En las décadas recientes, se ha acentuado la tendencia a negociar acuerdos entre grupos de países y, de esas negociaciones, las más significativas, por la magnitud económica y peso político de los participantes, son las referidas al Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés, negociado entre EE.UU. y la Unión Europea) el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, con participación de 12 países, tres de ellos de América Latina1 ), y el Acuerdo sobre el comercio de servicios (TISA, con participación de 50 países, siete de ellos de Amé- rica Latina2 ), que se conocen como “mega acuerdos”, en todos los cuales la negociación ha sido secreta.

Un sismo político sacude a la civilización occidental y expresa el malestar social en un presente dominado por el control del capital monopólico sobre todos los ámbitos de la vida social. Oleadas de convulsiones políticas desnudan la crisis de legitimidad institucional. Desde la elección presidencial en los Estados Unidos hasta la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea, un populismo de distintos signos ideológicos agrieta a las instituciones republicanas en el primer mundo reclamando autonomía nacional, representación política y bienestar económico.

Es asombroso cómo, sólo con obligar a un poco de transparencia en los acuerdos de libre comercio que la administración Obama ha estado negociando en secreto, la opinión pública se vuelve en su contra.

El último libro de la activista social y presidenta del Transnational Institute, Susan George, Los usurpadores. Cómo las empresas transnacionales toman el poder (Icaria, Barcelona, 2015), alerta sobre los peligros que constituye para la sociedad europea el Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio e Inversión (TTIP) que se negocia en secreto con Estados Unidos. En este trabajo bibliográfico se devela cómo los agentes del gran capital especulativo y transnacional se introducen en los negocios del mundo a golpe de manipulación, puertas giratorias, corrupción, sobornos y cómo han logrado infiltrar a Naciones Unidas.

A comienzos del 2.013 comenzó su singladura el llamado Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) con el objetivo de “relanzar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre EEUU y la Unión Europea” y que podría atracar en puerto en el 2.017 tras culminar recientemente la UE y EEUU la últimas ronda de conversaciones.Sin embargo, aunque todos los países apoyan políticamente unas negociaciones que deberían finalizar para principios del 2017 y que en teoría tan sólo implican la eliminación de aranceles, la normativa innecesaria y las barreras burocráticas, en la práctica estarían plagada de escollos, como la normativa alimentaria y fitosanitaria.

En su primera intervención diplomática, durante la Cumbre del Mercosur de Asunción, el presidente Mauricio Macri se ofreció a destrabar en diciembre el acuerdo que la Unión Europea (UE) y el Mercosur llevan negociando más de quince años, al que definió como una “prioridad”.

El Presidente fue incluso más allá, alentando con fuerza una futura apertura al otro gran bloque comercial latinoamericano, la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, Colombia y México).

En noviembre, América Latina cumplirá diez años del recordado “No al Alca”, donde los países de la región evitaron la consumación de un gigantesco acuerdo de libre comercio capitaneado por EEUU. En aquel entonces, nuestros países establecieron un principio anticíclico, en uno de los momentos de mayor auge del librecambismo a escala global. Hoy, diez años después, ¿cuáles son los nuevos tratados que impulsa actualmente EEUU? ¿Por qué van en contra de los BRICS, los países emergentes que han motorizado al economía a nivel mundial en los últimos años? ¿Cuál es la disputa abierta, en términos internacionales, entre EEUU y China a partir de esta situación?

El Acuerdo de Comercio en Servicios que negocian en secreto gobiernos de 50 países, incluido México, (TISA por sus siglas en inglés) supera todo lo que se ha visto hasta el momento en materia de tratados internacionales en pos de dar beneficios irrestrictos a las empresas trasnacionales, contra los intereses y el bien público. El término “servicios” en este contexto abarca desde agua y alimentación, a salud, educación, investigación, comunicaciones, correos, transportes, telecomunicaciones, comercio electrónico, venta minorista y mayorista, servicios financieros, y mucho más, incluso los mal llamados “servicios ambientales” relacionados a bosques, sistemas hidrológicos y otras funciones de los ecosistemas. ¡Hasta los migrantes se incluyen en el tratado como supuestos “proveedores de servicios”! El sector servicios es además el mayor empleador de los países de ingresos altos y medios, son enormes los impactos contra derechos laborales y sindicales.