El sector agropecuario argentino ha tenido un importante crecimiento económico en las últimas décadas, liderado fundamentalmente por la producción agrícola granaria: oleaginosa y cerealera.[1]  No obstante, la modalidad de dicha expansión y la herencia del desarrollo agrario argentino, definen los serios problemas estructurales que subsisten y se agravan en la actualidad.

La política económica de la dictadura militar, quebró las aún tímidas iniciativas de acceso a la tierra y fortalecimiento de la pequeña y mediana producción agropecuaria, que se intentaron durante los primeros años de la década de 1970.  A partir de 1976, el inicio de la desregulación en el sector, la interrupción  de la asistencia financiera a dicho segmento productivo, el desmantelamiento de los programas e institucionalidad existentes en materia de colonización agrícola, entre otros, debilitaron fuertemente la permanencia de los pequeños productores o agricultores familiares.

Si bien con el advenimiento del gobierno democrático de 1983, se intentó revertir esta tendencia,  fortaleciendo instrumentos crediticios, comerciales, tecnológicos,  que beneficiaron, de algún modo,  a la pequeña y mediana producción agraria, sus resultados fueron limitados en intensidad y en el tiempo.

La política económica de la “convertibilidad” a través de la intensificación de la desregulación económica, debilitó más profundamente la economía de la pequeña y mediana producción agropecuaria, en la medida que se disolvieron los principales organismos reguladores de la producción y comercio de las distintas cadenas. [2] De este modo, la pequeña y mediana producción quedó fuertemente subordinada a  los agentes económicos concentrados,  dominantes en cada una de ellas.

A mediados de la década de 1990, la desinversión, el endeudamiento financiero y la necesidad de afrontar gastos para el consumo, llevó a la desaparición de una proporción importante de las pequeñas y medianas explotaciones en todas las regiones agroproductivas.

El Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2002 da cuenta de la desaparición de aproximadamente el 20% de las explotaciones agropecuarias totales del país, en relación al CNA anterior de 1988[3]. La región pampeana, núcleo agroecológico de la producción de granos, fue la que registró el mayor porcentaje de pérdida de unidades productivas.

De este modo, el crecimiento agrícola de las últimas tres décadas, se caracterizó por un proceso de concentración y centralización de la producción en la totalidad de las cadenas de base agropecuaria.  Especialmente en el núcleo más dinámico de expansión que fue la producción granaria, liderada por la soja. [4]

A partir de mediados de la década de 1980, el cultivo de soja creció de manera ininterrumpida hasta la actualidad.[5]

Dicha expansión se potenció a partir de mediados de la década de 1990, con la aprobación del uso de la semilla transgénica, resistente al herbicida glifosato.  A esta tecnología genética se le agregaron un conjunto de innovaciones de procesos, de productos y de gestión, tales como la siembra directa, la agricultura de precisión, la intensificación del uso de agroquímicos, la modernización en la maquinaria agrícola y la tercerización de gran parte de las actividades del ciclo productivo.

Este conjunto de innovaciones no era ajeno,  ni a la cultura ni al conocimiento de la pequeña y mediana producción chacarera. Como tampoco era contradictorio,  en términos de productividad física o rendimientos por hectárea, con la pequeña escala de producción.

No obstante, un elevado porcentaje de la pequeña y mediana producción chacarera  no pudo adoptar estas  innovaciones, por sus dificultades para financiarse en la banca comercial y la inexistencia  de instrumentos específicos orientados a su fortalecimiento. [6]

La fuerte intensidad del crecimiento del área con soja, que en la actualidad supera el 60% del total de la superficie sembrada y la modalidad del proceso de concentración de la producción, provocaron serios impactos socio ambientales.

Condiciones de monocultivo en una proporción importante del área sembrada, especialmente en los suelos arrendados por grandes explotaciones y la decisión unívoca del control de malezas mediante crecientes volúmenes de glifosato, afectaron fuertemente ecosistemas y la salud en habitantes de regiones productivas.[7]

Durante el período 2003-2015 si bien se ejecutaron una importante cantidad de proyectos orientados a la Agricultura Familiar y se asignaron recursos considerables, no pudo generarse una planificación del conjunto de  los instrumentos creados a tal fin, de modo de lograr impactos de consideración.

