El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es un auxilio transitorio. Un pago de $ 10.000 por única vez.

Se habilitó para que se inscribieran:

· Trabajadores no registrados e informales.

· Monotributistas A y B que quedaron sin ingresos por la crisis económica.

· Perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

· Trabajadoras de casas particulares cuyo grupo familiar no tuviera otros ingresos.

La norma, la inscripción y los primeros pagos se concretaron en tiempo record, cuestión de días.

La estimación inicial del gobierno: habría alrededor de 3.700.000 beneficiarios en total. Los perceptores de la AUH son alrededor de 2.200.000. Los informales serían mayoría dentro del millón y medio restante.

Los inscriptos desbordaron arrolladoramente las previsiones. La cantidad de beneficios concedidos también. Trepó a más de 7.800.000 personas. La magnitud de la diferencia sorprendió a funcionarios avezados. Se corroboraron otras referencias asombrosas, referidas a conformación de grupos familiares, a una masa enorme de trabajadores formales no bancarizados.

Desde el vamos se aspiró a que el IFE produjera un mapa sobre el lado oculto del mundo del trabajo: los laburantes informales. Sin la precisión técnica y vastedad de un censo. Concentrado en preguntas direccionadas, prácticas. Que permiten contar con datos certeros sobre lugar de residencia, grupo conviviente, número de celular del sector más desprotegido de la clase trabajadora. Ubicarlo, tenerlo a mano para comunicarle algo.

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Se supuso que accederían al IFE un millón y medio de trabajadores informales o no registrados. Quedaron en condiciones de percibirlo más del triple: 4.800.000 personas. La información recabada no permite conocer cuántos son desocupados y cuantos informales con algún conchabo.

La magnitud del gap alude a la extrema necesidad que azota a sectores populares. Los beneficiarios potenciales son integrantes de grupos familiares sin ingresos.

Corresponde una aclaración esencial. El grupo familiar no es, para esta legislación, solamente el que convive bajo un mismo techo. El IFE admite como sujetos a “grupos familiares unipersonales”. Eso condice con el sentido común si la persona vive sola. La amplitud de la cobertura se expande a otros casos tal vez contra intuitivos.

Se califica como grupo familiar el que componen el peticionante, cónyuge e hijos menores. Incluso los hijos de entre 18 y 25 años que no acreditaran vivir en otro domicilio. Dicho criterio admite que bajo un mismo techo convivan dos grupos familiares, sujetos del derecho al IFE. Pensemos en jefa de hogar, hijes menores y una tía, por decirlo de modo sencillo. La tía, grupo unifamiliar, está habilitada para obtener el IFE.

También les hijes mayores de 25 años que convivan con uno o dos de los progenitores.

La primera inscripción arrojó alrededor de 3,4 millones de grupos unifamiliares. Y 2,5 millones de personas mayores de 25 años que cohabitan con su padre o madre. Esas referencias estaban fuera del radar de relevamientos oficiales anteriores. Los últimos números son aproximados, no divulgados aún. Provienen de fuentes oficiales.

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Otra revelación que azoró a los funcionarios, tomada de la masa total de demandantes, aceptados y rechazados. Una cantidad elevada de trabajadores no bancarizados pese a que estuvieron o están en relación de dependencia. La obligación de bancarizar rige para las patronales desde hace décadas. Impresiona el nivel de incumplimiento. En el corto plazo, que tanto importa, traba la posibilidad de poner en práctica medidas de transferencia de ingresos sí factibles para los perceptores de AUH o jubilaciones.

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Once millones de personas se anotaron en contados días. Una cuarta parte de la población total de la Argentina. La necesidad los impulsó, hacerlo por Internet no los arredró. Medió cooperación de las municipalidades que incluso pusieron trabajadores sociales a ayudar a quienes precisaban una mano. Cooperaron asimismo militantes de movimientos sociales, que conocen a su base.

La información emite una señal cuantitativa. Coyuntural… solo en parte. La conformación de los grupos convivientes, la prolongada desidia o mala fe patronal son signos de una estructura social injusta, desigual, dolorosa

Los funcionarios concernidos cuentan con poco tiempo para diseccionar la información conseguida. Es más acuciante garantizar los pagos. También resolver sobre la admisibilidad de ciertos pedidos que se llenaron de forma imperfecta. Se otorgó un plazo adicional para reparar errores o falencias. Habrá, seguro, nuevos beneficiarios. Se ignora cuantos serían. Como piso 100.000, acaso tripliquen ese número. Mejor esperar que hacer nuevos pronósticos.

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El Gobierno pensaba destinar al IFE 40 mil millones de pesos. Tendrá que pagar el doble. El impacto demora una decisión esencial que un mes atrás se daba por hecho: prorrogar el beneficio un mes más. El cálculo económico induce a la prudencia. Las necesidades van justo en sentido contrario: crear nuevas herramientas para cubrir a más argentinos. Tender a mayor universalización de las transferencias de ingresos.

Los técnicos explican que los programas sociales pueden adolecer de dos disfunciones de sentido contrario. Defecto de inclusión: que los reciban quienes no lo precisan o no tienen derecho. Defecto de exclusión: dejar afuera a quien sí está tutelado por la ley. Este último es más grave. Peor dejar afuera a alguien que pagar de más.

Ese espíritu impera en el oficialismo. Induce a suponer que el IFE se prorrogará y que se concebirán otras medidas para cubrir a sectores medios. Más pronto que tarde, a toda velocidad, como todo lo que se decide en la era de la pandemia.

Página/12 - 20 de abril de 2020