Autorregulación en falla

La pandemia desató un gran debate político nacional y mundial, sobre la caracterización de su gravedad y respecto a las medidas y acciones para enfrentarla. Su dimensión destruyó el consenso hegemónico previo, que había minimizado el rol del Estado en la economía y apologizado el rol del sector privado. El registro de este acontecimiento lleva a la discusión ciudadana un conjunto de cuestiones relativas a las políticas públicas para mitigar los daños del virus, pero también al trascendente debate sobre el futuro del patrón económico mundial cuando la emergencia sea superada. La ruptura de ese consenso hegemónico se despliega en dos cauces distintos con miradas antagónicas. Una de ellas requiere de una fuerte participación del Estado porque la autorregulación mercantil del proceso económico es impotente para resolver situaciones de la gravedad presente y reclama el ejercicio del poder, no sólo para garantizar la continuidad del funcionamiento de la sociedad, sino también para sostener el orden, las relaciones sociales existentes y evitar el deterioro de los grandes conglomerados empresarios que concentran el poder económico, conservando a la vez la lógica del patrón productivo vigente.

Como en las guerras, en las pestes el Estado es un actor de emergencia principalísimo, reivindicado por el liberalismo conservador. La otra perspectiva reacciona ante la desnudez de la impotencia de esa autorregulación, porque se le agrega la injusticia social que construye cuando funciona con potencia y la desigualdad creciente que provoca en esos momentos de normalidad. Además impugna el consumismo depredador que despliega al incentivar la producción por el motor de la ganancia empresaria, reemplazando a la decisión ciudadana autónoma y autogobernada que debe ser la que defina un modo de vida. El primero de los cauces promueve la intervención pública como emergencia para la restauración posterior del reino mercantil, el segundo promueve la crítica de la sociedad de mercado individualista, para reemplazarla por un humanismo solidario que sostenga y profundice el papel del Estado en el proceso económico.

La naturalización de la sociedad de mercado que hacen los liberales y su variante neo, resulta posible por la omisión de la Historia en su dogma económico. Recurrir a esa Historia permite develar tanto la inconsecuencia de la ortodoxia en repeler el intervencionismo estatal como la periódica reivindicación de este como “excepcionalidad”. Karl Polanyi conceptualiza en La gran transformación que “el liberalismo económico es el principio organizador de una sociedad donde la industria se basa en la institución de un mercado autorregulado. Es cierto que, una vez establecido, tal sistema se requiere menos intervención. Pero esto dista mucho de significar que el sistema de mercado y la intervención sean mutuamente excluyentes. Mientras no se establezca ese sistema, los liberales económicos deberán pedir la intervención del Estado a fin de establecerlo, y a fin de mantenerlo una vez establecido, y lo harán sin vacilar”. Sigue Polanyi: “El liberal económico puede… apelar incluso a las fuerzas violentas de la guerra civil para establecer las condiciones necesarias para un mercado autorregulado. En los Estados Unidos, el sur apeló los argumentos del laissez- faire para justificar la esclavitud; el norte apeló a la intervención de las armas para establecer un mercado libre de la mano de obra”.

Con la mismas lógicas ocurrieron las restauraciones neoliberales en América Latina durante la década del ’70 del siglo pasado, como en la Argentina con la dictadura terrorista de Estado, y sus símiles del Plan Cóndor en todo el Cono Sur, todas ellas recurrieron a intervenciones estatales que desmontaron las instituciones creadas previamente por gobiernos populares o desarrollistas, para allanar el campo para el advenimiento de democracias liberales en las que la autorregulación mercantil sea una condición natural e intocable de la vida social del género humano.

Alternativas de política frente a la pandemia

Frente a la pandemia hubo, a nivel global y regional, gobiernos que en un comienzo se resistieron a adoptar medidas de aislamiento social y cuarentenas, que son las únicas potentes que hoy se tienen para evitar un desastre sanitario con un tendal de muertos. Esa resistencia obedecía, y obedece en los que persisten en ella, a la defensa de intereses imperiales o empresariales frente al derecho a la vida de los pueblos. Los argumentos del egoísmo corporativo han explicitado la discriminación etaria contra las generaciones más añosas, promoviendo —en la emergencia— su sacrificio en favor de la continuidad productiva, lo que no es más que la versión de guerra del desmonte de los regímenes previsionales de reparto por la que bregan en tiempos normales. Las consecuencias de la adopción de estas conductas negacionistas de la importancia del Covid-19, fueron trágicas y con responsabilidades políticas dolosas. Ese negacionismo traerá no sólo muertes evitables y dramas sociales; también desorganizará las economías que pretende sostener. Sin embargo, otros regímenes del mismo carácter, y la propia reconversión de los negacionistas, acuden a la intervención estatal con la premisa de la excepcionalidad que fue la forma regular de la olvidada acción fundacional de la autorregulación económica.

