El gobierno de Mauricio Macri no tuvo una única política para enfrentar la inflación a lo largo de su mandato. Sin embargo, una idea central estuvo presente durante toda su gestión: la inflación es únicamente un fenómeno monetario.

Por lo tanto, la política antiinflacionaria estuvo dirigida únicamente desde el Banco Central, lo que lo llevó incluso a desentenderse de otras obligaciones que tiene en su Carta Orgánica, como son el desarrollo con equidad social y el nivel de empleo. Desde esta perspectiva ortodoxa, se propuso primero una política de metas de inflación y altas tasas de interés para terminar luego en un congelamiento de la base monetaria con tasas de interés todavía más elevadas.

A pesar de los distintos experimentos, la gestión de Cambiemos acumuló una inflación de 284% a lo largo de su mandato, con dos años consecutivos con una inflación cercana al 50% y rompiendo los récords desde la última hiperinflación de 1991.

En último año la inflación alcanzó el 53,8%, un número que podría haber sido incluso superior dado que los precios regulados crecieron “solo” el 48,2% contra el 56,7% de la inflación núcleo.

El saldo no es el fracaso de medidas puntuales sino de toda la perspectiva ortodoxa de reducir la inflación a un fenómeno monetario y desvincularla de otras decisiones de política económica como la regulación cambiaria y tarifaria.

Lejos de relacionar una elevada inflación con pleno empleo, como postulara la tan mentada Curva de Phillips, la característica de todo el proceso estuvo dominada por la depreflación: cada salto inflacionario fue acompañado por una profundización de la recesión económica, caída del salario real, del consumo y la producción.

Desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) hemos sostenido que desde el año 2010 la economía argentina tiene un problema con la inercia inflacionaria que establecía un piso en torno al 20% y que se mantuvo en torno a ese número hasta el año 2015. La combinación de saltos devaluatorios recurrentes e incrementos tarifarios abruptos hicieron escalar esa nominalidad y dejan un piso inercial del 40% para el año 2020.

Para reducir la nominalidad se requieren políticas que estén enfocadas a trabajar en los ámbitos donde se incorpora la inercia inflacionaria como son la indexación de los contratos -en particular alquileres particulares y comerciales – y las discusiones salariales a la par que se resguardan las variables macroeconómicas principales –tipo de cambio y tasa de interés– para que no tengan saltos bruscos que aceleren todavía más la escalada en los precios.

- Nicolás Pertierra, Economista del CESO (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortíz)

^{Ámbito - 15 de enero de 2020}