Esta semana se convirtió en ley la reforma impositiva que envió Axel Kicillof a la legislatura bonaerense, y terminó de saldarse la discusión en torno a cómo los impuestos pueden ayudar a mejorar el acceso a la vivienda y a los servicios urbanos.

Uno de los puntos destacados de la ley tributaria provincial, y la que desencadenó el mayor desacuerdo, fue el aumento del impuesto inmobiliario urbano de un 75%. En el proyecto original, más de 2 millones de contribuyentes -los de mayor valuación- se iban a ver afectados por ese aumento, pero las modificaciones que se le hicieron en el Senado (dominado por Juntos por el Cambio) disminuyeron la cantidad de partidas a 600 mil.

Hay un debate bastante saldado en torno a que los impuestos patrimoniales -como lo es el inmobiliario- son mucho más progresivos que aquellos que gravan ingresos. Básicamente porque el ingreso (por ejemplo, el salario) es un indicador mucho menos certero de la riqueza que posee una familia que su patrimonio (por ejemplo, poseer un inmueble).

En la discusión sobre el desarrollo urbano el tema fiscal es clave y en la provincia de Buenos Aires tiene características específicas. En el libro "Finanzas provinciales e impuesto inmobiliario en la Argentina", los investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Alejandro López Acotto, Carlos Martínez y Martín Mangas hacen un repaso por las últimas tres décadas del impuesto inmobiliario en diferentes provincias. Lo que revelan es que en todo el país este gravamen perdió mucho peso relativo desde 1984 frente a otros impuestos como ingresos brutos. Si en 1984 el impuesto inmobiliario significaba el 27% del total de la recaudación, en 2011 se había reducido al 7%. Pero para la provincia de Buenos Aires esa caída fue mucho más pronunciada: pasó del 36% al 6%.

Los autores, entre otras cosas, concluyen que en la política tributaria provincial "el desdibujado papel que juega el impuesto inmobiliario es una muestra de regresividad en la recaudación y de ausencia de voluntad política (...) de tener una política tributaria de signo progresivo". Y en particular de la provincia ahora gobernada por Kicillof afirman: "El caso más perturbador, por su gravitación económica, es el de la provincia de Buenos Aires, que pasó de ser la jurisdicción en la que el inmobiliario tenía mayor peso en 1984 a estar por debajo de la media del conjunto de las provincias en 2011".

Lo último que destacan los investigadores es que en el período 1984-2011 el índice de progresividad de la recaudación pasó del 45% al 20% justamente por la pérdida de peso de los impuestos patrimoniales, entre los cuales el principal es el inmobiliario pero entre los que contabiliza también otro con consecuencias urbanas que en la nueva ley impositiva aumenta: el impuesto automotor.

Mientras se debatía la ley, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sacó un artículo donde señala que "el impuesto inmobiliario tiene un particular potencial redistributivo en tanto grava la renta generada por la propiedad sobre la tierra". Y además hace una comparación con otros países que me pareció interesante: "Los recursos generados por la tributación sobre la propiedad inmueble son bajos en América Latina. Mientras en nuestra región giran en promedio en torno del 0.3% del PBI, en los países más ricos superan el 1% del PBI".

^{Cenital - 12 de enero de 2020}