Del mismo modo, si bien se logró jerarquizar el ámbito de la Agricultura Familiar, creando un Secretaría dentro del Ministerio de Agricultura, por otro lado, no  se logró revertir la pérdida de la institucionalidad que tuvo lugar durante la década de 1990 con la desregulación y desaparición de Organismos Públicos.

Sin embargo, hay que rescatar la sanción de algunas  leyes que intentaron constituir un marco de referencia significativo, para mitigar el proceso de concentración y el “acaparamiento” de tierras y atenuar  la debilidad estructural de la pequeña y mediana producción agropecuaria.

Una de ellas es la Ley N° 26.737 sancionada en 2011, llamada “Ley de Extranjerización de la Tierra”, si bien su verdadero nombre es “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”. Esta ley impone límites a la tenencia de la tierra por parte de extranjeros, por región y por nacionalidad.

Si bien, previo a la sanción de esta ley, no logró elaborarse un diagnóstico preciso de la magnitud de tierras en propiedad extranjera, de modo de precisar un límite más preciso, la existencia de este instrumento legal, impone restricciones evidentes, que en algunas regiones son de extrema importancia.

Otra ley a mencionar es la  N° 27.118 de 2013, de “Reparación histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una nueva Realidad en Argentina”. Esta ley, aun no reglamentada, tiende a promover el desarrollo socioeconómico de la Agricultura Familiar y contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria. Un aspecto trascendente de la ley, es que establece la necesidad de crear un Banco de Tierras para la Agricultura Familiar, constituido principalmente por tierras públicas o que podrían ingresar al patrimonio nacional.[8]

Otra ley trascendente es la N° 26.727/ 2011 de “Trabajo Agrario, que constituye un avance significativo en relación a la legislación que existía previamente en el ámbito laboral agropecuario.

A partir de diciembre de 2015, con la  política económica irrestrictamente liberal, el actual gobierno ha avanzado en un conjunto de iniciativas que llevan a agudizar los problemas de concentración de la producción agropecuaria y acentuarán aún más la debilidad de la agricultura familiar. Mencionaremos, entre otras, a las siguientes:

            i)La modificación de la Ley 26.737 de “Extranjerización de la Tierra” a partir del decreto N° 820/16, que, con el pretexto de atraer inversiones extranjeras, elimina controles que debían hacer la UIF y AFIP a capitales extranjeros que quisiesen adquirir tierra. Facilita la venta de terrenos con espejos de agua. Permite eludir con maniobras administrativas y contables, las limitaciones y obligaciones impuestas por la ley.[9]

            ii) A pesar de los constantes reclamos de todas las organizaciones de Agricultores Familiares, continúa sin reglamentarse la Ley N° 27.118, mencionada anteriormente. No obstante, desde el gobierno, se ha avanzado con iniciativas de enajenación de la tierra pública existente y con potencial valor agrícola. De este modo, se impediría posteriormente concretar uno de los importantes objetivos de la ley que era la creación del “Banco de Tierras” para la Agricultura Familiar. En esta misma dirección, hay que mencionar,  la reciente sanción del decreto N°225/17 que dispone la venta de activos públicos, entre ellos un campo en zona de regadío  en Mendoza, de aproximadamente 4.000 ha  y otro en Córdoba de 8.500 ha, que pertenecerían al ejército y ambos de importante valor productivo.[10]

            iii) En el transcurso del último año y medio, se han verificado  reiterados intentos de desalojos de campesinos de sus tierras, en distintas provincias,  por parte de grandes propietarios. Especialmente este avasallamiento avanza en territorios de las comunidades indígenas, a pesar de que están registradas en el marco de la Ley N° 26.160. En todos los casos se está intimidando a los campesinos, con amenazas y amedrentamientos, indiferencia y/o intervención judicial a favor de terratenientes. El objetivo que persiguen es ocupar dichas tierras, para explotarlas con producción de granos y/o ganadería, desconociendo la agricultura en pequeña escala existente en dichas comunidades.

