En los años 80, una serie de cambios en las normativas jurídicas dio inicio al reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos. Las reivindicaciones vinculadas al territorio, la consulta y participación, una educación bilingüe e intercultural y el acceso a los servicios sanitarios en consonancia con las concepciones de salud indígenas –entre otras– generaron discusiones y tensiones entre el Estado nacional, los estados provinciales, los diferentes sectores de la sociedad civil y los pueblos originarios.

Pero, a pesar de los avances alcanzados en el plano jurídico, las comunidades de los 35 pueblos oficialmente reconocidos enfrentan conflictos territoriales y sufren el deterioro ambiental de sus recursos.

Las disputas que enfrentan las comunidades asentadas tanto en espacios urbanos como rurales, cada vez más exacerbadas, están asociadas a la ausencia de regularización de los títulos del territorio, el avance de la frontera agrícola, forestal y ganadera, el desarrollo de actividades hidrocarburíferas o mineras y el asentamiento de pobladores no indígenas. Esta situación provoca el arrinconamiento de las comunidades en zonas desfavorables, el deterioro de sus condiciones de vida, los desalojos compulsivos, las pérdidas territoriales y en muchos casos la judicialización de sus reclamos.

Letra muerta

Algunos de los conflictos territoriales tienen una larga historia y están en el origen de las organizaciones supracomunitarias que llevaron a cabo demandas tanto a nivel nacional como internacional por incumplimiento de la Constitución Nacional y de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Argentina. 

En este marco, en 2006 se sancionó una ley que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. Dicha normativa, prorrogada en 2009 y 2013, buscó dejar en suspenso la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras, y puso en marcha el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas bajo la órbita del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. 

Mediante un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades se procedió a delimitar los espacios territoriales indígenas. Esta delimitación estuvo atravesada por numerosas confrontaciones en tanto el foco en el carácter actual de la ocupación implicó desconocer los procesos de despojo sistemáticos que se vienen produciendo desde hace años.

Pero no se trata sólo de una disputa por la ocupación de la tierra. Los conflictos ambientales tienen su correlato territorial en la medida en que ponen en riesgo la sustentabilidad integral de las comunidades a causa de la explotación indiscriminada de sus recursos. A pesar de la sanción en 2007 de la Ley de Bosques, que garantiza la protección y el manejo sostenible de los mismos, numerosas comunidades originarias, sobre todo asentadas en las regiones del Noroeste y Noreste del país, disputan conflictos permanentes con empresas agrícolas, madereras y mineras, mientras que las comunidades de Cuyo y la Patagonia lidian con incursiones de las compañías hidrocarburíferas y mineras.

Este escenario ha generado la profundización de una serie de conflictos en los que la violencia se manifiesta en distintos registros: represalias, intimidaciones y judicialización ante los reclamos de las comunidades indígenas que siguen luchando para que sus derechos se hagan efectivos.

Mapa de conflictos indígenas

Los números de casos relevados son sólo representativos de los conflictos presentes en Argentina y se proponen como punto de partida para visibilizar estos hechos. Argentina, parte continental americana

El principal conflicto: la lucha por la tierra

La Ley Nacional 26.160 de noviembre de 2006 declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, suspendía los desalojos y ordenaba la realización de un Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral por un período de cuatro años, que por incumplimiento fue prorrogado hasta 2017. Un informe del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) de 2013 daba cuenta del escaso nivel de ejecución del programa: sólo el 24% de las comunidades habían sido relevadas, mientras que los retrasos más importantes se registraban en las provincias de mayor conflictividad como Salta, Jujuy o Chaco.
L.G.

Este artículo forma para de El Atlas de la Argentina

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Le Monde diplomatique Nº 219 - septiembre de 2017