Hace unos días, el diario La Nación publicó en su tapa un titular que señalaba: “La herencia para 2016: deudas por U$S 25.000 millones”. En la nota se indicaba que “desde las instancias más altas del poder se ha dicho muchísimas veces que el problema de la deuda externa estaba solucionado”, sin embargo “Cristina Kirchner termina su segundo mandato sin haber podido solucionar el conflicto con los holdouts y con vencimientos en 2016 que podrían ascender a 25.000 millones de dólares, que deberá afrontar el próximo gobierno”.

"El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta".Federico García Lorca
Cuenta la mitología griega que Sísifo, el más sabio y astuto de los mortales, se atrevió a desafiar a los dioses y a la muerte siendo castigado con la ceguera y condenado por toda la eternidad a empujar una enorme roca hasta la cima de una montaña. Al llegar a este punto, la roca rodaba cuesta abajo debiendo entonces Sísifo recomenzar la tarea.

Querida presidenta, querida compatriota; señoras y señoras jefes y jefas de la distintas delegaciones, que conforman Naciones Unidas: quiero dirigirme a ustedes en un momento muy particular no solamente del mundo, sino también de mi país, quiero comenzar reflexionando sobre las palabras con que abrió esta Asamblea, número 69, su secretario general, el señor Ban Ki-Moon, repasó parte o gran parte de los problemas, de las tragedias, de las calamidades que hoy conmueven al mundo y creo – si mal no recuerdo – que textualmente afirmó que “estás turbulencias – así las definió – que hoy sacuden al mundo ponen en peligro la multilateralidad”.

El país atraviesa una compleja situación externa derivada de diversos factores, entre los cuales cobra gran importancia la negociación con los acreedores excluidos de los canjes de deuda previos. La resolución desfavorable para el país del litigio con estos actores ha llevado al Estado nacional a intentar salidas alternativas que permitan resolver la restricción externa, en el marco de las obligaciones contraídas por los distintos gobiernos democráticos que se han sucedido.

El gobierno afronta, por tanto, una disputa frente a diversos actores clave -económicos, financieros, políticos, judiciales - del capitalismo global.

1 ¿Qué propone el proyecto de ley impulsado por el Gobierno?

La ley busca garantizar que los tenedores de bonos de los canjes de 2005 y 2010, perjudicados por las decisiones del sistema judicial de Estados Unidos, reciban sus fondos sin inconvenientes. Propone, para eso, dos cambios en el mecanismo de pago de los títulos. Remover al Bank of New York Mellon (BoNY) como agente fiduciario frente a su incapacidad para cumplir con las obligaciones contractuales y designar como nuevo pagador a Nación Fideicomisos. El segundo punto es habilitar el canje voluntario de los bonos reestructurados regidos por leyes extranjeras por otros con idénticas condiciones de rentabilidad y plazos pero bajo legislación argentina. Ambos cambios están contemplados en el contrato que regula el funcionamiento de los títulos públicos. Representan una estrategia activa, agresiva y consistente que no tiene garantizado el éxito. Como el objetivo es lograr una solución viable para el ciento por ciento de los acreedores, la iniciativa contempla que, a partir del próximo vencimiento, se depositarán en la cuenta del nuevo fiduciario los pagos correspondientes al 7,6 por ciento de buitres y holdouts que todavía no ingresaron al canje, quienes podrán acceder a esos fondos si aceptan cambiar los bonos en default desde 2002 por los de la reestructuración de la deuda.

2 ¿Por qué se reactivó el canje por bonos con ley local?

Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la sentencia de Griesa en favor de los fondos buitre, el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que el país ofrecería la posibilidad de modificar el lugar donde los acreedores cobran los vencimientos de los títulos públicos. La iniciativa de mediados de junio fue relegada a un segundo plano mientras se buscó una salida negociada para pagarles a los buitres sin violar las condiciones pactadas con el 92,4 por ciento de los acreedores del canje y frustrar el costoso proceso de reestructuración de la deuda. La imposibilidad para hallar esa solución y la continuidad del bloqueo a la transferencia de los fondos correspondientes a los pagos de intereses de bonos con ley foránea reactivaron la hoja de ruta original.

