Las manifestaciones que se oponen a la explotación a cielo abierto generaron la discusión. Voces a favor y en contra de una actividad que genera polémica.

En política, durante los meses de enero y febrero, la rutina indica que las aguas están calmas. La actividad parlamentaria se toma vacaciones, la feria judicial exime a los abogados de ir a Tribunales y la prensa se traslada a la costa, en busca de novedades. Sin embargo, este verano fue una excepción en materia de acontecimientos ajenos a los espectáculos y la farándula de temporada. Como la minería que, tras el conflicto desatado en Famatina, La Rioja –donde los habitantes impidieron que la empresa Osikoko Mining Company pusiera en marcha un proyecto a cielo abierto, que podía contaminar el agua–, y otros similares en Andalgalá, Belén, Amaicha y Tinogasta, abrió un debate sobre los alcances de su explotación y su impacto en el medioambiente. Como contrapartida, las diez provincias argentinas que desarrollan actividad minera en su territorio conformaron la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), cuyo objetivo apunta a coordinar y unificar las normas del sector para permitir un marco de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social. Así, Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Catamarca, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Chubut y Santa Cruz firmaron un acta bajo la égida del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para cooperar junto al gobierno nacional en una mejora de las políticas ambientales, teniendo en cuenta que, para muchas de ellas, la minería significa la principal actividad económica local.

En medio de una discusión aún no saldada sobre los beneficios e inconvenientes de la explotación minera, las miradas disímiles constituyen aportes para la reflexión. Veintitrés convocó a cuatro referentes sobre la temática y les propuso responder una serie de preguntas. Pase y lea.