A 41 años del Golpe de Estado genocida de Videla, Agosti, Massera, de los grupos económicos, la cúpula de la Iglesia, de la corporación judicial, la Embajada de Estados Unidos, venimos nuevamente a esta Plaza a repudiar los crímenes de lesa humanidad: las miles de desapariciones forzadas, asesinatos y presos políticos; las torturas; el robo de bebés; el funcionamiento de cientos de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio; la censura; la mentira organizada; la pobreza programada; una Guerra por Malvinas con delitos de lesa humanidad; la deuda externa que causó hambre por décadas; el exilio al que fueron obligadas miles de personas; el terrorismo de Estado.

Este año, además, venimos a denunciar los enormes retrocesos en materia de derechos humanos que sufre nuestro pueblo: la miseria planificada, la persecución política, la represión y el encarcelamiento de militantes, la pérdida de la soberanía política y económica.

Aquel 24 de marzo de 1976, la Casa de Gobierno fue ocupada por la Junta Militar. Con los sectores civiles del terror, desde ahí se ejecutó un plan criminal y sistemático de exterminio y empobrecimiento del país. Con un modelo económico de exclusión y pobreza, con la represión organizada en cientos de centros clandestinos en todo el país, la planificación del robo de bebés, la militarización de fábricas, la prohibición de la organización política, la entrega del país a los capitales internacionales, esa Junta genocida inició un período cuyo preludio había sido la nefasta Triple A, Alianza Anticomunista Argentina.

Con la coordinación de las dictaduras del Cono Sur a través del Plan Cóndor, toda nuestra región se volvió un lugar de terror y hambre, pero también de luchas y resistencias con la organización social, política, sindical y estudiantil de nuestros pueblos. Hubo miles de presos políticos, miles de exiliados, miles de detenidos-desaparecidos, miles de asesinados en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

En ese contexto de terrorismo de Estado, cuando los genocidas cometían sus crímenes a diario, cuando masacraban a los religiosos tercermundistas, cuando secuestraban a las comisiones internas de las fábricas, cuando desaparecían a los jóvenes estudiantes como los de La Noche de los Lápices, cuando se llevaban a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, los medios masivos de comunicación que fueron el órgano de propaganda y de acción psicológica de ese plan siniestro del horror, hablaban de cuerpos que aparecían de la nada, o de “enfrentamientos” para ocultar los fusilamientos. Mentían. Organizaban la mentira desde las oficinas de Clarín, La Nación, La Nueva Provincia o la Editorial Atlántida, entre tantos otros. Entre las empresas y grupos económicos responsables de ese plan de exterminio, denunciamos a la Sociedad Rural Argentina, Ledesma, Ford, Fiat, Mercedes Benz, La Veloz del Norte, Acíndar, Dálmine-Siderca, Loma Negra y muchas más. Eran los empresarios del terrorismo de Estado, quienes con la cúpula de la Iglesia, la corporación judicial y la Embajada de Estados Unidos, integraron el sector civil de esa dictadura. Todos esos responsables civiles deben ser juzgados y condenados.

El 24 de marzo de 1976 se dio un Golpe genocida que instaló el terrorismo de Estado. El horror fue planificado desde el Estado. Nadie puede negar la dimensión de esos crímenes ni el número de víctimas, son 30.000 personas que el Estado hizo desaparecer por su militancia. Por eso, porque reivindicamos las luchas de los 30.000 detenidos-desaparecidos, porque nos faltan desde hace más de 40 años y aún no hemos tenido la posibilidad de recuperar sus restos, decimos: ¡repudiamos toda expresión negacionista!

En esta Plaza, recordamos las luchas en los ingenios azucareros, las Ligas Agrarias, el Cordobazo, el Rosariazo y las comisiones internas en las fábricas, el movimiento sindical, estudiantil y popular, la militancia en las organizaciones del Peronismo Revolucionario: UES, Montoneros, FAP, Sacerdotes por el Tercer Mundo y FAL; la tradición guevarista del PRT, Ejército Revolucionario del Pueblo; y las tradiciones socialistas y comunistas: Partido Comunista, Vanguardia Comunista, PCR y PST; y tantos espacios en los que miles de compañeras y compañeros lucharon por una Patria justa, libre y solidaria. Nadie, y menos desde el Estado, puede poner en duda que ¡SON 30.000! Y en esta Plaza, y con todo el pueblo, ante la Casa de Gobierno, gritamos: ¡presentes, ahora y siempre!