3 ¿Cómo se implementa el cambio de legislación?

La deuda emitida bajo legislación extranjera plausible de cambio asciende a 28.000 millones de dólares, alrededor del 14 por ciento del stock de pasivos externos. Cambiar esos bonos por otros en idénticas condiciones financieras con ley argentina es un procedimiento técnico voluntario que puede ser realizado individualmente. Además, el proyecto de ley deja abierta la puerta a que los bonistas soliciten en forma colectiva la legislación y jurisdicción aplicables a los títulos. Si los inversores con bonos argentinos optan por esa vía y alcanzan una adhesión del 66 por ciento de todos los bonistas, el cambio en las condiciones de los bonos sería extensivo a la totalidad de los tenedores. El Gobierno no ha conseguido hasta el momento activar esa posibilidad y no parece sencillo que lo logre.

4 ¿Cómo se desplaza al agente pagador?

La cláusula 5.9 del Trust of Indeture a la que recurre Argentina habilita al país y a los bonistas a cambiar al fiduciario en determinados escenarios (incluso el pagador puede renunciar). En este caso se trata de la incapacidad para actuar. El reemplazo del BoNY por Nación Fideicomisos tiene como fin que la cadena de pagos sea estrictamente local, sin intervención de entidades financieras expuestas a las decisiones extravagantes de jueces estadounidenses. Pero cambiar al fiduciario no es un proceso inmediato. Suponiendo que el banco neoyorquino no oponga resistencia a ser desplazado y pierda su negocio, todavía resta sortear el impedimento que recae sobre esa entidad para colaborar con Argentina al momento de suministrarle la información de los acreedores. “El contrato dice que ante un impedimento en el cobro por parte de los acreedores se puede modificar el canal de pago. Por eso, el Gobierno presenta al Parlamento un canal de pago a salvo de obstrucciones”, sostuvo Kicillof.

5 ¿Nación Fideicomisos cumple con las condiciones para reemplazar al BoNY?

El contrato es preciso: el agente fiduciario debe contar con una capitalización de 500 millones de dólares y tener su oficina corporativa de fideicomisos en Nueva York. Nación Fideicomisos, subsidiaria del Banco Nación, cumple sólo con el primer requisito. La entidad no está autorizada a operar en Estados Unidos como agente pagador de vencimientos de deuda. Sin embargo, no se pretende lograr esa habilitación ya que, si la tuviera, los pagos no estarían protegidos de las erráticas decisiones de Griesa y otros jueces permeables a los reclamos buitres. Los asesores legales del ministro Kicillof interpretan que en ese escenario se impone la filosofía de fondo del contrato: garantizar que los acreedores cobren. Si Argentina deposita el 30 de septiembre los vencimientos del Par en las cuentas que tiene el actual fiduciario en el Banco Central, casi con seguridad los dólares y euros no llegarían a sus propietarios. Frente a esa “situación de fuerza mayor” se justificaría el intento de cambio.

6 ¿Qué sucede si los bonistas no aceptan ese cambio?

Desde un importante fondo de inversión extranjero con oficinas en Nueva York afirmaron ayer a este diario que no se oponen al reemplazo del fiduciario y señalaron incluso que están dispuestos a aceptar el canje de bonos por otros con ley local. Sin embargo, la posibilidad no será compulsiva. Como indica el contrato y enfatiza el proyecto de ley, los bonistas también pueden designar un fiduciario que “garantice el canal de cobro”. Tampoco se puede descartar que, por razones estatutarias, financieras, políticas, alguno de los fondos de riesgo con bonos argentinos rechace esa propuesta. Si no acceden y mantienen los títulos, podrían convertirse en holdouts de segunda generación. Otra posibilidad pesimista es que se reúna el 25 por ciento de los acreedores y frente al incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato reclamen la aceleración de los pagos, lo que abriría un intenso proceso de demandas cruzadas. La confirmación de ese reclamo implicaría que el país debe cancelar de una vez todo lo adeudado en materia de capitales e intereses hasta el vencimiento definitivo de los títulos.