En el caso del gobierno argentino, su posicionamiento ha adherido al segundo de los cauces planteados. Las posiciones esbozadas por el Presidente Alberto Fernández han constituido un llamado a la reflexión sobre la necesidad de privilegiar la salud como un derecho social fundamental, que no permitía ser subordinado a ninguna opción de sostenimiento de actividades económicas no ligadas a los consumos esenciales para proveer al derecho a la vida. “La salud y la vida no ceden frente a ningún otro interés”,  es el principio con el cual se constituyó un enfoque de la emergencia que tuvo una efectividad notable en el manejo del control del virus. Fernández amplió esa visión y la extendió a una mirada sobre el futuro, frente al cual avizoró que el mundo ya no será el mismo después de atravesar esta amenaza a la salud colectiva, y que la solidaridad y la vida en sociedad y en comunidad debían superar el individualismo característico de la sociedad neoliberal. La sustancia de este rumbo tiene un no lejano antecedente en la definición “la Patria es el Otro” que proclamara Cristina Fernández hace poco menos de tres años en el estadio del club Arsenal de Sarandí.

Desde esta perspectiva se tomaron un conjunto de medidas que avanzaron en la modificación de la política económica neoliberal que había instrumentado el gobierno que entregó el poder hace cuatro meses al Frente de Todos. Sostenidas en el principio de que ningún ajuste antipopular constituye una herramienta de política que la nueva agenda de gobierno pueda contener, durante la pandemia el gobierno decidió medidas de aislamiento social y cuarentena que implicaron un cierre parcial de la actividad económica. Los costos económicos y las dificultades financieras provocadas por esa decisión política contaron con aportes fiscales y políticas crediticias para atenderlas, como los subsidios a los monotributistas y los trabajadores de la economía informal, el aumento en la entrega de alimentos a los sectores más vulnerables, la suspensión por sesenta días de los despidos a los trabajadores, la implementación del programa REPRO —que implica un subsidio a empresas afectadas por la suspensión de la actividad económica—, el congelamiento de alquileres y desalojos y los créditos para capital de trabajo de las pymes y los destinados al pago de la nómina salarial. Por otra parte, ante la rigidez de demanda de artículos de primera necesidad para prevenir contagios y sobre otros bienes esenciales, se produjeron abusos que afectaron sus precios y abastecimiento, entonces el gobierno decidió intervenir con precios máximos y sanciones por conductas de acaparamiento.

Resulta claro que algunas de las medidas responden a las especificidades del momento. Pero el espíritu de intervención pública en la economía, o sea la reivindicación de un rol fundamental para el Estado, el gobierno argentino no lo asume desde la concepción de “excepcionalidad”, sino desde su lectura de los cambios necesarios en la economía global, regional y nacional. Así lo explicitó el Presidente en su discurso en el foro del G-20.

Ese es el espíritu del no ajuste, un rumbo que tuvo antecedentes en los primeros pasos que diera el gobierno cuando dispuso el incremento de los tributos progresivos, que implicaban la intención de cubrir el financiamiento del fisco afectando a los que más tienen. Ahora, frente al evento del Covid-19, las necesidades fiscales serán mucho mayores. Es la razón por la que el Frente de Todos está elaborando un proyecto de Ley para la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas que provea los recursos para afrontar una parte importante de los requerimientos de la emergencia. El concepto que preside la orientación del gobierno nacional es el de un mundo y una Argentina más cooperativa, donde la igualdad sea reconocida como un valor clave. Entonces, frente a la injusticia de la polarización social que el neoliberalismo dejó en Argentina, el papel del gasto como el de la imposición, no se limitan a garantizar el funcionamiento del Estado y su financiamiento, sino también se les asigna un rol trascendental en la redistribución del ingreso.

