La Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma en Jujuy, y de Alberto Enrique Lemos, gerente administrativo de la empresa, por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada en tres hechos, en calidad de cómplices primario y secundario, respectivamente, en el marco de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico- militar.

A 40 años del Golpe de Estado, Claves Magazine publica el relato de una joven víctima del terrorismo de Estado que sobrevivió a las más horribles torturas en manos de los organismos del Estado de Chile. ¿Que hacia ella en un día de septiembre del año 1973? Ella nos cuenta:

El juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni participó de un acto en la Legislatura porteña. Hijos Capital les agradeció “por haber elegido la lucha, por ser valientes, por habernos enseñado que lo imposible sólo tarda un poco más”.

Una parte de las pruebas que activaron la adormecida investigación sobre la desaparición de Luis Arédez, ex dirigentes sindicales, obreros y estudiantes jujeños estaban intactas, guardadas en cajas que aparecieron cuando la Justicia decidió, luego de décadas de mirar hacia otro lado, allanar las propiedades de Ledesma. Incluso algunos papeles habrían estado enterrados en el predio del ingenio. No es la primera vez que aparecen documentos que acreditan las prácticas del terrorismo de Estado, pero la constante de los represores fue la destrucción de todo indicio. La dictadura incluso estableció por decreto la garantía de su propia protección. Sin embargo, los dueños de la tierra, de la vida y de la muerte en Libertador General San Martín confiaron en que nadie jamás los tocaría, y no los incineraron. Es la esencia de la impunidad con la que dominan intocables en ese pueblo, que hasta pierde su nombre cuando lo llaman Ledesma. ¿Cómo se explica si no que ni Olga Márquez de Arédez ni los demás pobladores que se enferman de dolencias respiratorias causadas por el bagazo (desecho de la caña de azúcar) nunca hayan podido obtener en el hospital local un diagnóstico que diga “bagazosis”? Libertador-Ledesma es la localidad de América con el promedio de vida más bajo: 43 años. Durante décadas, los Blaquier cosecharon denuncias –que tampoco prosperaron– de miles de empleados enfermos por trabajo insalubre que fueron despedidos. La mayoría no completaban los 30 años de aportes para obtener la jubilación, y tampoco podían acceder a ella por no tener 65 años de edad. Los Arédez no fueron los únicos pero sí de los primeros y más visibles que resistieron a los Blaquier. Eran las ovejas negras en medio del miedo y el silencio, junto a dirigentes como Jorge Weisz, Carlos Patrignani y Hugo Condorí. A fines de los años ’50, el médico pediatra Luis Arédez era “un mediquito zurdo” que tenía el “gesto demagógico” de recetar remedios caros para los obreros del ingenio, según lo definió el capataz Mario Paz en la película Sol de Noche, de Eduardo Aliverti. “Nosotros coimeamos a todos pero no dejamos las impresiones digitales”, fue la confesión que se le escapó a Paz ante cámara. “Mi marido sacó la estadística de que entre agosto y octubre morían de diez a quince chicos de los trabajadores del ingenio por día, llevaba las denuncias a los ministerios y todas las cajoneaban”, contaba la esposa de Arédez, que era odontóloga.

En un fallo que irritó a los organismos de derechos humanos en todo el mundo, el Tribunal Superior de España inhabilitó a Baltasar Garzón, el juez que encarceló a Pinochet, imputó a los genocidas argentinos e impulsó juzgar a los crímenes del franquismo.

Es una nueva victoria del Estado de deshecho.” Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, calificó de “monstruosidad” la decisión del Tribunal Supremo de España de inhabilitar por once años al juez Baltasar Garzón.
Numerosos juristas, organizaciones humanitarias y personalidades de todo el mundo, han mostrado su consternación por la sentencia dictada por la Justicia española contra el juez que de forma más tenaz ha combatido en España la corrupción, el terrorismo de Estado, el narcotráfico, el que más luchó por los principios de justicia universal y el único que se atrevió a investigar los crímenes del franquismo.

