La aparición de los Pandora Papers tiene eso: masifica el mensaje contra las guaridas fiscales, demoniza a los ricos que se portaron muy mal, bastante mal o un poquito mal, según lo que declararon al fisco y lo que dejaron de declarar, aunque nadie va negar que usar empresas en guaridas fiscales para mover dinero, no importa cómo ni cuándo ni por qué, está, por lo menos, un poquito mal.

Entonces aparecen las listas y aparecen las explicaciones. Y es cierto: no es lo mismo una empresa declarada que una no declarada, ni es lo mismo una empresa que cien empresas vinculadas a través de mecanismos opacos o semidesconocidos, y no es lo mismo una empresa que nunca se activó a una empresa por la que pasó dinero del tráfico de drogas, armas o personas. Pero por suerte no cabe duda de que el sólo hecho de aparecer en las listas de cualquiera de estas megafiltraciones de guaridas fiscales cuanto menos conlleva cierta condena social .

Vale la aclaración: estas mal llamadas empresas offshore no son más que sellos de goma amontonados en una oficina. O sea, se llaman empresas pero no tienen empleados y no producen nada, salvo oportunidades para ocultar, evadir, o engañar a inversores y socios minoritarios en empresas verdaderas vinculadas a estas pantallas alojadas en guaridas de opacidad y casi nula tributación.

Todo bien, entonces, con este hackeo masivo y con este escrache a los multimillonarios por no pagar impuestos. Pero no deja de ser una paradoja que varios de los medios que difunden los Pandora Papers y otras megafiltraciones del Consorcio de Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) aquí y en el mundo tienen sus propias empresas inscriptas en guaridas fiscales. Y que no lo dicen en los artículos que publican, aunque los periodistas del consorcio lo saben. Típica autocensura disfrazada de línea editorial o libertad de empresa.

Entonces viene la pregunta. ¿De dónde sale esta información? Casi siempre, como en este caso, viene de un denunciante anónimo. En cambio, en el caso de otra famosa megafiltración, los Panama Papers del 2016, el filtrador generó una narrativa que el consorcio replicó en forma acrítica. Esa filtración, la de los Panama Papers, provino de un estudio de abogados panameño especializado en crear empresas offshore. Según explicó el propio consorcio, la información salió de un señor que se hacía llamar John Doe (algo así como “Juan Pueblo” en inglés). De la nada, Doe se contactó con dos periodistas alemanes y les dijo que les iba a dar mucha data. Tanta, que tuvieron que adquirir computadoras con más capacidad de almacenaje porque las del diario alemán no alcanzaban.

Pero resulta que Juan Pueblo estaba especialmente interesado en transmitir datos sobre una cuenta de Lázaro Baez supuestamente vinculada a Cristina Kirchner. Fue lo primero que filtró. Y eso que tenía información comprometedora de los círculos intimos de Putin y Xi Jinping. Al final Cristina no estaba vinculada a esa cuenta. Pero el dato le sirvió al dueño del estudio de abogados panameño pinchado para hacerse una idea de quién se escondía bajo la máscara de Juan Pueblo. El dueño del estudio panameño acusó a Paul Singer, CEO de un fondo buitre que llevaba años tratando de cobrarle a Cristina bonos en default del estado argentino a precio nominal, y que llevaba años querellando al estudio panameño para que entregue la cuenta de Baez que supuestamente podría comprometer a la entonces presidenta.

Desde esa vez el consorcio se maneja con fuentes anónimas. ¿Para qué insistir con Juan Pueblo o similares si nadie se lo cree, empezando por los periodistas que trabajan o trabajaron en las filtraciones del consorcio, incluyendo a quien esto escribe? Entonces hay que decir que es muy improbable que semejante volumen de información sobre movimientos en guaridas fiscales de Occidente se difunda sin el conocimiento previo de algún estamento del gobierno de Estados Unidos. Lo cual no está mal. Lo que uno debe evaluar al publicar una información es, primero, si es verídica. Segundo, si es de interés público. Los Pandora Papers cumplen sobradamente con ambos requisitos y para difundirlos el consorcio armó un formidable equipo con algunos de los mejores periodistas de este lado de la cortina de hierro.

Pero no por ello hay que dejar de preguntarse no sólo quién filtró la información sino con qué propósito. Y cuando se remueve la hojarasca de celebridades y políticos, que representan un porcentaje ínfimo del dinero fugado pero un porcentaje enorme de la atención que le dedican los medios difusores de la megafiltración, y dejando de lado a los empresarios, que casi no son nombrados, lo que queda es el daño reputacional para las guaridas desenmascaradas.

Así como los Swissleaks afectaron a Suiza, los Panama Papers a Panamá e Islas Vírgenes Británicas, Los Paradise Papers a las islas del Mar de Norte y demás guaridas del Commonweath Británico, los Luxleaks a Luxemburgo, los Fincen Papers a Hong Kong, no se observa, a nivel mundial, una disminución en la fuga de capitales a guaridas fiscales.

Lo que se observa, sí, es una mayor concentración de las fugas en las guaridas ficales que no aparecen escrachadas en ninguna filtración. Esto es, la tradicionales guaridas en territorio estadounidense, llámese Delaware, Wyoming, Nevada y Florida, en ese orden. Y, oh casualidad, en los Pandora Papers aparece información comprometedora para un incipiente competidor interno de las tradicionales cuevas estadounidenses: el estado de Dakota del Sur.

Por eso, mientras no se sepa quién filtra y con qué propósito, más allá del indudable valor de la información y del excelente trabajo coordinado de los periodistas del consorcio en la curación y divulgación de los datos filtrados, no está de más mirar de reojo al tablero geopolítico y prestarle atención a la competencia entre los oferentes de este servicio esencial para el excepcionalismo financiero del que siguen usufructuando los multimillonarios, tanto los nuestros como los del resto del mundo. 

^{Página/12 - 6 de octubre de 2021}