7 ¿Hay alguna alternativa?

Sí. Se podrían modificar las condiciones dispuestas en el contrato para ser agente pagador (ítem 5.8), eliminando el requerimiento de que tenga una oficina en Nueva York. De esa forma, Nación Fideicomisos sería elegible. Para lograrlo se debería convocar a una asamblea de bonistas y conseguir el apoyo del 66 por ciento de los presentes. La posibilidad no fue explicitada por el Palacio de Hacienda, pero el proyecto de ley es lo suficientemente ambiguo para dejar abierta esa vía.

1 ¿Cuándo se implementarán los cambios?

El Palacio de Hacienda pretende que el proyecto reciba la aprobación del Congreso antes del 30 de septiembre. En esa fecha, Argentina debe realizar el próximo desembolso correspondiente a intereses de los bonos Par. Cuando la ley esté vigente, Argentina reclamará al BoNY que transfiera al nuevo pagador los 539 millones de dólares retenidos en sus cuentas. Cuanto antes finalice el debate legislativo, mayor será el tiempo disponible para que el país avance con el proceso de remoción del BoNY.

El premio Nobel de Economía consideró que el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso "es una buena decisión" porque le da a los tenedores de bonos la libertad de cambiar sus activos. "Es lo que yo hubiera recomendado", subrayó Joseph Stiglitz, quien además criticó el esquema jurídico por el cual "un juez llega a tener el derecho de juzgar acerca de cualquier bono en el mundo".

En declaraciones a Ámbito Financiero, Stiglitz consideró que la iniciativa de cambiar por ley el agente de pago de deuda para garantizarle a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 el cobro de los depósitos del Estado argentino sería una de las soluciones "desde el punto de vista económico". "Si tengo una activo y lo quiero cambiar voluntariamente por otro, no veo la razón de por qué no. Es la base de la economía", añadió.

Por otro lado, opinó que "desde una perspectiva global, no es posible entender por qué un juez llega a tener el derecho de juzgar acerca de cualquier bono en el mundo. La extraterritorialidad debería ser inaceptable", manifestó en forma enfática.

Consultado sobre las consecuencias económicas que podría provocar el cambio de jurisdicción, Stiglitz respondió: "No puedo opinar sobre qué ocurrirá con los puntos legales porque no soy experto. Pero desde una perspectiva histórica, a los mercados les interesa una sola cosa: la habilidad de repagar la deuda”.

“En general, luego de una reestructuración como la de Rusia o Grecia, es posible volver a los mercados internacionales de manera bastante rápida, generalmente en dos años", señaló, y agregó que "es por eso que esta decisión no provocará efectos adversos para el país, en el sentido de conseguir financiación en los mercados internacionales. La Argentina ha demostrado en los últimos años la voluntad y capacidad de pago".

Finalmente, el economista insistió en remarcar la necesidad de crear una organización global para encontrar soluciones a los problemas de reestructuraciones de deuda. "El problema es el mientras tanto. Existe un gran consenso entre expertos de que debe existir, y más aún luego de casos como éste", concluyó.

En la carta, sostienen que los acontecimientos recientes en relación con el caso argentino también tendrán un impacto directo en Estados Unidos y su condición de “centro financiero de la economía mundial”. Temor sobre la plaza Nueva York.

La puja de la Argentina contra los fondos buitre generó un reclamo internacional para crear nuevos mecanismos legales que permitan proteger las reestructuraciones de deuda soberanas y evitar la arbitrariedad de un sistema judicial que logró avanzar sobre las decisiones de política económica de otro país. Este es el escenario que permite entender el contexto en el cual una serie de economistas como el Nobel adscripto a teorías neoclásicas Robert Solow, Branko Milanovic y Dani Rodrik escribieron una carta dirigida al Congreso de Estados Unidos instando a los legisladores a “actuar inmediatamente y buscar soluciones legislativas para mitigar el impacto nocivo de la decisión del tribunal” de Griesa. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionó este texto durante su discurso de ayer, y afirmó que le gustaría leer este tipo de argumentos en la prensa local y no en los periódicos extranjeros.