También seguimos reclamando la urgente apertura y desclasificación de absolutamente todos los archivos, tanto en el país como en otros lugares del mundo, para saber todos los nombres de los culpables y qué hicieron con los cuerpos de las víctimas.

En plena dictadura, vinimos a esta Plaza a exigir saber dónde estaban los desaparecidos. El próximo 30 de abril se cumplirán los 40 años de lucha de las Madres de Plaza de Mayo. Empezaron a caminar acá mismo, mientras a su alrededor tenían a las Fuerzas represivas de la dictadura. Caminaron, denunciaron, reclamaron, buscaron. El pañuelo blanco se conoció en el mundo con el grito que trajeron a esta misma Plaza: ¡aparición con vida! Esas Madres desafiaron al terror y se unieron por la búsqueda de sus hijos, hijas y de los 30.000. Fueron perseguidas, secuestradas, torturadas, desaparecidas y arrojadas en los vuelos de la muerte. Son 40 años de lucha permanente por la memoria, la verdad y la justicia. Son 40 años de ejemplo, perseverancia, solidaridad y compromiso. Queridas Madres, queridas compañeras, a 40 años de lucha, con todo el pueblo en esta Plaza, queremos decirles: ¡Madres de la Plaza, el pueblo las abraza!

Hoy, las Madres abrazan al Pueblo y, recordando el doloroso peso del "mirar hacia otro lado", las indiferencias y también ciertas nefastas connivencias y complicidades de aquellos trágicos años, hoy proclamamos y pedimos: nunca más el silencio.

Acá, y en todas las plazas del país en las que también hay marchas y actos, reivindicamos las luchas de los 30.000. Lo dijimos siempre, y más ahora, en tiempos en los que intentan reeditar los discursos del “no te metás”. Nos vamos a seguir metiendo, vamos a seguir denunciando el avasallamiento de derechos por parte del Gobierno antipopular de Mauricio Macri, vamos a seguir exigiendo la libertad para Milagro Sala y todas las presas y presos políticos, vamos a seguir denunciando los despidos, el hambre, el ajuste, la represión y la persecución política, vamos a seguir exigiendo la erradicación de la violencia institucional. No hay errores en las políticas neoliberales: hay hambre planificado.

En la Carta Abierta de Walsh, hoy se pueden volver a leer realidades que vivimos, porque el plan económico de este Gobierno democrático tiene los mismos objetivos que el de Martínez de Hoz: menos derechos para los trabajadores, apertura de las importaciones, destrucción de la industria nacional, aumento indiscriminado de la deuda externa y alineamiento con Estados Unidos y el FMI.

La dictadura genocida del 76, con la Doctrina de la Seguridad nacional en la mano, construyó al denominado “enemigo interno” para justificar sus crímenes. Con despidos masivos y fábricas militarizadas, las trabajadoras y trabajadores organizados fueron el sector donde se concentró la mayor cantidad de víctimas. Como sostuvo Rodolfo Walsh en su Carta abierta “cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados, que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron”.

Hoy, 41 años después del Golpe, han reinstalado un plan económico de exclusión y, nuevamente, los trabajadores y trabajadoras vuelven a ser los principales perjudicados. Tanto en el sector privado como en el estatal, los despidos se cuentan de a miles, mientras intentan que regresemos a tiempos de flexibilización laboral. Los docentes, en reclamo por la paritaria nacional, son atacados no sólo públicamente, sino también con amenazas, como las sufridas por el compañero Roberto Baradel y su familia, hechos que repudiamos enérgicamente. Ese plan económico se complementa con la persecución a los trabajadores organizados, quienes representan la resistencia al proyecto neoliberal. Repudiamos enérgicamente la persecución a trabajadores y acompañamos la lucha que se da en cada lugar del país en defensa del derecho al trabajo, como AGR-Clarín, la cooperativa del Bauen, la Textil Neuquén, Atanor y tantas otras.

Los planes económicos de hambre tienen como condición necesaria la represión. Por eso, este Gobierno pretende imponer un protocolo de represión de las protestas sociales. Esa es su respuesta ante un pueblo organizado. Este Gobierno reprime y persigue, como lo demuestra la represión a mujeres en el Encuentro Nacional en Rosario y en la marcha del 8 de marzo, la represión a los pueblos originarios, como la comunidad mapuche de Cushamen, generada para defender los intereses de empresas multinacionales que nos siguen robando el territorio. Los pueblos originarios siguen sufriendo el abandono del Estado, que responde con represión para defender a los empresarios que son socios y amigos de Mauricio Macri, como Joe Lewis. La represión a las manifestaciones populares no son hechos aislados: son órdenes sistemáticas.

