Desde comienzos de año, desde este espacio insistimos en que el programa económico de Milei y Caputo se sostiene en cuatro anclas nominales.

El ministro confirmó préstamos de bancos y de organismos multilaterales. También negocia con el FMI. 

La situación económica y social que nos depara las políticas instituidas por el proyecto anarco capitalista de Javier Milei continúan en zona de desastre. Los indicadores económicos referidos al desenvolvimiento de las principales evidencias que afrontan los habitantes de la Argentina siguen mostrando comportamientos desalentadores y ya han transcurrido 9 meses de su mandato constitucional.

La actividad manufacturera de las pymes descendió 6,6% interanual en septiembre y acumula una retracción de 15,1% en los primeros nueve meses del año frente al mismo período de 2023. Es la menor tasa de caída en 10 meses y en la comparación intermensual desestacionalizada se verifica un incremento del 3,7%.

En tanto, de los 6 sectores relevados, 5 de ellos mejoraron su actividad en la comparación intermensual desestacionalizada.

El presente informe tiene por objeto realizar un análisis de la evolución de la cantidad de trabajadores/as y de empleadores desde que Javier Milei ganó el ballotage en noviembre de 2023 hasta julio de 2024, considerando los datos disponibles a la fecha de publicación de este informe. Se utilizó una metodología cuantitativa, en base a la información publicada por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) referida a la Seguridad Social.

Hace algunas semanas el Ministerio de Economía publicó un nuevo decreto que encendió las alarmas. Es que, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 846/24, Caputo prepara las condiciones para un nuevo canje de la deuda externa. Imposibilitado de hacer frente a los vencimientos futuros con fondos propios, incluso a pesar de cierta estabilidad cambiaria, el gobierno prepara el terreno para un nuevo megacanje.

Algunas digresiones sobre los convenios para evitar la doble imposición (CDIs)

Para la OCDE, los CDIs resultan en la eliminación del obstáculo que la doble imposición supone para la expansión de las relaciones económicas entre los distintos países.¹

Sin embargo, lo que verdaderamente hacen los convenios para evitar la doble imposición es distribuir el derecho a tributar entre los países que los firman, alocando, aquellos que se firman en base a los modelos de la OCDE o de Naciones Unidas, dichos derechos en cabeza del país de residencia del capital.