Específicamente, el Ministro de Finanzas de la Nación, representante Argentino ante el G20, del que nuestro país es anfitrión, además de ser titular de off shore ocultó informar a la AFIP y la Oficina Anticorrupción su participación societaria en dos sociedades, a través de las que realizó inversiones de deuda externa con el gobierno nacional. Un caso de extrema gravedad, que debe ser investigado penalmente a fin de determinar la responsabilidad jurídica por aquellos hechos y que debiera provocar la renuncia del funcionario en virtud del inocultable conflicto de interés que representa.  

Resulta de suma preocupación que el gobierno nacional estimule la idea de que las sociedades off shore son legales. A nivel internacional existe consenso y trabajos empíricos de sobrada consistencia que demuestran que este tipo de instrumento están directamente vinculados con mercados criminales que hacen posible la evasión fiscal, el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos organizados especialmente lucrativos.  La proliferación de las sociedades off shore tiene su razón de ser en la necesidad del crimen de reproducir este tipo de mercados ilícitos. Por eso, cuando los funcionarios invierten a través de estos instrumentos están, directa o indirectamente, formando parte de un mercado ilegal.

Durante los últimos años han proliferado también los denominados centros financieros off shore, a través de los cuales se estimula la volatilidad de capitales y la financierización de la económica, con serios riesgos para el desarrollo económico y soberano de los países. Las off shore generan serios daños sobre la estabilidad financiera, especialmente de los países emergentes, erosionan la base tributaria y restringen la inversión extranjera directa. Todo esto compromete las proyecciones económicas y genera daño social.

Asimismo, mientras el gobierno nacional defiende en el Congreso a los funcionarios que tienen vínculos con sociedades off shore, a nivel regional se están tomando medidas tendientes a prohibir que quienes representan al pueblo mantengan negocios, acciones o cualquier tipo de relación con empresas off shore mediante leyes y proyectos de leyes debatidos en el órgano legislativo, así es el caso de Ecuador, Costa Rica, Chile, Bolivia y en Argentina se han presentado proyectos tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.

Desde el punto de vista técnico, una sociedad off shore es aquella cuyos estatutos de constitución no permiten a sus accionistas realizar actividad comercial dentro del territorio de constitución. Es por ello que la única utilidad que puede ofrecer una sociedad que no permite realizar actividad allí donde fue fundada, es la de asegurar el anonimato y ventajas tributarias y financieras ilícitas a quienes las constituyen.

En un mundo global cuyos líderes bregan por la transparencia institucional y financiera, nuestras máximas autoridades que, además hoy presiden la cumbre del G20, promueven el uso de instrumentos societarios opacos que solo sirven para esconder a la identidad de los dueños de fortunas amasadas al margen de la legalidad.

Quienes estimulan la naturalización de las sociedades off shore, pierden de vista que se trata de instrumentos concebidos para defraudar la ley y facilitar la comisión de delitos, tal como en su momento expresó la Inspección General de Justicia a través de la Resolución 5/2007 y posteriormente mediante la Resolución 7/2015.

Entre otros episodios, la crisis financiera del 2008 obligó a los organismos de crédito y de regulación financiera internacional a realizar mayores estudios de la temática y proponer mecanismos de solución orientados a reducir la circulación de flujos financieros a través de sociedades off shore y la presencia de paraísos fiscales en el contexto de las inversiones globales. Tanto la OCDE, como el G20, el FMI, FSB, IOSCO y otros organismos de relevancia global realizan esfuerzos por reducir la dependencia de este tipo de instrumentos. El gobierno nacional debería promover medidas de política pública destinadas a facilitar el registro de los titulares y beneficiarios finales y, establecer la prohibición de ejercer la función pública a quienes sean titulares de este tipo de sociedades.

No deben quedar dudas respecto de que las off shore son instrumento del delito.

CIPCE - 26 de marzo de 2018