Todos coinciden en que la sentencia supone un durísimo golpe contra la independencia de los jueces y uno de los reveses más serios sufridos por la democracia España en las últimas tres décadas. El alto tribunal condenó al juez por la primera de las causas que sigue contra él, por sus investigaciones en la macro trama de corrupción política del Partido Popular, el llamado caso Gürtel, estando aun pendientes las sentencias por las otras dos. Se lo condenó por “prevaricación” y “vulneración de las garantías de defensa de detenidos”, por ordenar a la policía interceptar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel con sus abogados los principales responsables de la trama.

Por medio de las intercepciones, Garzón pudo confirmar que los detenidos seguían moviendo los hilos desde la cárcel gracias a la complicidad de sus abogados. Pero estos últimos plantearon a su vez una acusación contra el juez por grabarlos y lograron finalmente su condena por ello.

El Supremo ni tuvo en cuenta el resultado de esas comunicaciones, al considerarlas pruebas ilegales, ni reconoció que el juez pidió específicamente a la policía que eliminara de las grabaciones todo lo que pudiera afectar a la defensa legal de los detenidos. Paradójicamente, Garzón es el primer condenado por la trama Gürtel que él investigaba, mientras que numerosos cargos del PP involucrados siguen libres y algunos ya han sido absueltos.

La condena de inhabilitación de Garzón, que el juez piensa recurrir ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Estrasburgo, supondría apartarlo definitivamente de la carrera judicial.

En los próximos días, el mismo tribunal podría dictar también sentencia contra el magistrado por otra de las causas que se siguen contra él, por aceptar el reclamo de numerosas organizaciones de familiares de víctimas del franquismo para que investigara esos crímenes y el paradero de cerca de 130.000 desaparecidos.

Garzón lo hizo pero la Justicia aceptó la acusación de “prevaricación” que lanzaron contra él organizaciones ultraderechistas, al estimar que el juez era consciente de que no podía investigar esos crímenes al existir la amnistía general de 1977.

Garzón, como muchos otros juristas nacionales e internacionales, consideran que esa amnistía es preconstitucional y que debe ser derogada –la Constitución actual es de 1978– y que dichos crímenes son de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. Tres de los siete miembros del Supremo votaron a favor de anular el juicio, pero los otros cuatro han decidido seguir adelante.

Muchos familiares de desaparecidos citados por la defensa de Garzón pudieron así testimoniar por primera vez ante un tribunal español. Paradójicamente, lo hicieron no porque finalmente los tribunales hayan decidido romper ese muro de impunidad que subsiste 37 años después de la muerte del dictador, sino para salir en defensa del letrado que decidió investigar el asesinato de sus seres queridos.

Uno tras otro, pasaron ante el Supremo ancianos emocionados que vienen reclamando desde hace décadas que se juzgue a los asesinos de sus familiares y que se abran las cientos de fosas comunes diseminadas por toda España. Mientras, en la céntrica Puerta del Sol y emulando a las Madres de Plaza de Mayo, hacen su ronda todos los jueves de ocho a nueve de la noche los familiares de los desaparecidos españoles.

Comunicado
La autodefensa de Baltasar

Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada. Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada. He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas. Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.”

“Lo que hemos hecho en este pueblo es resistir con el derecho humano que tenemos de saber qué ha pasado con nuestros desaparecidos. Yo quiero hacerles una pregunta a los poderosos de esta zona, a los dueños del Ingenio Ledesma que nos contamina el aire que respiramos, los ríos, la tierra. Estamos enfermos. Nuestros pulmones están tapados de carbonilla. Por eso me comprometo a seguir luchando y denunciándolos, porque estos que están matando a la gente tienen que tener un castigo”, dijo Olga Márquez de Arédez en un audio que atesora Liliana Daunes.