¡Basta de represión! ¡Basta de violencia institucional! Siempre lo dijimos y hoy lo repetimos: la represión nunca puede ser la respuesta a la protesta social. Vemos con profunda preocupación el aumento de la violencia institucional, cuyas principales víctimas son los jóvenes, como Ezequiel e Iván, integrantes de la Garganta Poderosa torturados por Gendarmería, las detenciones arbitrarias como sucedió con varios grupos detenidos al pintar murales por la libertad de Milagro Sala, y los controles policiales abusivos en espacios públicos. También seguimos exigiendo que las cárceles dejen de ser lugares de violación de derechos. Asimismo, exigimos el castigo a los culpables de los asesinatos de Luciano Arruga, y de los compañeros Darío Iki Julián y César Méndez, integrantes del Movimiento Popular La Dignidad.

Se hace difícil terminar con las violencias hacia las mujeres cuando hay un Estado que cierra áreas de atención y protección, o con un Poder Judicial patriarcal, que criminaliza a las víctimas, o con un Presidente de la Nación misógino. Hay mujeres que a diario pierden la vida por los femicidios o la trata de personas: mientras sectores del Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad y otros funcionarios, por acción u omisión, sean parte del delito, lejos estaremos de terminar con ese crimen que se roba a diario miles de vidas de mujeres, hombres, niños y niñas para la explotación sexual y/o laboral.

Además, con la excusa de enfrentar a la inseguridad, nuevamente, sectores de derecha pretenden criminalizar a los jóvenes, bajando la edad de imputabilidad. El Estado debe garantizar derechos, no vulnerarlos. El Estado no puede actuar en contra de tratados de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Debe tomar medidas inclusivas y de promoción de derechos. Hoy vemos funcionarios más preocupados por meter presos a pibes de 14 años que por garantizarles salud y educación.

A 35 años de la Guerra por Malvinas, con un gobierno servil de las grandes potencias mundiales, tenemos que defender más que nunca nuestra soberanía. No podemos aceptar que organismos del Estado distribuyan mapas oficiales sin nuestras islas, como hizo el Ministerio de Desarrollo Social. Y así como apoyamos el proceso de identificación de los 123 cuerpos que siguen sin nombre en el cementerio de Darwin, acordado entre Argentina, Inglaterra y la Cruz Roja, seguimos exigiendo que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los soldados argentinos y que se apoye y acompañe desde el Estado a los ex combatientes. ¡Las Malvinas son argentinas!

Nuestra identidad está en permanente construcción. Día a día, seguimos buscando a los nietos y nietas que faltan. Nacieron en el cautiverio de sus madres o fueron secuestrados junto a sus padres. Desde entonces, los seguimos buscando. Hasta ahora, hemos encontrado 121 de esas verdades, pero faltan muchas más. Por eso, al cumplirse en octubre los 40 años de lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, seguimos necesitando que todo el pueblo se comprometa en la búsqueda de los más de 300 hombres y mujeres que viven bajo una identidad falsa. Si tienen algún dato que pueda contribuir a ese encuentro, por favor, díganlo. Hablen con ese posible hijo de desaparecidos para que se anime a dar el paso. Si dudan sobre su identidad, por favor, acérquense. También necesitamos que se rompan los pactos de silencio de los genocidas, quienes saben qué niños y niñas nacieron, en qué centro clandestino, a dónde fueron entregados y cuáles son las familias apropiadoras. Sin esa verdad, sin cada nieto con su familia, la deuda de nuestra democracia sigue siendo enorme.

En esta Plaza somos miles. Incluso, tal vez ya estén por acá los bisnietos, quienes también tienen derecho a conocer su identidad. Por eso, porque la identidad es un derecho, les pedimos que no se queden con la duda y se acerquen a las Abuelas: no sólo se van a encontrar con la verdad, sino también con el abrazo y el amor de la familia. Son 40 años buscando encuentros, 40 años encontrando verdades. Juntos, podemos vencer al miedo: ya es tiempo de encontrarnos.

En esos mismos pactos de silencio de los genocidas está la información para saber dónde están los cuerpos de los miles de desaparecidos. Nos deben eso: después de 41 años, seguimos necesitando saber dónde están. A la desaparición forzada le siguieron años, y luego décadas, sin saber dónde están los cuerpos de nuestros familiares y compañeros. Necesitamos esa verdad de manera urgente, como también necesitamos que el Estado responda dónde está Jorge Julio López, a más de 10 años de su segunda desaparición forzada.

