La deuda externa, la extranjerización y la concentración económica imponen una matriz extractivista y agropecuaria-exportadora que impide desarrollar la industria y sustituir importaciones. El modelo no genera trabajo, desintegra el tejido social y subordina la producción local a la demanda externa. Los cambios macroeconómicos, siempre esperados y nunca concretados – sean en materia de inflación, déficit fiscal, presión tributaria, tasa de interés, tipo de cambio, marco regulatorio e infraestructura, entre otros – no son ajenos a esta realidad. También quedan subordinados.

Como consecuencia de la situación, la Argentina exhibe los problemas estructurales propios de una economía sesgada por la venta de materias primas y alimentos, y con cada vez menos actores con capacidad para insertarse en un mundo con exigencias crecientes. La política económica deviene en garantizar el superávit comercial para financiar, básicamente, los vencimientos de la deuda, situación que implica un permanente estado de negociación para reprogramarlos y alejar el fantasma de un posible cesación de pagos.

La conducción económica queda rehén de las exportaciones primarias. Se las impulsa a como dé lugar para obtener un saldo comercial que reduzca lo más posible el déficit primario y no agravar el endeudamiento. El círculo vicioso implica un brutal ajuste. Se exporta sin tener en cuenta en cómo afecta al consumo interno. Lo prueba la exportación de 37 millones de toneladas de granos de maíz en 2020, que impactó en los precios de la carnes aviar, porcina y hasta bovina. También las ventas de res entera por 1 millón de toneladas, que redundó en una suba del 75 por ciento del precio local de la carne, según admite el Instituto de Promoción de la Venta de Carne Vacuna, que depende de la Bolsa de Comercio de Rosario.

La cuestión merece un examen detallado. ¿Es lógico el inaudito nivel de endeudamiento que registra el país? No lo es. La Argentina consiguió un superávit comercial acumulado de 175 mil millones de dólares entre 2000 y 2021. Menos justificable es todavía si se tienen en cuenta las renegociaciones de 2005 y 2010, conversión de títulos públicos que disminuyó sensiblemente la deuda, además de reescalonar los vencimientos. Se sabe: Macri demolió lo construido. Su gobierno acrecentó la deuda en más de 100 mil millones de dólares. Del total, 86 mil 200 millones se fugaron, según el Banco Central.

Las exportaciones totalizaron 54 mil 884 millones de dólares en 2020. Muy por encima de las importaciones, que alcanzaron los 42 mil 356 millones. Las reservas internacionales, sin embargo, cayeron en 5 mil 780 millones en el mismo período. Paralelamente, la recaudación por Derechos de Exportación fue menor en términos nominales que en 2019: 387 mil 642 millones contra 398 mil 312 millones. La diferencia, del 2,7 por ciento, no puede explicarse solo porque en 2020 se exportaron más productos primarios y manufacturas agropecuarias. Tampoco por el hecho de que las empresas hayan adelantado en 2019 el pago de los derechos por el temor a un fuerte incremento de las alícuotas.

¿Qué explica menor recaudación? La causa hay que buscarla en las exportaciones hechas por empresas que no están inscriptas en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial. El objetivo: evadir controles. Se trata de maniobras que no solo perjudican al fisco. También constituyen una franca competencia desleal para el resto de los operadores.

En los primeros cuatro meses de este año, las exportaciones sumaron 21 mil 550 millones de dólares y las importaciones 17 mil 549 millones. El superávit se redujo a 4 mil millones y las reservas internacionales se acrecentaron en apenas 950 millones por el pago de los intereses de la deuda y las divisas que demandan los importadores, las empresas y las provincias, estas últimas para pagar sus respectivas deudas.

Una mirada más amplia señala que durante 2020 y el primer cuatrimestre de este año se produjo una fuerte caída de las exportaciones industriales y un incremento de las ventas al exterior de productos primarios. Solo el complejo sojero representó el año pasado el 27,1 por ciento del total exportado. Si se suma el conjunto del sector oleaginoso, la participación de la soja y sus derivados representó el 30,5 por ciento del total.

La reprimarización de la matriz exportadora es elocuente. Al balance hay que agregar otros sectores: el cerealero explica el 17,4 por ciento; el bovino el 8 por ciento; el minero metalífero y del litio el 6,8 por ciento; el complejo petrolero-petroquímico el 6,7 por ciento; el frutícola el 4 por ciento; y el pesquero el 3,2 por ciento. La única contribución importante del sector industrial proviene de la industria automotriz, que representa un 7,9 por ciento de las exportaciones totales, básicamente por la fuerte interrelación de las terminales locales con sus pares de Brasil y México.

Fuente: Indec.

Las importaciones constituyen la contracara. La Argentina compra productos industriales con alto valor agregado. En 2020 representaron el 86 por ciento de las compras externas. Unos 36 mil 426 millones de dólares. Muy por encima de los 4 mil 309 millones exportados por el sector automotriz. El desbalance no alcanzó a ser compensado por el complejo textil, que sumó ventas por 325 millones de dólares, ni por el farmacéutico, que exportó por 864 millones. En síntesis: el total de manufacturas de origen industrial exportadas acumuló 13 mil 313 millones. La cifra representa solo el 36,5 por ciento de las importaciones industriales, que en su inmensa mayoría son bienes con alto valor agregado.

