El 1 de agosto, fuerzas militares de la Argentina dispersaron de forma violenta una ocupación de tierras en la provincia de Chubut, al Sur del país. Los territorios, que ahora pertenecen al magnate italiano Luciano Benetton, son reclamados ancestralmente por el pueblo mapuche, una de las naciones indígenas más perseguidas, reprimidas y segregadas tanto en Chile como en la Argentina. A la ocupación mapuche se había acercado días antes Santiago Maldonado, un joven artesano de 28 años, oriundo de Buenos Aires y que vivía en la localidad de El Bolsón, a pocos kilómetros de allí. Santiago fue visto por última vez durante la represión de las fuerzas de seguridad. Diversos testigos indican que lo vieron correr y ser apresado por los efectivos de la llamada Gendarmería Nacional. Desde entonces, nunca más se supo de él.

La desaparición generó una gran movilización ciudadana, que rápidamente fue amplificándose por las redes sociales con el lema #DondeEstaSantiagoMaldonado y recibió apoyo de líderes políticos, sociales y personalidades del mundo artístico.

La ministra de seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, sostuvo de inmediato que nada unía la desaparición de Santiago a la represión de las fuerzas de militares. En seguida, atacó a la población mapuche, sosteniendo que ésta, con acciones violentas, pretendía formar una república independiente dentro del país. Aunque se supo que su jefe de gabinete había ordenado y diseñado junto al comando de Gendarmería la violenta desocupación de la comunidad indígena, defendió al funcionario, diciendo que estaba en el lugar (un páramo distante a más de 1.500 kilómetros de Buenos Aires) porque “pasaba con su coche”. Durante los días siguientes, la ministra divulgó pistas que resultaron ser notablemente falsas, dejó trascender el nombre de un testigo protegido y manifestó que se estaba politizando el caso. Su verborragia le hizo cometer fallidos irrecuperables, como sostener que era del “bando de los que no querían encontrar a Santiago”, y no desaprovechó la oportunidad para minimizar las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Las declaraciones de la ministra de seguridad no contribuyeron a otra cosa que a generar más indignación pública en una sociedad que ha demostrado no estar dispuesta a volver al pasado y continúa aún hoy juzgando a los genocidas que participaron de la desaparición forzada de 30 mil argentinos y del secuestro de centenares de bebes, niños y niñas.

Las escuelas y las universidades, junto a las organizaciones docentes y estudiantiles, desplegaron diversas acciones exigiendo la inmediata aparición con vida de Santiago Maldonado. En los últimos 35 años, desde el retorno a la democracia, el campo educativo ha sido uno de los que más activamente se ha movilizado en defensa de los derechos humanos. El 30 de agosto, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CTERA, comenzó su campaña nacional: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”, utilizando una serie de cartillas y materiales de discusión sobre derechos humanos y la desaparición forzada de personas para trabajar en las escuelas.

La acción del sindicato magisterial fue apoyada por miles de maestros y maestras en todo el país. La iniciativa se sumó a las que ya se estaban llevando a cabo desde el mismo día en que se conoció la desaparición del joven artesano. #DondeEstaSantiagoMaldonado se multiplicó como tema de reflexión y controversia en las escuelas.

Las acciones de debate escolar alrededor del caso Maldonado generaron una fuerte reacción negativa del gobierno nacional y de algunos gobiernos locales, como el de la Ciudad de Buenos Aires, bastión electoral del presidente Mauricio Macri. El rechazo a discutir el tema en las escuelas fue replicado por activistas de las redes sociales y por algunos medios de comunicación favorables al gobierno. También, por padres y madres indignados ante la inclusión del tema y, particularmente, de los materiales de CTERA en las escuelas. Se realizaron declaraciones públicas con miles de firmas y se recomendó que quienes no quisieran que sus hijos discutieran el asunto, exigieran que se los retirara del aula cuando el tema fuera tratado. Reunidos alrededor del hashtag #ConMisHijosNo, la campaña fue creciendo, denunciando que se trataba de politizar las escuelas.

La ministra de educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, sostuvo que no se debía “pasar el límite de la politización”, sin indicar qué unidad de medida debía utilizarse para establecer el índice de politización de un asunto tan complejo como la desaparición de un ser humano.

El mismo día 30 de agosto, el secretario de derechos humanos de la Argentina, Claudio Avruj, declaró que comprendía a los padres que se nucleaban bajo el lema #ConMisHijosNo, Sostuvo que consideraba “doloroso y peligroso” llevar el caso de Santiago Maldonado a las aulas. Después de casi 35 años de democracia, era la primera vez que un alto funcionario de derechos humanos, cuya función es proteger la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, símbolos indelebles de la democracia en la Argentina, se apoyaba ahora en el olvido, en el silencio y la indiferencia ante la desaparición forzada de un ser humano.

El gobierno del país que más ha avanzado en la condena a los genocidas militares y civiles, capaz de movilizarse multitudinariamente ante la más mínima sospecha de que podría volverse atrás en la lucha por los derechos humanos; el del país que sigue recuperando nietos, nietas, hijos e hijas secuestrados en los años setenta; el gobierno del país de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo; el del país del Nunca Más, ahora se horrorizaba ante el debate escolar generado por un caso de desaparición forzada. El gobierno del país de la lucha por la aparición con vida de 30.000 víctimas de la dictadura, consideraba que las escuelas y los docentes estaban politizando el caso de un nuevo desaparecido, esta vez, en democracia.

