual que Robert Shapiro y Nancy Soderberg, que suelen firmar las solicitadas como las caras públicas del Grupo de Tareas para Argentina pagado por el grupo NML Elliott, son dueños en Wa-shington de consultoras sobre asuntos económicos internacionales. No son militantes, cobran por sus servicios.

Los fondos buitre nunca mostraron la menor señal para negociar en condiciones que a la Argentina le permitan pagarles sin romper la cláusula RUFO, es decir, que no rompa sus propias leyes. Pese a esa evidencia Federico Sturzenegger, otro de los responsables de la economía de demolición de los ’90, tomó los argumentos de los fondos buitre y responsabilizó al Gobierno de no querer negociar. Otros economistas del establishment financiero como José Luis Espert y Carlos Melconian salieron a defender los argumentos de NML Elliott: Argentina tiene que pagar sin hacerle caso a la cláusula RUFO; el Gobierno es el que no quiere negociar; y no importa si pagó o no, Argentina para ellos está en default y por lo tanto tiene que ser castigada por los mercados. Fue una ofensiva mediática de los economistas ortodoxos en sintonía con la ofensiva de los fondos buitre, al mismo tiempo, con los mismos argumentos y las mismas advertencias y amenazas.

Y otra coincidencia, al mismo tiempo, los mismos nombres, el mismo procedimiento, la misma denuncia. Paul Singer, el dueño de Elliott Management, que maneja el fondo NML ya consiguió que un juez distrital de Nueva York, Thomas Griesa, fallara a su favor, en contra de todos los antecedentes legales de reestructuración de deuda soberana. Ahora buscó otro juez favorable, Cam Ferenbach en el distrito de Las Vegas, y presentó una investigación realizada en Argentina por el polémico fiscal José María Campagnoli. Es una investigación que no prueba nada y que ni siquiera tiene imputados, son todas suposiciones que establecen vinculaciones supuestas entre 125 empresas, que supuestamente serían de Lázaro Báez, quien supuestamente habría lavado 65 millones de dólares, que supuestamente vendrían de la corrupción kirchnerista, que supuestamente pertenecerían en realidad a la familia Kirchner.

No hay nada comprobado en esa investigación que se originó en el Grupo Clarín y de allí la tomó Campagnoli y ahora la toma el fondo buitre. Para lo único que sirven esas disquisiciones hasta ahora es para hacer ruido mediático con fines políticos. Campagnoli ni siquiera se ha acercado a comprobar que esas empresas pertenecen a Báez. Pero en la causa contra el gobierno argentino la Justicia norteamericana no puede embargar bienes personales. Ni siquiera podría hacerlo si pertenecieran efectivamente al empresario. Tendría que demostrar que el dinero pertenece a la familia Kirchner y que proviene de la corrupción pública. Pero, además, según esa versión, los fondos ya estarían de vuelta en Argentina, o sea que a Singer no le interesa recuperar 65 millones de dólares sino debilitar y desprestigiar al gobierno argentino. Finalmente, hay coincidencia de métodos, intereses y personajes con los fondos buitre.

Lo que estaría rayano en la corrupción es que a pedido de un fondo millonario, un juez de Nevada se haga cargo de una investigación que ni siquiera tiene imputados. El juez Ferenbach sólo pidió información sobre estas empresas fantasma. No puede hacer más. No tiene ninguna importancia jurídica más que la sospechosa asociación del juez con la organización de Singer. Pero sirve para armar escándalo mediático. La versión mediática salió de Clarín, la tomó Campagnoli, volvió a Clarín, la tomó el fondo buitre y volvió a Clarín como parte de la campaña de los fondos buitre contra el gobierno argentino para lograr que rompa la reestructuración de la deuda y el país quede nuevamente atado de pies y manos.

En el resto del planeta, los fondos buitre tienen mala prensa. Como la usura, constituyen un aspecto extremo del capitalismo que está mal visto incluso por los mismos capitalistas. Si todas las empresas actuaran con la misma voracidad, el capitalismo tendría las horas contadas, se acabarían los negocios. Argentina debe ser uno de los pocos lugares del mundo donde economistas supuestamente serios hablan de “los reclamos legítimos” de los fondos buitre. Es porque los buitres ya están aquí.

Página/12 - 16 de agosto de 2014