            iv)  La pequeña producción agraria está recibiendo los impactos regresivos de la actual política económica. Recientemente, el presidente de la Federación Agraria Argentina, invocando un estudio de la Agricultores Federados Argentinos, dio cuenta de la profunda crisis en la agricultura familiar de todas las regiones del país. Declaró que un chacarero que tiene 50 ha propias o 100 arrendadas, no puede cubrir con sus ingresos, la canasta básica del INDEC. Entre las causas menciona la baja rentabilidad por el aumento de costos, a la falta de transparencia en las cadenas, al mercado interno deprimido y a la falta de respuesta adecuada del estado, ante la emergencia hídrica.[11]

            v) La fuerte apertura importadora de la actual política económica, si bien afecta drásticamente al sector PyME industrial, perjudica también a la pequeña y mediana producción agropecuaria. El Informe 2016 de Importaciones elaborado por la provincia de Santa Fe, registró el impacto de la importación en lo relacionado a distintos rubros de la producción primaria, que se realizan en dicha provincia. En el caso de alimentos de origen animal, los volúmenes importados en 2016 respecto al año anterior, crecieron en los cuatro rubros de interés provincial, entre 122% a 891%. Se destaca el caso de la carne porcina, que registró en 2016 un volumen de importación de 25,7 millones de kg. Hay que mencionar, que en la última década, hubo una fuerte expansión de la actividad porcina en el marco de la agricultura familiar. En cuanto a alimentos de origen vegetal, el Informe registró, entre otros, la importación de 17,5 millones de kg. de batata, 11,6 millones de kg de zanahorias, rubros que prácticamente no registraban importaciones anteriores y todos ellos relacionados con la producción pequeña y mediana. En algunos casos, estos volúmenes importados constituyen  proporciones significativas, en relación a la producción nacional.[12]

Existe otro conjunto de impactos negativos hacia la pequeña y mediana producción agropecuaria, que por razones de síntesis, no es posible profundizar. Entre ellos hay que mencionar la crisis generalizada de la pequeña y mediana producción en las economías agrarias extrapampeanas.  Ocasionada, entre otros, por: i) los desincentivos a la industrialización en las distintas cadenas, debido a la nueva estructura de precios relativos, favorable a la primarización; ii) la caída generalizada del consumo interno, principal componente de la demanda de las economías regionales; iii) los efectos de la importación en casos como la producción forestal maderera, vitivinícola, entre otros; iv) y el creciente proceso de concentración alentado por la actual política económica.

Obviamente, esta situación afecta también intensamente a los trabajadores rurales y de las manufacturas de origen agropecuario. Un sinfín de conflictos se han registrado en el último año y medio, tales como los del sector yerbatero, tambero, limonero, frutícola, el Alto Valle y Valle Medio, azucareros en Salta, entre otros, que indica el intenso impacto negativo, de la actual política económica y sectorial, sobre las clases rurales más débiles, de pequeños productores y de obreros rurales.

En respuesta a esta situación tan angustiante, hay que mencionar la existencia de innumerables exteriorizaciones y manifestaciones por parte de estos sectores sociales, que han tenido lugar desde que asumió el actual gobierno. Reclaman acceso a la tierra, resisten a que los despojen de los campos donde se asientan desde hace décadas, piden por el mantenimiento de fuentes de trabajo, impulsan la presentación de proyectos de leyes que los protejan, etc.

Además, debe observarse con atención y valoración, el importante número de organizaciones de la agricultura familiar existentes en todo el territorio del país, representando a cadenas productivas, a sectores campesinos, a comunidades indígenas, a cooperativas, etc., que han sido protagonistas de todas estas exteriorizaciones y reclamos.

Ello indica la necesidad de aunar las diversas problemáticas que son muy semejantes en las distintas regiones y lograr una articulación de las organizaciones de la pequeña producción agraria. De este modo, será posible elaborar un programa articulado de necesidades y reclamos, que trascienda lo local, que acerque la problemática agraria a las legislaturas provinciales y nacional, que proponga límites a la concentración de la tierra y de la producción y que intente articular sus intereses con los de otros sectores sociales, que también están siendo fuertemente afectados  por la política económica vigente.

* Miembro de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios “Ing. Horacio Giberti” de la FFyL (UBA). Profesor de maestrías en UBA y FLACSO