“La decisión de la Corte distrital, y especialmente el interdicto que está actualmente bloqueando a Argentina de realizar los pagos al 93 por ciento de sus bonistas extranjeros, podría causar un daño económico innecesario al sistema financiero internacional, así como a los intereses económicos de Estados Unidos y de la Argentina”, sostuvieron los economistas, acompañados de otras cien firmas.

Los países del Brics –Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica–, los de la Unasur, el Mercosur, las naciones que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de los 77 se han pronunciado en contra del accionar de los fondos buitre en relación con el caso argentino, por el precedente que han sentado para las reestructuraciones de la deuda y, a su vez, comenzaron a demandar cambios en la legislación, ya sea a nivel local como supranacional.

“La decisión de la Corte de que la Argentina no puede continuar pagando a los bonistas reestructurados, excepto que primero pague a los demandantes, significa que cualquier holdout acreedor puede echar a perder todos los acuerdos existentes con los tenedores de bonos que optaron por negociar. Mientras que a individuos y corporaciones se les garantiza la protección de la ley de bancarrota, no existe tal mecanismo para los gobiernos soberanos”, escribieron los economistas Milanovic, Rodrik y Solow.

La visión de estos economistas, sumada a la del Premio Nobel Joseph Stiglitz (ver aparte), contrasta con la de los economistas locales. Si bien la mayoría ha cuestionado el accionar de los fondos buitre, enfatizaron más su crítica al gobierno nacional antes que considerar las implicancias globales de la puja que está llevando adelante el gobierno nacional. El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen sostuvo durante un reportaje en Radio Nacional que los pronunciamientos de la OEA o los Brics no tenían importancia ni incidencia en la temática y que sólo podría generarse un cambio en el sistema financiero internacional dentro del FMI. Stiglitz, por su lado, y Milanovic, Rodrik, Solow y las otras cien firmas que enviaron su carta al Congreso norteamericano estarían considerando otros escenarios.

En la carta sostienen que los acontecimientos recientes en relación con el caso argentino también tendrán un impacto directo en Estados Unidos y su condición de “centro financiero de la economía mundial”. “Si bien gran parte de la deuda del mundo en desarrollo ha sido publicada bajo la jurisdicción de las leyes de Nueva York y la utilización de las instituciones financieras con sede en Nueva York, el fallo del tribunal (de Griesa) hará que sea más probable que los gobiernos soberanos busquen ubicaciones alternativas para la emisión de deuda. Gran Bretaña y Bélgica, por ejemplo, ya han aprobado una legislación destinada a prevenir este tipo de comportamiento de los acreedores holdouts”, aseveraron.

En su argumento está la pretensión de defender el statu quo de Estados Unidos como plaza financiera internacional. Es desde ese lugar que reclamaron cambios en el sistema jurídico de su país para evitar los abusos judiciales de la sentencia de Griesa, convalidada por la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema.

“La decisión del tribunal (de Griesa) obstaculizaría gravemente la capacidad de los acreedores y la de los deudores a concluir de manera ordenada una reestructuración, dejando que una crisis de deuda soberana ocurra. Esto podría tener un impacto significativamente negativo en el funcionamiento de los mercados financieros internacionales, como el FMI ha advertido en repetidas ocasiones”, indicaron Milanovic, Rodrik, Solow.

Lo que intentó dejar en claro este conjunto de economistas es que nada será igual en la arquitectura financiera internacional a partir del caso argentino, cualquiera sea su resolución.

La «Declaración de Fortaleza» contiene grosso modo, las conclusiones y perspectivas de integración al término de la VI Cumbre del BRICS, realizada del 14 al 16 de julio en Brasil. A través un documento (1) de 72 puntos de carácter oficial, el grupo pentapartita integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica -que aglutina 40% de la población, 26% de la superficie terrestre, 27% de la producción y 21% del PIB mundial- reafirmó su compromiso con el derecho internacional, el multilateralismo político, el desarrollo económico, la equidad social, el crecimiento sostenible y la preservación del medio ambiente.