La búsqueda de justicia comenzó en pleno genocidio con la presentación de habeas corpus y reclamos y denuncias ante organismos nacionales e internacionales. La recuperación de la democracia permitió que las Juntas militares fueran juzgadas en 1985, pero las leyes de impunidad volvieron a poner a los genocidas en las calles. Sin embargo, nuestro pueblo siempre siguió luchando por Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina y otros países. Así, se abrieron procesos judiciales en el exterior, mientras en el nuestro sólo podían avanzar las causas por apropiación. En el 2003, las luchas del pueblo fueron reconocidas en políticas de Estado. Desde el año 2003 hasta el 2015, con los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se tomaron decisiones históricas en nuestro país, especialmente en las respectivas a las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia: se declaró la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indultos, se reabrieron los juicios, fueron señalizados los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y muchos de ellos recuperados como espacios de memoria. Un Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, pidió perdón en nombre del Estado.

Hoy vemos cómo Mauricio Macri retrocede y se niega a hablar de los desaparecidos. A la par, vemos cómo sus funcionarios se reúnen con asociaciones que reivindican el terrorismo de Estado y además ejercen el negacionismo, como Gómez Centurión o Darío Lopérfido.

Los juicios a los genocidas se constituyeron en un ejemplo ante el mundo. Con todas las garantías constitucionales respetadas para los imputados y sin tribunales especiales, los juicios siguen en todo el país, porque ya son parte del pueblo argentino. Ya hay más de 750 genocidas condenados y vamos a seguir luchando por más Memoria, Verdad y Justicia, y para que el Estado no retroceda en sus responsabilidades. No vamos a permitir impunidad: el único lugar para un genocida es la cárcel común, perpetua y efectiva, no lo son sus casas ni las cárceles de lujo, como Campo de Mayo.

Tenemos que volver a denunciar que el Gobierno de Mauricio Macri no sólo cobija funcionarios negacionistas, sino que, además, gestiona retrocesos en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se retiró la querella contra el civil de la dictadura Alejandro Reynal, no se apeló el sobreseimiento a Magnetto, Herrera de Noble y Mitre por Papel Prensa y se vaciaron espacios como el Programa “Verdad y Justicia”, clave en la colaboración con el Poder Judicial para impulsar investigaciones y causas. También fueron desmanteladas las Direcciones de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad y el Banco Central, dedicadas a buscar documentación de la dictadura y corre el mismo riesgo el equipo de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Hoy vemos cómo estos discursos negacionistas y estos mensajes de desidia y desinterés del Gobierno operan sobre el Poder Judicial.

Repudiamos el accionar de una parte del Poder Judicial que hoy representa un peligro para el juzgamiento de los responsables del horror. Denunciamos las sentencias que consagran la “teoría de los dos demonios”, como la de la Masacre de Capilla del Rosario, y la impunidad de la participación civil, casos como el de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, dictados por las Salas III y IV de la Cámara Federal de Casación Penal. En ese sentido, es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación impedir que la Cámara de Casación vuelva a frenar estos juicios, revocando estos fallos y también confirmando otros que dejaron en claro que el terrorismo de Estado empezó mucho antes del Golpe del ´76, como el de la Masacre de Trelew. No alcanza con reuniones y declaraciones: de los jueces, queremos que agilicen los juicios, sentencias que reconozcan el terrorismo de Estado y que hagan justicia.

En el año que pasó también se consiguieron logros importantes. Por primera vez un empresario, Marcos Levín, fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Por primera vez un juez fue condenado por entregar a una hija de desaparecidos, adoptada ilegalmente. En Córdoba se dictó una sentencia histórica por los crímenes de La Perla. Vamos a seguir militando para que cada vez sean más, para que cada vez haya más genocidas en la cárcel. En esta misma plaza reclamamos que el Poder Judicial investigara si César Milani había cometido delitos de lesa humanidad. Hoy celebramos que la justicia haya avanzado y una vez más gritamos bien fuerte ¡JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS!

Los juicios por delitos de lesa humanidad necesitan el compromiso de los tres Poderes del Estado. Una vez más, exigimos al Poder Legislativo que conforme la Comisión Bicameral para la investigación de la participación civil en delitos de lesa humanidad, como también reclamamos que cesen los intentos de remover a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó.

