El 15 de noviembre de 1963 el presidente Arturo Illia firmó dos decretos que anulaban contratos de locación con petroleras extranjeras con YPF, acordados durante el gobierno de Arturo Frondizi por “vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación”. El mandatario criticado por los medios de comunicación por su “lentitud” había tomado esa decisión porque entendía que en lugar de locación se había hecho una concesión para la extracción de petróleo del suelo argentino. Lejos de dichas acciones pero encaminado hacia la recuperación de YPF del desastre económico y social que significó la privatización de los yacimientos petrolíferos fiscales, el gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51 por ciento de la empresa a la española Repsol, proyecto que se convirtió en ley con un fuerte respaldo el pasado 3 de mayo. A propósito de este tema, el último lunes Gustavo Calleja, subsecretario de Energía durante el gobierno de Raúl Alfonsín, presidente de la Fundación Arturo Illia y vicepresidente del Movimiento para la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (Moreno), brindó una conferencia en la sede de la Universidad Nacional de Rosario sobre “Los recursos energéticos de la Argentina”, y en especial sobre el “Caso YPF”. En una entrevista previa con El Ciudadano, Calleja se explayó sobre el tema.