Los acuerdos celebrados con Rusia y China no podrían ser caratulados como las noticias más populares del momento, entre otras cosas porque su repercusión en los medios de mayor alcance es –para ser benévolos– francamente secundaria. Pero si se observa el mediano y largo plazo, y en alguna medida también el corto, son de los hechos más trascendentales de los últimos tiempos.

Al margen del espacio exiguo que le confirió la prensa opositora (sus noticieros televisivos del jueves a la noche directamente ignoraron que visitaba el país el presidente de la segunda potencia mundial), esa falta de repercusión es comprensible. En el caso particular de los negocios con los chinos, además, hay el antecedente del episodio de 2004, cuando Kirchner y su par Hu Jintao declararon tanto como ahora que la relación entre ambos países era estratégica. En aquel momento, con origen desconocido, se dejó correr que Beijing aportaría 20 mil millones de dólares en concepto de nunca se supo qué. La versión tardó poco en revelarse como falsa. Subsistirá la duda de si fue torpemente influida por Casa Rosada, para generar algún pico de entusiasmo cuando Argentina ni siquiera veía las puertas del purgatorio; si se trató de una auténtica fantasía oficial, o si consistió en una opereta para dejar en orsay al Gobierno. Cualquiera haya sido el origen, quedó como el gran cuento chino. Pero no es por eso que los acuerdos actuales despiertan antes indiferencia que prevenciones. Es que el amperímetro de los sectores bajos y medios se mueve con primacía por la realidad del bolsillo cotidiano, las expectativas por fuentes laborales y estabilidad del empleo, la percepción positiva o negativa en torno del horizonte más bien inmediato. Pretender que eso sea reemplazado por una contentura masiva, debido a que los rusos acaban de rotularnos como socio estratégico principal en América latina, o a que los chinos invertirán y prestarán a tasa baja y largo plazo una carrada de miles de millones de dólares, sería de una ingenuidad a toda prueba. Cómo se afronta la suerte en el supermercado o en el chino, justamente está a kilómetros por delante de estrategizar que Moscú apuesta fuerte en la energía nuclear argentina o que Xi Jinping anuncia unos 5 mil millones de dólares para las dos represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz (que serán completamente nacionales, aportando casi un cinco por ciento de la electricidad que consumimos). El Estado argentino comenzará a pagar el préstamo una vez que las centrales estén funcionando, lo cual supone cinco años y medio de gracia, y participan en el crédito tres bancos chinos de primera magnitud. Recibirán la contrapartida de venta de energía. Es también con los chinos que se acuerda la renovación del swap (pase) conveniado en 2009: canje de yuanes por pesos, que no necesariamente implica un desembolso para integrar respaldos monetarios sino un reaseguro que favorece a Argentina si hubiera presión cambiaria o caída en el flujo de reservas. Todo muy bonito, dirán la lógica y sensibilidad generales junto con la propaganda contraria de ciertos intereses mediáticos, pero el pequeño detalle es que mientras tanto hay un escenario de caída de consumo y problemas de estabilidad laboral anclados, entre otras causas, en el motor percutido de las áreas automotriz y de la construcción. Es cierto. No debería decirse que el Gobierno está inmóvil contra ese presente, porque despliega políticas de protección institucionales y asistencialistas que, hasta aquí, contienen con éxito el descontento y la incertidumbre social y sindical. Son respuestas que tienen al Estado como actor principal, y no a los agentes económicos privados. Como fuere, el clima económico no es el mejor. Sin embargo, y siendo que de los laberintos se sale por arriba, las dificultades de coyuntura no deben extraviar la mirada acerca de si en lo estructural está obrándose a los tumbos o con buena mirada estratégica.