Lo sucedido en 2020 se repitió en los primeros cuatro meses de este año. Las adquisiciones medidas en precios se incrementaron un 45 por ciento en la comparación interanual por las compras de bienes intermedios, máquinas, herramientas, piezas y accesorios. Una dinámica notable de cara a una devaluación del 56,5 por ciento y a la caída del PIB. Conclusión: las importaciones se incrementaron sideralmente y redujeron el superávit comercial en una economía que sigue parada, con una altísima tasa de desocupación y una también muy alta capacidad industrial ociosa. La causa: las grandes empresas – como Techint, Ford, Molino Agro, Renova, Refinor, YPF, Pan American Energy y Pampa Energía, por poner algunos ejemplos – prefieren importar máquinas y equipos con sus respectivas piezas y accesorios, además de bienes intermedios, en lugar de producirlos en el país.

La situación se refleja en el creciente déficit comercial que tiene nuestro país con su principales socios. En el caso del comercio bilateral con Brasil fue de 518 millones en el primer cuatrimestre, contra 729 millones durante todo 2020. Con China, el déficit en los primeros cuatro meses ascendió a 2 mil 325 millones, frente a los 3 mil 270 millones que totalizó en 2020. Con Alemania, las importaciones superaron a las exportaciones en 651 millones entre enero y abril, contra un saldo negativo de 1.264 millones en 2020.

Principales socios comerciales. Primer Cuatrimestre 2021. Fuente: Indec.

La suba sideral de los precios de la soja y sus derivados – por encima del 90 por ciento en un año -, pero también del maíz y del trigo entre otros commodities, solo beneficia a las grandes acopiadoras y comercializadoras, al tiempo que impulsa fuertemente el precio de los alimentos en el mercado local, produce vía precios un ajuste en el consumo de los hogares y , al mismo tiempo, aumenta los saldos exportables.
La matriz extractivista – que se refleja además en las exportaciones declaradas de oro, que en el año pasaron fueron de 2 mil 366 millones de dólares – no queda en lo dicho. La presión para que suba el precio interno del barril petróleo y las tarifas del gas y la electricidad también son parte de esa matriz. El objetivo: disminuir el consumo y con ello la necesidad de importar. Todo en el altar de maximizar el superávit comercial para pagar los servicios de la deuda. Una economía rentista que abusa de la ganancia de lo que extrae, genera poco trabajo y de baja calidad, mientras condena a la pobreza y a la exclusión a la mitad de la población.

Ningún país que exporta alimentos y hambrea a su pueblo puede sostenerse en el tiempo. La matriz productiva debe ser reemplazada por otra, que defienda el mercado interno, el trabajo y la producción nacional. Cuando el radicalismo era un partido nacional y popular lo escribió en la llamada Declaración de Avellaneda:

“….La tierra será para los que la trabajen, individual o cooperativamente, es decir, dejará de ser un medio de renta y especulación para transformarse en un instrumento de trabajo y de beneficio nacional, y la producción agraria será defendida de la acción de los monopolios y de los acaparadores, haciendo que su circulación y comercialización estén a cargo de grandes cooperativas de productores y consumidores con el contralor y participación del Estado…”

El texto ponía blanco sobre negro: “…Nacionalización de todas las fuentes de energía natural de los servicios públicos y de los monopolios extranjeros y nacionales que obstaculicen el progreso económico del país, entregando su manejo a la Nación, a las provincias, a las municipalidades o a cooperativas según los casos…”

Si el Estado no adopta medidas decisivas y planificadas, no habrá forma de que el país se sacuda de encima la pesada maraña de la deuda y la permisiva legislación heredada de la dictadura, que se perfeccionó en los ‘90 bajo la tutela técnica del FMI y el poder económico. Para salir de la encerrona se debería auditar a los grandes compradores de divisas de los cuatro años del gobierno de Cambiemos, exigir a los exportadores el inmediato ingreso de las divisas, frenar la constante devaluación de nuestra moneda, aumentar fuertemente los Derechos de Exportación e imponer cupos máximos a las exportaciones agroindustriales para resguardar el mercado local; además de transformar el enorme stock de Leliqs en un factor de financiamiento para las familias, las Pymes y el Estado; como así también restablecer el Artículo 6 de la Ley 20.840 de Abastecimiento de 1974, que básicamente preveía sanciones privativas de libertad y multa.

Si no se adoptan medidas regulatorias y preventivas, el país seguirá expuesto a los llamados “golpes de mercado”, como los ocurridos en 1975, 1980, 1982, 1989, 1995, 2001 y 2018. “Golpes de mercado” que, bien vale destacar, no ocurrieron cuando el Estado nacional fijó las reglas de juego y defendió el trabajo y la producción nacional, como hizo el kirchnerismo.

- Horacio Rovelli es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.

^{socompa - 28 de mayo de 2021}