Las irresponsables políticas de las transferencias de los Servicios Educativos Nacionales a las Provincias sin recursos financieros tuvieron su punto máximo entre 1992 y 1994, y, junto a los cambios en la estructura del sistema educativo mediante la Ley Federal de Educación de 1993, terminaron conformando un disgregamiento del Sistema Educativo Nacional, de los salarios docentes –congelados o reducidos además-, y con una ampliación en la brecha salarial entre las jurisdicciones. En ese contexto la Carpa Blanca de los docentes tuvo un triple mérito: reivindicar la importancia de la educación, abortar la tendencia a la privatización del sistema educativo y volver a corresponsabilizar a la Nación en el financiamiento del sistema educativo preuniversitario. Lamentablemente ese camino se ve empañado por la crisis terminal de fines de 2001 que afectó no sólo al sistema educativo sino que fue generalizada, llegando al punto de la cuasi desarticulación de las instituciones y la sociedad argentina.

De 2003 en adelante, el punto de inflexión se vuelve permanente, se retoma el financiamiento nacional con mayor convicción, y se van realizando cambios normativos tendientes a unificar el Sistema Educativo Argentino preuniversitario y armonizarlo con un modelo de desarrollo nacional, a través de las Leyes de Financiamiento Educativo, de Educación Nacional y de Educación Técnico Profesional.

Hasta 2005 el aporte federal se refleja en el incentivo docente y desde 2006 se suma la compensación salarial docente, con lo que se sostiene un sendero de reducción en la brecha de desigualdad salarial jurisdiccional para los docentes, en la cual una institución tuvo el rol protagónico central: la paritaria nacional docente.

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Revista Entrelíneas de la Política Económica Nº 47 (CIEPYC) - abril de 2017