Entre los países del Sur, Argentina muestra un desarrollo temprano del fenómeno de la fuga de capitales. Después de cuatro décadas de persistente flujo de recursos hacia el exterior, las más recientes mediciones de los stocks de riqueza offshore de origen argentino representan, relacionados con la magnitud de su Producto Interno Bruto (el valor anual de la riqueza creada en el país), un record en América Latina –que comparte con Venezuela. Las estimaciones ubican al país en los primeros puestos del ranking global: cerca de un Producto Interno Bruto se acumula en el mundo offshore. Alrededor de 400.000 / 500.000 millones de dólares salieron fuera del sistema económico (más de un 90% de modo ilícito). El flujo de fuga anual representa casi 5 puntos del PIB, una cuarta parte de la inversión total que se realiza cada año en el país.

El arraigo de culturas favorables al incumplimiento fiscal y la fuga de capitales entre los residentes argentinos y las empresas que operan localmente es un dato crucial. Las más de tres décadas de restauración democrática no han logrado favorecer la limitación de ambos fenómenos. En paralelo, se han agravado circunstancias externas desfavorables como la extensión de la globalización económico-financiera, el retroceso de las facultades tributarias del Estado-Nación y, en particular, la expansión del sistema de guaridas fiscales.

 En el plano interno, se acentuaron algunas características dañinas de la estructura económica de la Argentina, su estructura tributaria y gestión fiscal, a las que se sumó en el último año y medio una gestión económica de cuño neoliberal que ha terminado de destruir la “frontera financiera nacional” al establecer la libre circulación de capitales. Esto propicia actividades especulativas locales y la acumulación acelerada de deuda externa que, adicionalmente, facilitan la fuga y están llevando a la economía a una situación de extrema vulnerabilidad externa.

La cuestión tributaria

En materia tributaria, indisolublemente asociada a la fuga de capitales, son los países más avanzados los que fijan las pautas en el mundo, y las asociaciones que los comprenden las que alcanzan mayor armonización normativa, coordinación en la gestión e influencia global.

Esos países logran fijar reglas del juego internacionales que operan a favor de sus empresas, sus fiscos y/u otros intereses económico–financieros propios. En ausencia de organismos multilaterales responsables en este campo –un vacío que el tributarista Vito Tanzi propuso llenar hace décadas- son los limitados acuerdos y consensos ad hoc en el seno del G7 -últimamente extendidos al G20- y en el de la OECD los que marcan los rumbos. Estos acuerdos han resultado cada vez más insuficientes en su alcance territorial y económico-social, así como en su legitimidad a medida que el Sur del mundo los países emergentes ganan espacio; además se muestran inadecuados para hacer frente a la escalada destructiva de las “fuerzas globales desatadas”: descontrolada competencia tributaria que mina los sistemas normativos; elusión y evasión rampantes que ponen en ridículo a las administraciones impositivas; creciente fuga de capitales que erosiona severamente a las economías y las sociedades de los Estados-nación (limitando su potencial económico, la cantidad y la calidad de su fuerza de trabajo y la posibilidad de alcanzar mayores niveles de equidad). Los “Jinetes del Apocalipsis” son los protagonistas destacados del mundo offshore: la banca global y las multinacionales; las guaridas fiscales; las grandes empresas globales consultoras en auditoría e impuestos (con las “Big Four” al frente) y los grandes estudios legales especializados. Estos son los grandes facilitadores (enablers) del aprovechamiento del mundo offshore por parte de las corporaciones multinacionales y los “ricos globales”, principalmente.

El futuro ya arribó

Hace dos décadas Tanzi destacaba el impacto de estos fenómenos -que ya se registraba- sobre las estructuras tributarias (un creciente sesgo regresivo) y advertía acerca de su empeoramiento: “es solo cuestión de tiempo para que el nivel de la tributación comience a reflejar las fuerzas en juego”.

El mundo que Tanzi pronosticó ha llegado. Poco más una década después de su vaticinio, la gran crisis de comienzos del milenio (2007-2008) mostró crudamente los costos del tiempo perdido. Las amenazas de “volar con dinamita” las guaridas fiscales del presidente Sarkozy de Francia (apoyado por Ángela Merkel y el entonces titular del FMI Strauss Kahn) se toparon con la férrea defensa de la “hermandad anglosajona” (EEUU y el Reino Unido). Ese intento radical resultó, a través de la aceptación del G20, en un curso de acción mucho más moderado y, con seguridad, menos eficaz: el Proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting; Erosión de las Bases Tributarias y Fuga de Beneficios), cuyo diseño e implementación está a cargo del “club de los países ricos”, la OECD.

Ni la propuesta de Tanzi, ni la opción más moderada –como construcción institucional- que los países en desarrollo presentaron en Addis Abeba (Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Julio de 2015) logró ser aprobada. Ella apuntaba a mejorar y potenciar el  “Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación” de la ONU. Los países ricos, en especial la “hermandad anglosajona”, se opusieron. Para peor, este pasado mes de junio la OECD dio a conocer una lista vacía de paraísos fiscales. Vale decir, para este organismo todas las jurisdicciones del globo serían “colaboradoras” en materia de información tributaria. En otras palabras, la OECD acaba de renovar las “patentes de corso” de las guaridas fiscales del mundo con un doble efecto: la continuidad de la piratería económica global (favoreciendo a grandes bancos y corporaciones multinacionales) y la promoción de la vida “carnavalesca” de los ricos globales. ¿Qué se puede hacer entonces?

La agenda supranacional y global 

Los mayores problemas son los planteados por el sistema financiero global. En apretada síntesis, la sustancial desregulación que los beneficia, su comportamiento oligopólico y el acelerado proceso de concentración (los tres obviamente vinculados). Una muy valiosa investigación reciente ha puesto el foco en esta “hidra mundial” (Francois Morin, 2015), cuyos 28 bancos miembros resultan claramente protegidos por los principales Estados del mundo desarrollado. En este contexto, no es una paradoja que muchos de estos Estados estén resultando “capturados” como consecuencia de  sus deudas con el oligopolio.

Una medida fundamental es establecer controles sobre los movimientos internacionales de capital que permitan moderar la volatilidad de sus flujos. Esto contribuiría a la estabilidad financiera y a cumplir con decisiones adoptadas por el G20 en el año 2009 -luego olvidadas- respecto de terminar con la perversa dinámica resultante de la acción conjunta de “jurisdicciones del secreto” (guaridas fiscales) y el secreto bancario que estimulan la fuga ilícita de capitales.

En relación al problema de las guaridas fiscales, el tiempo de discursos cínicos, sin sustancia, debe terminar. En primer lugar, la transparencia y la accesibilidad a la información resultan cruciales; como paso preliminar, los gobiernos deben ser obligados a asegurar un fácil y generalizado acceso a los datos acerca de los flujos financieros no registrados. Las guaridas fiscales concentran una creciente porción del “negocio” opaco global en los territorios de países desarrollados y sus dependencias, cada vez más ligado a las operaciones offshore del oligopolio bancario global. Esta cuestión debe ser incluida, sin demoras adicionales, en la agenda del cambio estructural global.

En un contexto en el que los organismos multilaterales muestran cada vez con mayor claridad sus sesgos y limitaciones, resulta imperioso adoptar acciones regionales de los países del Sur para hacer frente a los desafíos señalados. Lamentablemente, en muchas zonas del mundo en desarrollo, como es el caso de América Latina, las acciones regionales “defensivas” son hoy marginales.

- Jorge Gaggero, investigador argentino y miembro de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe

Opinión Sur - 6 de julio de 2017