El sector es de gran dinamismo y gracias a la Ley de Software en 2004 viene multiplicando el nivel de empleo, con un salario promedio por encima de la media nacional y colocándose en tercer lugar en el volumen de las exportaciones. Ahora la nueva ley redistribuye recursos hacia pequeñas y medianas empresas. 

En los primeros días de marzo se implementaron, en nuestro país, una serie de medidas vinculadas a abordar la problemática del coronavirus. Este esquema consistía en cuarentena obligatoria por 14 días para quienes retornaran de países considerados zona de riesgo por la pandemia, la suspensión de espectáculos masivos (desde el 12 de marzo y por decreto del gobierno nacional, acompañado por distintas provincias), licencias laborales para grupos de riesgo (a partir del 15 de marzo), suspensión de clases, cierre de fronteras del territorio nacional, disminución de la frecuencia del transporte público y recomendación de suspensión en actividades no esenciales (desde el lunes 16 de marzo) [1].

Nos hemos reunido en Lima como una comunidad de amplia base conformada por activistas, académicos y académicas, juristas, litigantes y profesionales con experiencia; personas comprometidas con el avance de la justicia fiscal a través de los derechos humanos, y la realización de los derechos humanos a través de la justicia fiscal.

Los ingresos tributarios son el instrumento más importante, fiable y sostenible para que los Estados destinen recursos dirigidos al cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos de manera suficiente, equitativa y responsable. Del mismo modo, la realización de todos los derechos humanos es una razón de ser fundamental de los gobiernos. Es a través del respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que el Estado adquiere legitimidad para recaudar impuestos. La tributación también juega un papel fundamental en la redistribución de los recursos en formas que pueden prevenir y corregir las desigualdades de género, económicas u otras desigualdades y reducir las disparidades en el disfrute de los derechos humanos que se derivan de ellas. Por otra parte, un sistema tributario justo puede cimentar los lazos de rendición de cuentas entre el Estado y la gente, estimulando a los gobiernos a ser más sensibles a los derechos y a las reivindicaciones de aquellos y aquellas ante quienes deben responder. Las políticas fiscales pueden igualmente contrarrestar las flagrantes deficiencias del mercado y proteger los bienes comunes globales, en particular un medio ambiente sano en el planeta.

Si bien en el último cuarto de siglo el debate sobre política tributaria ha estado en la agenda de los gobiernos latinoamericanos, su principal foco ha sido el aumento de la recaudación tributaria. La interacción de la política fiscal con la política macroeconómica, sus efectos sobre el ahorro y la inversión y su impacto en la distribución de los ingresos son temas que continúan abiertos.

El incremento de los ingresos fiscales en América Latina en la última década se explicó, entre otras cosas, por el mayor crecimiento y la relativa estabilidad experimentada, a expensas del aumento de la demanda de los países de mercados emergentes y de los altos precios internacionales de las materias primas.

Crecimiento económico con alta desigualdad social ha sido una de las principales características de los últimos años, lo que hace de América Latina una de las regiones más desiguales del mundo. El gran desafío de la región es, por tanto, crecer con equidad e inclusión social.