China es el segundo socio comercial de Argentina, solamente superado por Brasil. Son 14 mil millones de dólares anuales con una balanza comercial muy deficitaria, que traducido a productos significa que les vendemos materias primas sin valor agregado –soja a la cabeza– contra importación de manufacturas para armar electrodomésticos y otros bienes. Les despachamos porotos de soja, carnes de ave, cueros vacunos, aceite de maní. El avance en los acuerdos que se firmaron no ubica a los chinos como benefactores de la Argentina ni nada que se le parezca. La propia prensa adversa al Gobierno destaca que seguimos hablando de venderles energía, alimentos y minerales, pero a cambio de que ellos inviertan en infraestructura que en varios aspectos son de logística para bajar los costos de transporte de lo que necesitan. Son los casos de la red ferroviaria a través del Belgrano Cargas y el de los dos acueductos a construir en Entre Ríos, para regar tierras que producirán arroz. Y a más de la fabulosa inversión en la construcción de las centrales hidroeléctricas santacruceñas, los asiáticos garantizan financiación preferencial para construir una cuarta central nuclear, con tecnología similar a la de Embalse y a instalarse en la localidad bonaerense de Lima, junto a Atucha I y II. Se sugiere leer la nota del colega Fernando Krakowiak, en Página/12 del viernes pasado, que precisa los alcances de este acuerdo que podría incluir la construcción de un quinto reactor para el que ya precalificaron multinacionales estadounidenses, francesas, rusas y coreanas, a más de otra china (CNCC). El presidente chino llegó con una comitiva de más de 200 empresarios y se firmaron acuerdos bilaterales en varias áreas. Hasta hace unos 20 años, Argentina les compraba a los chinos zapatos y juguetes. Ahora les compramos maquinaria, partes de motos y productos para el hogar, como subraya el presidente de la cámara comercial argentino-china, Ernesto Fernández Taboada, a la par de reconocer que se incrementa la venta de aceite de oliva y cacahuete, pescado, madera, vino tinto, alas y garras de pollo. Agilizar todo eso requiere invertir y prestar en infraestructura aquí, y por supuesto que el esquema llama a preguntarse si no sería mejor una activación local de economías regionales integradas, menos sujeta a los gigantes emergentes, a los acuerdos de élites empresariales y a la importación de insumos que comprenden ciertas inversiones externas. Suena atractivo y desde ya que podría ser complementario, pero no parece realista cuestionar a rajatabla este tipo de alianzas productivas si se juzga la dimensión de los actores en juego, la dinámica política y, en definitiva, las probabilidades de desarrollo en los marcos de un sistema capitalista integrado a escala global como nunca sucedió en la historia.

Convendría también detenerse en que Argentina acaba de participar en la sexta cumbre del grupo Brics, sigla empleada internacionalmente para referirse de modo conjunto a Brasil, Rusia, India y China, y a los que en 2010 se agregó Sudáfrica. Son el 43 por ciento de la población mundial, con casi un cuarto de la economía planetaria y creciendo año a año: el comercio entre ellos ascendía a unos 21 mil millones de euros en 2002, para alcanzar casi 250 mil millones de la misma moneda en 2012. Esta semana se anunció la creación de un banco de los Brics, destinado a cubrir necesidades de financiación e infraestructura de los emergentes. Es similar al mecanismo creado hace cuatro años y del que forman parte países del sudeste asiático más China, Japón y Corea del Sur. Argentina fue invitada a la reunión que se efectuó en la ciudad brasileña de Fortaleza y Cristina informó que recibió un amplio apoyo de Brics en la batalla contra los buitre. Aunque el respaldo no se expresó de manera declaratoria formal, varios referentes de las naciones del grupo ya lo habían manifestado. Es un dato político importante, si bien la prensa opositora prefirió destacar que Argentina no fue invitada a sumarse al conjunto. Dilma Rousseff se ocupó de aclarar que eso es “por ahora”, pero en realidad nunca estuvo en danza que Argentina fuese convocada a integrarse. En otras palabras, construyeron una observación previa por la negativa para que el saldo positivo de la participación del país quedase licuado. Un manipuleo que no es ninguna novedad, sin que por eso deba dejar de señalárselo porque en este caso, además, fue la propia cumbre Brics lo que no recibió un despliegue informativo acorde a su magnitud. Salvo, claro, si se considera chaucha y palito la conformación expansiva de un bloque de poder mundial que trastrueca el eje Estados Unidos-Europa, para equilibrarlo con el de Asia-Pacífico –junto con algunos grandes actores sudamericanos– y lo que eso suponga en las relaciones globales de poder. El colonialismo mental de algunas gentes les impide asomarse a lo que está delante de sus narices.