El 30 de agosto, los sindicatos docentes argentinos lazaron su campaña nacional para discutir la desaparición de Santiago Maldonado. El 30 de agosto, el secretario nacional de derechos humanos, Claudio Avruj, sostuvo que hacer esto era “peligroso”. La fecha no fue una simple coincidencia. El 30 de agosto fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Los docentes argentinos y el gobierno de Mauricio Macri decidieron celebrarlo, cada uno a su manera.

¿Por qué?

"Esta semana comenzarán las clases en Cataluña. Cada sala de clase, cada centro educativo se llenará de niños y niñas. También se llenará de preguntas, de dudas, de miedos, de silencios, de interrogantes vitales. Comenzarán las clases y nos preguntaremos: ¿por qué? ¿Por qué ocurrió un atentando tan brutal y devastador en una ciudad pacífica y abierta como Barcelona? ¿Por qué nos preguntarán nuestros alumnos y alumnas? ¿Por qué?"

Así comenzaba su intervención el periodista y educador Jaume Carbonell en un homenaje que, hace pocos días, CLACSO le realizó al gran teórico de la educación, José Gimeno Sacristán, en Valencia.

Como Carbonell, muchos aprendimos de la obra de Gimeno Sacristán que la escuela no se vuelve o se transforma por un acto de voluntad individual en un espacio político. La escuela es siempre un espacio político, aunque algunos se esfuercen en ocultarlo o condenarlo. No se trata de una elección o de una decisión. La escuela es un espacio inherentemente político porque es la institución que las sociedades democráticas consagran al ejercicio de un derecho tan esencial que su garantía potencia, amplía y vuelve efectivos otros derechos humanos fundamentales. La escuela es siempre política porque allí se educan las nuevas generaciones y se educan, con ellas, los que han sido educados para educarlas. La escuela es política porque allí se ejerce el derecho a vivir en una sociedad donde el conocimiento es un bien público y común. Porque, siendo el primer espacio donde se practica el diálogo y la deliberación entre sujetos diversos y plurales, comienzan a ejercitarse y a construirse los valores que sustentan cualquier democracia efectiva, toda ciudadanía crítica y activa.

Por eso, los conservadores siempre desconfían de la escuela pública, la atacan y tratan de desprestigiarla. Porque, ejerciendo su politicidad, la escuela es un laboratorio de participación y de formación ciudadana. Un espacio de construcción colectiva de la emancipación y de la libertad humanas. Aunque se esfuercen por denunciar que la politización de la escuela avasalla y limita la libertad de opinión y de elección individual, no hay nada más político que el esfuerzo conservador por proclamar el carácter apolítico de la educación. Un esfuerzo discursivo que redoblan cuando reducen la cuestión de la calidad de la educación a un asunto eminentemente técnico, normativo o procedimental; esto es, cuando limitan el debate sobre la calidad educativa a las pruebas de aprendizaje estandarizado, como la que propone la OCDE con el Programa PISA.

La necesidad de despolitizar la escuela es una de las más urgentes cruzadas moralizadoras del neoliberalismo, reduciendo la educación de los más ricos a un espacio reproductor y amplificador de sus privilegios, y la educación de los más pobres a una simple preparación para el ejercicio y la disciplina de un mercado de trabajo que les exigirá sumisión, silencio, ignorancia y obediencia.

La discusión de situaciones que involucran una clara y brutal agresión a los derechos humanos (como la desaparición de ciudadanos por parte del Estado, o los atentados sufridos por la población civil indefensa), constituyen un insumo pedagógico fundamental para el desarrollo de comunidades de aprendizaje críticas y activas, como las que deben aspirar a construir las escuelas de calidad. Y lo es, porque es en la escuela donde comienzan a edificarse los principios republicanos y democráticos del bien común; el lugar donde la ética deja de conformarse con la retórica evasiva de una promesa sólo accesible a los virtuosos, para transformase en un saber práctico que guía la construcción colectiva de la igualdad y de la justicia social. La política no “entra” en las escuelas. La política impregna las escuelas, las constituye y les da sentido, como el oxígeno le da sentido al aire, como el sol le da sentido a la flor. La política dota a la escuela de sentido, porque lo que se pone cada día en juego en la escuela es nada menos que la interpretación del pasado y la construcción del futuro, porque es en la escuela en donde los seres humanos comienzan a transformarse en sujetos del presente.

Que la escuela no sea otra cosa que un espacio anodino, sin otro horizonte que el del entrenamiento repetitivo y desinteresado, o el del disciplinamiento idiotizante, la locomotora que conduce y reproduce una sociedad de papanatas indolentes, también es la forma en que, con pasmosa frecuencia, la escuela ejerce su papel político.

No hay política en la escuela. Es que la política, para transformarse en un elemento vital para la construcción de sociedades libres, emancipadas y autónomas, necesita convertirse en escuela, volverse pedagogía, constituirse en práctica docente y confundirse, mezclarse, mimetizarse con el concierto cacofónico que se ejecuta, cada día, en una sala de clase.

Por eso, esta semana, cuando los niños y las niñas de Cataluña y de toda España vuelvan a sus escuelas, se preguntarán por qué. Y nadie podrá silenciar esa pregunta. Ni siquiera los burócratas, quienes, por detrás de la aspiración de neutralidad ideológica de la escuela, pretenderán hacer del silencio el eufemismo de la ignorancia.

Si la escuela está impregnada, construida y cimentada de política, la vida humana no le puede ser indiferente. Ni en Buenos Aires, ni en Barcelona, ni en ningún sitio.

El País - 14 de septiembre de 2017