Estamos acá, en esta Plaza, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Meses atrás, el Gobierno intentó mover este feriado para convertirlo en un día de paseo y con el objetivo de reducir las movilizaciones. Pero eso es imposible: nuevamente, somos miles en las calles y plazas del país. El 24 de marzo es una fecha en la que nuestro pueblo recuerda, reivindica, denuncia y fortalece la lucha.

Además, en este marzo de movilizaciones, fuimos miles de personas en las calles y las plazas apoyando la lucha docente en defensa de la educación pública, miles apoyando el paro y la movilización de las mujeres en la lucha contra el patriarcado, miles de trabajadores y trabajadoras reclamándole al Gobierno por nuestros derechos.

A 41 años del Golpe, reafirmamos nuestro compromiso con el proyecto de país por el que lucharon los 30.000 y todos los compañeros y compañeras de nuestros países hermanos, organizados contra las dictaduras de la región. Seguimos defendiendo esta Patria Grande, a pesar de los ataques permanentes, como el año pasado con el golpe a la compañera Dilma Rousseff, con los intentos de derrocar a Nicolás Maduro o de debilitar el Gobierno de Evo Morales. ¡Fuerza, compañeros y compañeras de la Patria Grande!

Basta de discriminar a las personas migrantes. Repudiamos enérgicamente las medidas dispuestas para poner en funcionamiento una cárcel para migrantes, como también los intentos para institucionalizar la discriminación y xenofobia. Somos pueblos hermanos y lo seguiremos siendo. Quienes gobiernan, deben entenderlo y respetarlo.

Los gobernantes también deben escuchar los reclamos por la libertad de Milagro Sala, Gladys Díaz, Mirta Aizama, Alberto Cardozo, Mirta Rosa Guerrero, Javier Nievas y Graciela López, integrantes de la Organización Tupac Amaru, presos y presas políticas del Gobernador Gerardo Morales, el Presidente Mauricio Macri y el empresario responsable de crímenes de lesa humanidad, Carlos Pedro Tadeo Blaquier.

Una Argentina con presos y presas políticas como Milagro Sala, situación cuestionada incluso por organismos internacionales, con miseria planificada como realidad en cada familia, con precios que suben mientras los salarios bajan, con represión como respuesta sistemática a la protesta social, con desocupación masiva, con fábricas que deben cerrar mientras se abren todas las puertas del país a la importación, con el miedo y la persecución política como amenaza, la persecución a sindicatos opositores, con un mercado interno que privilegia a las multinacionales por sobre las pequeñas y medianas empresas nacionales, con un plan económico de exclusión de las mayorías, con genocidas y golpistas desfilando en actos oficiales.

Éste no es el país por el que lucharon los 30.000. Por eso, porque nacimos en sus luchas y viven en las nuestras, vamos a seguir luchando por una Argentina para todos y todas, con libertad, inclusión, igualdad y solidaridad. Cuando la violencia, el hambre y la exclusión son organizados desde el Estado de manera sistemática, no hay errores: lo que hay es un Gobierno que avasalla los derechos del pueblo.

A 41 años del Golpe cívico-militar, denunciamos el mismo plan económico y sostenemos la misma lucha. Por eso, exigimos: ¡BASTA DE MISERIA PLANIFICADA!

Ante un Gobierno que vulnera los derechos del pueblo, seguimos respondiendo con lucha, compromiso y solidaridad. Vamos a seguir en las calles, las plazas, las luchas. Vamos a seguir gritando ¡PRESENTES! por los 30.000, porque detrás del negacionismo está el intento de olvido, y detrás del intento de olvido está la intención de desmovilizarnos, de volver a “foja cero” las luchas. No nos han vencido: ¡estamos acá, en unidad, con el pueblo, con las banderas de los 30.000 en alto!

Mañana se cumplirán 40 años de aquel 25 de marzo de 1977, cuando los genocidas de la ESMA masacraron a Rodolfo Walsh. A poco más de un año del inicio del Gobierno de Mauricio Macri, con las palabras de Walsh, decimos: “lo que ustedes llaman aciertos, son errores, los que reconocen como errores, son crímenes, y lo que omiten, son calamidades”.

¡LIBERTAD A LAS PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS!

¡RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS NIETOS Y NIETAS!

¡JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS!

¡BASTA DE REPRESIÓN AL PUEBLO!

¡BASTA DE MISERIA PLANIFICADA!

¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

Abuelas - 24 de marzo de 2017