Uno de ellos, es la fragilidad de los sistemas públicos de salud, con las evidentes consecuencias para la población ante su incapacidad para responder a una demanda creciente por prestaciones de urgencia. Otro, es el alto grado informalidad en la economía, con el agravante de que los mayores afectados son los trabajadores, debido a la reducción de las actividades económicas por distanciamiento “social” y prohibición de circulación. Todo ello, sumado a la incapacidad de la dirigencia política para enfrentar la crisis sanitaria – social y económica, que en algunos casos han postulado posiciones negacionistas ante la pandemia.

Durante las últimas semanas, se ha acentuado la preocupación respecto a los efectos que podría tener esta catástrofe en la crisis alimentaria a nivel mundial y, especialmente, en América Latina y el Caribe. Tales inquietudes se han transformado en un llamado enérgico a atender con urgencia el problema del hambre y la pobreza, debido a los retrocesos que esto podría provocar en la región. No sólo las agencias de Naciones Unidas han estado debatiendo al respecto, sino que también se ha iniciado en ciertos organismos regionales, tales como CELAC, CARICOM y SICA.

Es evidente que la superación de la pandemia requiere esfuerzos conjuntos y de la acción coordinada permanente de los Estados. Cabe preguntarse, si estamos hoy en un nuevo momento para replantearnos la integración regional como una salida a la crisis de COVID-19, a la crisis alimentaria y a la crisis económica y social que nos afectan.

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^{Boletín Integración regional N°9 (CLACSO) - julio de 2020}