Excepto por los 20 años de impunidad tras el atentado a la AMIA, no se diría que haya habido, para rango de primera plana, noticias mejor merituadas que las descriptas. Pero no fue así y, tras los ecos del desempeño de la Selección en el Mundial y los incidentes alrededor del Obelisco, se volvió a los avatares de palacio y a las coyunturas de la economía doméstica. Sólo metió baza el estado de la negociación con Griesa y sus amiguitos. Que eso se comprenda, y hasta justifique, no implica que la vista renuncie a esforzarse para llegar más lejos. Debería ser insólito que algunos persistan en hablar de una Argentina afuera del mundo, aislada, librada a la buena de Dios de ser “argenzuela” o tonterías por el estilo. Esa gente necesita salir a buscar un poco de aire fresco, informarse mejor, tomar nota de que ese mundo está en un movimiento que ya no responde estrictamente a la lógica imperial y binaria. O lo saben y no lo dicen, o están convirtiéndose en una derecha vieja.

El área de Economía y Tecnología de la Flacso sede Argentina y el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) de la CTA publicaron ayer una declaración conjunta sobre el conflicto con los fondos buitre. Con el título de “Soberanía versus neoliberalismo”, el texto dice: “La decisión del gobierno nacional de rechazar la extorsión de los fondos buitre y del Poder Judicial norteamericano es un hito decisivo para consolidar la soberanía y la viabilidad económica y social de la Nación. Se trata de resguardar lo avanzado en la renegociación y quita de la deuda externa de 2005 y 2010, así como el pago al FMI, que permitieron –junto a la expropiación de la mayoría accionaria de YPF– reafirmar la soberanía nacional y generar las condiciones para tender a mejorar el nivel de vida de los sectores populares en un estado constitucional de derecho”.

“El neoliberalismo como etapa específica de la dominación y acumulación capitalista introdujo nuevas formas de subordinar a los estados nacionales a la lógica de la expansión insaciable del capital financiero.”

“Décadas atrás el condicionamiento inicial fue el propio endeudamiento externo no sólo por el pago de intereses notablemente elevados, sino porque fue clave para concretar una fuga de capitales inédita que lideraron tanto ellos como sus socios nacionales (los grupos económicos locales). Posteriormente, los denominados ‘golpes de mercado’ –de los cuales las crisis hiperinflacionarias de 1989/1990 constituyen una fiel expresión– estuvieron destinados a apropiarse de las empresas públicas y con ellas garantizar el pago de la deuda externa pública y privada.”

“Más recientemente, los juicios entablados por las firmas transnacionales –especialmente las de servicios públicos privatizados– ante el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, fueron posibles por la firma en la década de 1990 de los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras (TBI), que en la actualidad deberían ser denunciados. Ahora, el condicionamiento proviene ya no del Banco Mundial sino, nada menos, del sistema judicial norteamericano, supuestamente ‘técnico y neutral’, que no sólo convalida una extorsión a un país soberano que busca compatibilizar la reestructuración de su deuda externa con el desarrollo económico, sino que internacionaliza las propias pugnas de poder dentro del imperio.”

“Ciertamente no se trata de adoptar posiciones intransigentes, inviables dadas las actuales relaciones de fuerza, que le significarían una pesada carga a la sociedad argentina. Se trata de avanzar en la negociación dentro de los límites que impone la necesidad de preservar los intereses de la mayoría de la población no agregando nuevos condicionamientos a la soberanía nacional.”