Avalado por el FMI, el Gobierno usará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para cerrar el año fiscal.

Para el año 2018 las proyecciones (INDEC) indican que 6.838.533 habitantes de nuestro país son personas de 60 años y más (15,4%), siendo 43% varones y 57% mujeres.  Es decir, la calidad de vida de los adultos mayores afecta a buena parte de nuestra sociedad de manera directa y al resto, indirectamente.

Las recientes resoluciones de la Corte Suprema que impiden la asignación de recursos tributarios coparticipables a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ponen seriamente en riesgo muchos de los avances que se lograron en la última década en materia de jubilaciones, asignaciones familiares y políticas públicas en general. Se trata de una medida que no sólo implica una reducción gigantesca de los fondos corrientes de la Anses, sino que además desvaloriza y pone en peligro al principal patrimonio de la misma: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

La conducción unipersonal de la Corte Suprema de Justicia decidió dar un golpe económico en los últimos días del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que tendrá pleno impacto en la gestión del próximo a cargo de Mauricio Macri. Ricardo Lorenzetti resolvió desfinanciar el organismo encargado de pagar las jubilaciones, otras prestaciones sociales, la Asignación Universal por Hijo y la tarjeta Argenta, que facilita el crédito de un grupo social vulnerable. El camino para la restauración conservadora que deje atrás los años del populismo de un intervencionismo estatal asfixiante, como lo definió un reciente editorial de La Nación en homenaje al discurso de Alfredo Martínez de Hoz, lo ha inaugurado Lorenzetti.

El margen financiero de los bancos surge de los ingresos menos los egresos por intereses, de la diferencia de cotización (tipo de cambio) y del resultado de la tenencia de títulos públicos. En ese rubro del balance, el componente de la diferencia obtenida por el pago y cobro de intereses permite evaluar el nivel de eficiencia del sistema bancario. Obtener utilidades de esa actividad de intermediación de dinero es el conocido objetivo de cada uno de los bancos. El ejercicio para evaluar la eficiencia es compararla con otro agente económico que realice la misma tarea. Hasta hace un par de años no había una referencia para analizarla porque no había una entidad pública testigo, como debería ser el Banco Nación.

El día viernes 20 de septiembre de 2013, el diario Clarín publicó una nota sobre una estafa a jubilados a través de la falsificación de documentos nacionales de identidad, que habilitaba la solicitud de la tarjeta Argenta a nombre de un adulto mayor. La nota se presentaba como una denuncia surgida de la propia investigación periodística, relataba cómo el diario recibió denuncias e implicaba a personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Es cuando empiezan los condicionales y las versiones poco verificables, de la existencia de una “megacausa” en los tribunales hasta la implicación de personal de Anses, sin determinar jerarquías o responsabilidades.