El gobierno no cuenta con espacio para escapar de esta trampa de (de)crecimiento económico. Los primeros datos de 2019 indican que la recaudación está empezando a acusar recibo de la recesión. Los ingresos del fisco registran caídas reales desde mediados de 2018, mientras que “imponderables políticos”, como el fallo a favor de San Luis, restringen aún más el margen de maniobra.

Mientras tanto la inflación no cede. Los torniquetes fiscal y monetario reducen los grados de libertad del gobierno para poner un piso al incremento de los costos no laborales de las empresas.

Las negociaciones paritarias y la evolución de los salarios son la gran incógnita para 2019. Desde el punto de vista de los trabajadores, el problema del salario se dirime en dos frentes: la recuperación de lo perdido el año pasado y la pretensión de no volver a perder otro año más.

Los nulos logros del gobierno en materia de inflación y la pauta oficial de 23% para 2019 - lejos de las estimaciones privadas - están obligando a los sindicatos a buscar actualizaciones más cortas. Los gobiernos de CABA y PBA están proponiendo esquemas de indexación. Este mecanismo implica en el mejor de los casos mantener estable el poder adquisitivo en el piso alcanzado a fines del año pasado. Los efectos de introducir indexación en la economía no están exentos de riesgos, frente a un gobierno nacional propenso a la volatilidad cambiaria y con escasa vocación por coordinar la puja distributiva.

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^{Instituto de Trabajo y Economía (ITE) | Fundación Germán Abdala - febrero de 2019}