Estas políticas han generado una gran resistencia del poder económico y comunicacional argentino. La banca privada, fundamentalmente extranjera, tiene una actitud de pasividad e incumplimiento respecto de las señales, incentivos y disposiciones del Banco Central, comportándose con el criterio del beneficio y sin variar el estilo de conducta respecto a la que tiene en los momentos normales de la vida económica. El grupo empresario más grande e importante del país (Techint) despide y suspende trabajadores. Operadores mediáticos de la prensa escrita y los programas de radio y televisión esmerilan la cuarentena y promueven su liberalización y debilitamiento, con la excusa de proteger la economía de sectores vulnerables, cuando sólo defienden las ganancias del poder concentrado. La resistencia al impuesto extraordinario a las grandes fortunas se sostiene desde la defensa del derecho de propiedad con un carácter absoluto que sólo puede proveer a la construcción de desigualdad.

En realidad, el poder concentrado conoce que la recurrencia a la intervención pública como única opción para la dirección del proceso económico en este tipo de emergencia, debilita la hegemonía cultural que construyeron con su poder mediático y otros aparatos ideológicos del Estado durante décadas. Dan estas batallas porque conocen que la situación que hoy se enfrenta, en un país conducido por un gobierno de carácter nacional, popular y democrático, abre las puertas para que los importantes grados de intervención económica exigidos por la coyuntura sanitaria, establezcan un hito sin retroceso hacia el cambio de paradigma que la vida popular necesita y reclama, coincidiendo con el proyecto del gobierno recién iniciado.

¿Fin de época?

Boltanski y Chiappello en El nuevo espíritu del capitalismo distinguen tres etapas de este sistema: “La primera descripción, llevada a cabo a fines del siglo XIX… coloca en el epicentro al burgués emprendedor, (el) capitán de la industria… (que) concentra los elementos heroicos de la descripción haciendo énfasis en el juego, la especulación, el riesgo y la innovación”. La segunda la remiten a los treinta años posteriores a la gran crisis de 1930, en la que el énfasis lo ubican en la organización y no en el empresario individual. “Este segundo espíritu… tiene como figura al director, que, a diferencia del accionista que busca aumentar su riqueza personal, se encuentra atravesado por la voluntad de hacer crecer sin límites el tamaño de la empresa que tiene a su cargo, de manera que pueda llevarse a cabo una producción en masa que encontraría su razón en las economías de escala, en la estandarización de productos… (a su vez), hace hincapié en la solidaridad institucional, la socialización de la producción, de la distribución y del consumo, así como en la colaboración entre las grandes firmas y el Estado en una perspectiva de justicia social”. Es el espíritu de la época de la poscrisis y la posguerra en la que se constituyó un mundo bipolar con las potencias de Occidente atentas a frenar al “enemigo comunista”. En los tiempos del neoliberalismo se presenta el tercer espíritu, con el propósito de ”sustituir el control de tipo jerárquico por otro de tipo mercantil… (mientras) el contrato sustituye a la jerarquía… Este espíritu del capitalismo comparte con el liberalismo un antiestatalismo a menudo virulento”.

Pero su crítica del Estado difiere de la tradición liberal, pues incorpora de forma oportunista una retórica libertaria, mientras sus objetivos han llevado a cabo una profunda redistribución del ingreso a favor de los detentores del capital, la precarización del empleo, la dualización del trabajo asalariado —uno de mano de obra estable y calificada y otro de trabajadores mal pagos, tercerizados y desprotegidos—, una radical desindicalización y debilitamiento de las organizaciones de trabajadores y el debilitamiento del derecho de trabajo. Además ha dado lugar a la construcción de la categoría de exclusión, sustituyendo la centralidad del debate por la justicia en una sociedad integrada con clases sociales en pugna, por otro con eje en el combate a la miseria, acrecentada por la generación de grandes masas de personas sin vivienda, indocumentadas, migrantes y habitantes de periferias libradas a la marginación y la violencia.

Este tercer espíritu es el capitalismo de la financiarización, detenta una debilidad inusitada para afrontar la pandemia, en relación a la potencialidad tecnológica disponible. Un régimen que perdió legitimidad a partir de la crisis de 2009, pérdida que será intensificada por los costos de la crisis actual, precedida y acentuada por un mundo multipolar en conflicto con el centro imperial. La densidad de la crítica, disconformidad y cuestionamiento a ese espíritu ganará amplitud cuando la catástrofe se retire y deje graves consecuencias de su fatalidad, inmensamente amplificadas por tres décadas de grandes retrocesos de derechos sociales. Se abrirá una etapa de disputas, debates y movilizaciones, en el intento de despliegue de proyectos alternativos de carácter humanista que rechacen el reino de la ganancia y el consumismo.

^{El Cohete a la Luna - 19 de abril de 2020}